ATE alerta sobre una privatización encubierta de las fábricas militares

La pérdida de la soberanía, con el pase del armamento nacional a manos extranjeras, y una “privatización encubierta” son algunos de los puntos graves que denuncian trabajadores de Fabricaciones Militares nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que presentaron un extenso informe, criticando el pliego de condiciones que realizó el Gobierno nacional.

El comunicado de ATE nacional expone una “transferencia del control operativo, comercial y productivo” de la industria militar estatal a operadores privados y extranjeros.

Según reveló el portal La política online, que accedió al documento, el texto se basa en el Concurso Público Nacional e Internacional (N° CPU-2026-SC-001) y cuestiona que el mecanismo elegido –la conformación de uniones transitorias con empresas privadas– permita transferir la gestión de las fábricas sin una declaración legislativa de privatización.

De acuerdo a lo denunciado por los trabajadores, tras analizar ese concurso, se cederían la gestión, la producción, la comercialización y la toma de decisiones, mientras el Estado conservaría el dominio de los inmuebles y las plantas, entre ellas la de Villa María, pagando los sueldos.

El pliego establece que el operador privado deberá tener, como mínimo, el 51% de la participación, sin establecer un límite máximo. De esta manera, el privado podría alcanzar porcentajes superiores y el Estado quedaría con la participación restante, prácticamente sin poder de resolución.

Mientras tanto, el Comité Ejecutivo de cada UTE (Unión Transitoria de Empresas) tendrá tres representantes privados y dos del Estado, mientras que la presidencia quedará en manos del operador privado.

La representación legal también será designada por el socio privado, que podrá establecer los presupuestos anuales, la contratación de personal y la compra de equipos.

El representante legal de la UTE sería entonces designado por el privado y no podría ser removido sin causa, salvo mediante una decisión unánime.

Por décadas

Según se analiza también en el pliego, se contemplan contratos de entre 10 y 35 años, lo que permitiría comprometer la estructura productiva de defensa durante varias administraciones y hasta el año 2061 en el caso del plazo máximo. Es decir, en la Fábrica de nuestra ciudad se fabricarán armas para otros estados, no el argentino, durante años, mientras el trabajador percibirá una remuneración estatal.

El contrato establece además que, si se produce una extinción anticipada por razones de defensa nacional, seguridad pública, interés público o conveniencia estratégica, deberá abonarse la inversión no amortizada más un 10% adicional. Es decir, el privado se lleva  todo el dineral, aunque la defensa sea de fuerza mayor.

Además, el concurso habilita la participación de personas jurídicas constituidas en el exterior. En ese sentido, el informe advierte que “un operador privado extranjero podría terminar controlando la producción de municiones, armamento, pólvoras, explosivos y cañones, con mayoría en el órgano de gobierno y participación en la comercialización internacional”.

Una trampa

ATE remarcó que el pliego, si bien reserva al Estado la facultad de redefinir el destino de la producción en caso de conflicto armado o emergencia y establece restricciones para las ventas internacionales, se consideran insuficientes esas salvaguardas, porque la gestión cotidiana, el conocimiento técnico y la cadena de producción quedarían en manos del operador.

El capítulo laboral es otro punto de conflicto. El informe señala que el pliego no contiene garantías de estabilidad laboral, un piso de dotación ni compromisos de mantenimiento de puestos de trabajo, y tampoco contempla participación sindical o consulta a las representaciones gremiales. El proceso se desarrolla mientras Fanazul, la Fábrica Militar de Azul, permanece paralizada. La planta bonaerense es la única instalación de América Latina con capacidad para producir TNT y no registra actividad productiva desde mayo de 2024.