Piden medidas para garantizar la credibilidad en la Justicia

“Cuando pasan estas cosas que ponen en carne viva cuestiones claves para la vida en la sociedad, como es la credibilidad del Poder Judicial, nosotros, como parte activa y no auxiliares de la Justicia, tenemos que asumir nuestro rol de institución intermedia”, dijo Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados. “Somos una entidad intermedia, precisamente, porque tenemos un rol de intermediación entre el Poder Judicial y la ciudadanía”, definió.

 Informó que vienen realizando gestiones ante autoridades judiciales para que definan la situación en Villa María, que tiene a dos de sus tres fiscales acusados por distintos hechos. Se trata de Juliana Companys, fiscal de Segundo Turno, y de René Bosio, de Tercer Turno.

“Villa María merece un Poder Judicial a la altura de la ciudad, que es un faro en un montón de cosas, con representación a nivel provincial y federal”, expresó.

“Hoy nos toca hablar de la buena Justicia, de una que abra las puertas y nos otorgue el derecho a meternos, porque la consecuencia principal de esto es la pérdida de confianza en la Justicia”, puntualizó Demarchi Arballo.

“Inevitablemente, en esta falta de confianza, la abogacía se ve enchastrada y no tiene por qué estar en ese lugar”, agregó.

Entiende que esta falta de credibilidad es “debido a que, si sale una resolución a favor o en contra, en cualquiera de las dos fiscalías cuestionadas, esa resolución no estará entendida por la ciudadanía como el resultado del trabajo del abogado que tramitó esa causa, sino bajo la óptica de algún tipo de suspicacia o sospecha, y eso será mirado en relación con la situación que se encuentra la Fiscalía”, dijo.

“La consecuencia es que pagan justos por pecadores”.

Tras ese análisis, sintetizó el reclamo del Colegio: “En resguardo del Estado de derecho y el buen nombre de la abogacía litigante, necesitamos que se entienda que la continuidad de los fiscales cuestionados, por lo menos hasta que se aclare la situación, va a hacer que la confianza en la Justicia no vuelva. Por eso hay que tomar medidas”.

Tras varias reuniones, consideran que la decisión que tome la Fiscalía General, “sea cual fuere, debe garantizar la seguridad jurídica y la tranquilidad a la ciudadanía”, concluyó.