Diferencias entre concejales por el estacionamiento medido

El proyecto presentado por el bloque Uniendo Villa María para derogar la ordenanza de estacionamiento medido y tarifado abrió una nueva discusión política en la ciudad.

En diálogo con laRadio 90.1, el concejal Manuel Sosa cuestionó la falta de información sobre los fondos recaudados y sostuvo que “su implementación terminó siendo desfavorable para el comercio y generó un costo más para quienes trabajan, estudian o hacen trámites en la ciudad”. En ese sentido, planteó la necesidad de derogar la ordenanza y discutir un nuevo esquema que permita recuperar la actividad comercial en el centro.

Por su parte, desde Hacemos Unidos por Villa María, el concejal José Cativelli defendió la herramienta y planteó que continúa siendo necesaria para ordenar el tránsito y financiar servicios e instituciones locales.

“Un objetivo netamente recaudatorio”

Durante la entrevista, Sosa cuestionó especialmente la forma en que fue implementada la política, recordando que el proyecto había contado originalmente con respaldo de distintos espacios políticos y de las cámaras empresariales, pero sostuvo que el Ejecutivo “se olvidó de todos los compromisos asumidos y terminó creando un sistema de manera unilateral”. Además, afirmó haber presentado propuestas para establecer límites al valor del estacionamiento, delimitar la zona e incorporar incentivos para quienes consumen en el centro, sin obtener respuestas.

“Terminó teniendo un objetivo netamente recaudatorio”, mencionó, y puso en duda que exista información pública suficiente sobre cuánto dinero genera mensualmente el estacionamiento y hacia dónde se destinan esos recursos. En la misma línea, calificó al sistema como una “caja negra”.

El transporte urbano

La discusión por el estacionamiento medido también quedó vinculada al funcionamiento del transporte urbano, ya que el concejal de la oposición señaló que, cuando se anunció el sistema, la frecuencia de los colectivos era de aproximadamente 45 minutos y que actualmente, según su testimonio, llega a los 90 minutos. “¿Cómo un vecino va a elegir el transporte urbano para venir al centro si tiene que esperar una hora y media el colectivo? Evidentemente la gestión se olvidó de para qué lo creó”, indicó.

También cuestionó el estado de las unidades y sostuvo que estas condiciones desalientan a los vecinos a utilizar el transporte público. Para Sosa, la discusión sobre el estacionamiento no puede separarse de la necesidad de revisar el modelo de transporte urbano de la ciudad.

Como alternativas, propuso analizar convenios con bancos, clínicas y otras instituciones que concentran trabajadores en el centro para promover formas de movilidad sustentable, como bicicletas y sistemas de uso compartido de vehículos.

También mencionó la posibilidad de implementar incentivos vinculados al consumo: que quienes compren en comercios del centro puedan obtener beneficios o tiempo de estacionamiento.

Cuestionamientos a la derogación

Desde el oficialismo, el concejal  José Cativelli manifestó que su espacio no acompaña el proyecto de derogación porque considera que  “de alguna manera, hay cuestiones que no están bien precisas y otras que  no se ajustan a la verdad”.

En este contexto, explicó que actualmente la administración del estacionamiento corresponde a la Empresa Municipal de Transporte Urbano de Pasajeros Sociedad del Estado (Emtupse), mediante un sistema proporcionado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y que las operaciones cuentan con trazabilidad. Cativelli aclaró además que Emtupse se encuentra en un proceso de transformación y transferencia de competencias hacia el Ente de Movilidad Urbana (Endemur). Sin embargo, remarcó que, mientras ese proceso no concluya, la administración del estacionamiento continúa bajo la órbita de Emtupse.

El destino de los fondos 

Respecto del destino de los recursos, explicó que se utiliza para financiar el transporte urbano de pasajeros,  realizar aportes al cuerpo de Bomberos Voluntarios y a las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad.

Este punto constituye una de las principales diferencias entre ambos concejales, ya que mientras Sosa reclama conocer con precisión cuánto se recauda y cuánto se destina a cada área, Cativelli sostiene que la información existe y que puede ser solicitada a la empresa de transporte.

 ¿El estacionamiento afecta al comercio?

También difieren en la evaluación del impacto sobre la actividad comercial.

Sosa mencionó que el impacto “fue totalmente negativo y mucho más amplio para aquellos comercios que se encuentran en la zona céntrica”. Cativelli, en cambio, cuestionó que el estacionamiento medido sea presentado como uno de los principales problemas del comercio y citó una encuesta de la Asociación Comercial de Villa María en la que, sobre unos 400 consultados, solo el 4,6% habría señalado la eliminación del estacionamiento medido como una propuesta vinculada al impacto sobre el comercio.

 ¿Derogar o reformar?

Más allá de las diferencias, ambos concejales dejaron abierta la posibilidad de revisar el funcionamiento del estacionamiento.

Desde Uniendo Villa María, Sosa plantea que el primer paso debe ser la derogación de la ordenanza para luego discutir un nuevo modelo. Cativelli, en cambio, sostiene que el sistema puede ser evaluado y modificado mediante el diálogo entre el Ejecutivo, el Concejo Deliberante, las cámaras empresariales y los distintos sectores involucrados. El proyecto de derogación presentado por la oposición ya ingresó al Concejo Deliberante y, aunque reconocen tener “bajas expectativas” respecto de su tratamiento, afirman que continuarán impulsando el debate y llevando el tema a la agenda pública. Del lado del oficialismo, Cativelli planteó que la discusión debe orientarse a escuchar a las cámaras empresariales, los distintos espacios políticos y los responsables de ejecutar el sistema para determinar qué aspectos necesitan ser modificados.