“Trabajamos una ley de protección de las víctimas”

El proyecto de ley para introducir cambios en el Código Procesal Penal con el fin de hacer efectivos derechos a las víctimas se debate en la Legislatura cordobesa.

“Después de la presentación del proyecto (en febrero de este año) ya tuvimos una primera reunión, y seguramente comenzaremos en breve a escuchar voces de distintos sectores”, dijo Karina Bruno, integrante de la comisión en la que se debate la iniciativa.

“Hace un tiempo que se viene hablando, porque hay una ley nacional de protección a las víctimas, y en Córdoba hubo proyectos para adherir directamente a esa normativa nacional. Sin embargo, creemos que nos quedaríamos cortos solo con la adhesión, porque además de reconocer derechos a las víctimas, necesitamos tener una normativa para que se puedan hacer efectivo a través del Código de Procedimiento, que es provincial”, explicó.

“Si bien nuestro sistema permite a las víctimas ser parte del proceso como querellante o como actor civil –en caso de que requiera una reparación del daño–, en la práctica no todos los casos asumen ese rol y las víctimas pasan a ser testigos en la causa”, dijo.

“Cuando no tienen abogados que los representen, depende muchas veces del funcionario judicial que tenga información de lo que va ocurriendo en el expediente”, agregó.

“Con este proyecto la idea es dejar expreso qué derechos tiene y cómo se deben hacer efectivos”, además de definir el uso de las estructuras judiciales para ese fin o la creación de otras nuevas.

Acceso a saber qué pasa

 “Cuando hablamos de derechos de las víctimas nos referimos al derecho a ser escuchado, a ser informado y a no ser revictimizado”, indicó.

“También, a saber, en el caso de las prisiones preventivas, qué recursos presenta el acusado y qué decisiones toma la Justicia sobre esos pedidos. En el caso de condenados, poder seguir la ejecución de la pena, conocer cuando se dan libertades anticipadas. Porque ha habido casos, especialmente en comunidades chicas, en que una víctima se cruza con su victimario sin haber tenido conocimiento de su liberación”.

“También analizamos cómo hacer para que tengan acompañamiento de un letrado y cómo gestionar ayuda si, por ejemplo, el victimario es vecino y necesita salir de ese círculo”.

“Creo que va a pasar un tiempo para que dimensionemos la importancia de este proyecto”, agregó.

Al finalizar la nota, se refirió a que en muchos sistemas judiciales, quien tiene todo el derecho es el victimario. “En Argentina hemos pasado por muchas circunstancias, desde la nula posibilidad de acceso a una defensa al exceso de garantismo. Creo que nuestra Constitución es clara. No es garantista, pero da el debido derecho de representación y defensa”, concluyó.

Los puntos del proyecto

Derechos establecidos en el proyecto de Ley Joaquín para las víctimas:

•   Trato digno, privacidad y no revictimización.

•   Información clara y comprensible sobre el proceso penal y sus instancias.

•   Acceso a patrocinio jurídico, incluso gratuito y especializado cuando sea necesario.

•   Participación en el proceso, tanto aportando elementos de interés como ejerciendo derechos en audiencias y decisiones clave.

•   Asistencia médica, psicológica, social y jurídica de manera gratuita y continua.

•   Medidas de protección urgentes ante riesgos o situaciones de intimidación.

•   Reparación integral del daño, por vía penal o civil.