“Hay 400 mil cordobeses más que se quedan sin obra social”

La ministra de Desarrollo Social de la Provincia, Liliana Montero, acompañó la semana pasada al gobernador Martín Llaryora en la inauguración del Centro de tratamiento integral “San Francisco de Asís”.

Luego destacó el lugar como importante, “no solo por el espacio en una época compleja para la Argentina, donde la gente está atravesada por el consumo problemático, sino también por este modelo que tiene que ver con una acción conjunta entre el Gobierno municipal, el Gobierno de la Provincia de Córdoba y los Hogares de Cristo, que vienen teniendo con nosotros una experiencia de trabajo muy importante en la ciudad de Córdoba, donde intentamos también acompañarlos”.

“La verdad es que es un modelo que ha resultado y que tiene en el abrazo un eje central de trabajo; por lo tanto, es para celebrarlo porque, aún en la adversidad de la complejidad económica que atraviesan las familias, encontrar que las distintas institucionalidades nos juntamos para poder dar respuesta a las familias, a las personas, merece un reconocimiento por parte de toda la ciudadanía”, resaltó, en diálogo con elDiario.

Motosierra profunda

En un contexto de recortes nacionales, Montero había marcado días atrás que el Gobierno nacional cometía un “genocidio sanitario”.

Para profundizar sobre ese título, remarcó: “Vengo manifestando que hay un desentendimiento por parte del Gobierno nacional y lo he graficado con una frase muy fuerte que marca el genocidio sanitario que viene haciendo”.

“Representa el daño que supone el recorte de presupuesto sobre una población determinada. Esa población determinada es la más vulnerable. Y cuando un Estado se representa ese efecto y, no obstante, toma la decisión administrativa de hacer el recorte, eso da como efecto este genocidio en términos de no importarle la vida del otro”, expresó.

“Es un término que parece fuerte y no tiene que ver con este recorte último de estos 63 mil millones de pesos anunciados en el Boletín Oficial, sino con el recorte en PAMI, con el Plan Sumar, con el recorte en los medicamentos, en discapacidad… Hay un plan sostenido desde hace dos años que impacta en la vida de las personas”, agregó.

La caída sensible

Consultada sobre cuál es la parte más sensible que percibe desde la Provincia, Montero dio un dato: “En 2022 teníamos cerca de 1.300.000 de cordobeses sin cobertura social. Y hoy tenemos 1.700.000, es decir, tenemos 400 mil cordobeses más sin cobertura social como efecto de dos cuestiones: primero, la falta de empleo formal, lo que hace que las personas no tengan obra social; y segundo, como efecto que el cuentapropista o el profesional dejó de poder afrontar el pago de una prepaga. Eso se vuelca al sistema público. Entonces, hoy tenemos mayor cantidad de internaciones, mayor cantidad de prestaciones en turnos dados en nuestro sistema, tenemos mayor gasto en medicamentos... Hay un costo mensual, por ejemplo, de 6 mil millones de pesos... Tenemos una deuda acumulada de 25 mil millones de pesos que tiene el Gobierno nacional con la Provincia. Y así le podría decir lo que está pasando con Discapacidad, por el no cumplimiento de la Ley de Emergencia, una ley dos veces sancionada. Debe ser único en la historia”.

“Por eso, el gobernador anunció este refuerzo de 2 mil millones de pesos que se suman a los 130 mil millones que el año pasado ejecutamos en el área de Discapacidad. Es decir, si usted mira, en Educación hay recortes y el gobernador tuvo que anunciar 2 mil millones para las escuelas técnicas. En Discapacidad no se giran los fondos del Incluir Salud y el gobernador anuncia, entonces, un fondo de emergencia para que no cierren las instituciones”, indicó Montero, que finalizó: “El Gobierno de la Provincia hace un esfuerzo como lo hacen también los gobiernos locales, pero también tenemos un límite, porque hace nueve meses que se viene con caída de la coparticipación y caída de la recaudación”.