Judiciales: de espaldas a los trabajadores, nada

Soy trabajador judicial de la sede de Villa María y escribo a título personal, después de más de cinco meses de conflicto salarial en el Poder Judicial de Córdoba. Lo que vengo a plantear es una escena que muchos trabajadores argentinos pueden reconocer: la de una conducción sindical que, tras meses de paros sostenidos por los trabajadores, termina queriéndonos entregar a un acuerdo que parece una burla. Hoy, gracias al contundente rechazo de la planta, se logró revertir esa tendencia.

Tras un largo proceso de medidas de fuerza, llegó una propuesta que la propia conducción de Federico Corteletti admitió que no restablece la pérdida salarial acumulada. En lo esencial, consiste en adelantar cuotas de un acuerdo ya pactado el año pasado –es decir, cobrar antes lo que ya se nos debía–, con porcentajes de bolsillo que, según la categoría, van del 4,46% al 7,15%. Mientras tanto, el origen del conflicto permanece intacto y la sobrecarga de trabajo se agrava: cada vez menos personal sostiene un poder del Estado con más causas, más plazos y más exigencias, por un salario que rinde cada vez menos. Así, lentamente, el Poder Judicial se empieza a vaciar de trabajadores formados que renuncian y buscan otros horizontes.

Y conviene detenerse en eso, porque no se trata de cualquier trabajo. El servicio de justicia se sostiene día a día gracias a empleadas y empleados que se capacitan de manera permanente, que conocen los expedientes y los procedimientos, que ponen formación, criterio y oficio al servicio de cada causa. Esa preparación y esa dedicación deberían reconocerse y valorizarse –en la carrera y en el recibo de sueldo–, porque son la materia prima de un servicio de calidad. Cuando un salario empuja a ese personal calificado hacia la puerta de salida, no se pierde solo una persona: se pierde experiencia acumulada que ningún reemplazo recupera de un día para el otro, y es el ciudadano que necesita justicia quien termina pagando esa cuenta.

Lo que me interesa señalar es el patrón, no el episodio. Lo vimos con claridad en el conflicto que atravesaron los docentes: bases que ponen el cuerpo durante semanas y conducciones que, llegado el momento decisivo, parecen más cómodas administrando el conflicto que representándolo. No se trata de poner en duda la herramienta sindical, que es indispensable, sino de marcar una distancia preocupante entre quien reclama y quien negocia en su nombre. Cuando una dirigencia mide su éxito por haber cerrado un conflicto, y no por lo que efectivamente conquistó, algo del mandato se perdió en el camino.

No es un detalle menor. Una representación que naturaliza acuerdos de este tipo, a la larga, erosiona la confianza en la propia herramienta colectiva: el trabajador que ve que su esfuerzo no se traduce en resultados deja de movilizarse, y esa desmovilización es, paradójicamente, el mejor activo de quienes quieren sostener un servicio eficaz a costa de salarios indignos.

Dejo planteada, entonces, una pregunta que excede a mi sector: ¿A quién representan las conducciones que reclaman con sus bases, pero negocian a sus espaldas?

Guillermo Manuel Roganti

Empleado del Poder Judicial de Córdoba — Sede Villa María