Opinión - Carla De Falco, abogada de la familia paterna de Emiliano Messa
“En materia de infancias, el llegar tarde no es una opción”
A través de un escrito enviado a la Redacción, la abogada que representó a la familia paterna de Emiliano Messa (niño asesinado en Villa María), aporta una reflexión sobre el rol de las instituciones que deberían escuchar a niños y niñas
Escribe: CARLA DE FALCO
Los casos de Ángel y Emiliano Messa presentan una coincidencia tan dolorosa como alarmante: en ambos, los niños murieron en contextos de violencia ejercida por sus madres y las parejas de estas, mientras que los progenitores que advertían situaciones de riesgo no fueron debidamente escuchados por las instituciones.
Esta realidad expone con crudeza una falla profunda del sistema de protección de la infancia. No solo se trata de la falta de detección de signos de abuso, sino también de la desatención de denuncias y advertencias concretas realizadas por quienes, en muchos casos, intentaron reiteradamente activar mecanismos de protección.
El sistema judicial, los organismos administrativos y los equipos interdisciplinarios tienen la obligación de evaluar cada planteo con seriedad, urgencia y una verdadera perspectiva de protección integral del niño. Asimismo, cuando los hechos lo ameritan, deben garantizar una respuesta penal acorde a la gravedad de los delitos, con sanciones ejemplares que reflejen el compromiso del Estado frente a estos crímenes.
En este sentido, la Ley Lucio (Ley 27.709) -cuya aplicación efectiva resulta urgente- adquiere una relevancia central. No solo impone la capacitación obligatoria de los agentes estatales, sino que exige un cambio de paradigma: escuchar activamente, intervenir a tiempo y priorizar siempre el interés superior del niño.
Es imprescindible insistir en la importancia de capacitar para prevenir y detectar a tiempo situaciones de violencia contra los más vulnerables.
Ambos casos evidencian la necesidad de revisar los criterios de intervención, evitando miradas sesgadas o prejuicios que puedan llevar a minimizar denuncias o relativizar situaciones de riesgo. La protección de la infancia no admite margen de error.
Asimismo, resulta fundamental fortalecer los canales de denuncia y garantizar que toda advertencia sea debidamente registrada, analizada y seguida por las autoridades competentes. La articulación entre organismos debe ser inmediata y eficaz.
Cuando un progenitor pide ayuda, el Estado debe responder. No hacerlo implica una omisión que puede tener consecuencias irreversibles.
La muerte de estos niños no solo enluta a sus familias, sino que interpela a toda la sociedad. Nos obliga a exigir un sistema que funcione, que escuche y que actúe a tiempo.
Porque en materia de infancia, llegar tarde no es una opción.
