En la Legislatura
La madre de Agustina Cuzcueta acompaño la reforma para proteger a las víctimas
El proyecto, conocido también como “Ley Joaquín”, toma el nombre de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado en Laboulaye en 2023 por un compañero de colegio que fue declarado no punible
La madre de Agustina Cuzcueta estuvo presente en la Legislatura de Córdoba durante el tratamiento del proyecto que busca modificar el Código Procesal Penal provincial y crear un Régimen de Protección de Víctimas de Delitos, con el objetivo de fortalecer la participación de las víctimas dentro de las causas judiciales.
Cabe recordar que Agustina Cuzcueta es una joven villamariense que años atrás fue brutalmente agredida con un hierro por un grupo de jóvenes mientras circulaba en moto junto a su novio y amigos. Como consecuencia del ataque, sufrió graves traumatismos de cráneo, logró sobrevivir, pero quedó con secuelas neurológicas permanentes. Además, tanto ella como su familia denunciaron amenazas en reiteradas oportunidades.
El proyecto, conocido también como “Ley Joaquín”, toma el nombre de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado en Laboulaye en 2023 por un compañero de colegio que fue declarado no punible. El caso generó una fuerte conmoción social y expuso cuestionamientos sobre la contención estatal y el rol de las víctimas dentro del proceso penal.
Si bien se prevé un amplio acompañamiento opositor, desde algunos sectores (principalmente el Frente Cívico) señalaron cuestionamientos políticos y sostuvieron que la iniciativa “llega tarde”, al recordar que la ley nacional de protección a víctimas fue sancionada hace casi nueve años.
En términos técnicos, la reforma contempla 40 artículos y propone un nuevo paradigma dentro del sistema judicial: fortalecer los derechos y la participación de las víctimas sin afectar las garantías constitucionales del imputado.
Entre otros puntos, el proyecto garantiza el acceso a información clara sobre las causas, la posibilidad de participar en instancias relevantes del proceso judicial, asistencia integral y medidas de protección para evitar situaciones de revictimización. Además, obliga a fiscales y jueces a notificar a las víctimas sobre actos procesales importantes y fija estándares de actuación para operadores judiciales y administrativos.
El texto también mantiene la vigencia de regímenes especiales ya existentes, como los vinculados a violencia de género, violencia familiar y delitos contra la integridad sexual, promoviendo además una articulación coordinada entre organismos estatales para brindar asistencia rápida y profesional.
Video: el momento en que la legisladora Nancy Almada menciona el caso de Agustina Cuzcueta.
