“En el juicio se podrá defender como no pudo hacerlo el bosque”

Nuestro medio publicó recientemente que una Cámara de Acusación de Córdoba confirmó la elevación a juicio -el segundo- contra Raúl Costa, dado que fue denunciado por permitir un loteo denunciado como “ilegal” cuando era secretario de Ambiente de la provincia.

Según los denunciantes, el loteo es ilegal porque está ubicado en una zona calificada por ley como “zona roja”, es decir, un espacio donde no se pueden hacer modificaciones al suelo.

Tras la decisión de la Cámara de Acusación, dialogamos con Juan Smith, abogado de la querella, que representa a los ambientalistas que denunciaron a Costa por el loteo de Candonga.

Lo primero que señaló es que un secretario de Ambiente, quien además es abogado de profesión, debería conocer que “hay dos leyes ambientales vigentes. Una, que define los presupuestos mínimos de protección de bosque nativo; y la otra, que establece un ordenamiento territorial de bosque nativo de la provincia de Córdoba”.

“Y acá le dejo un detalle particular, dado que el propio Costa fue uno de los redactores de esa ley”, agregó el entrevistado en la 90.1, laRadio del Centro del País.

“Como secretario de Ambiente, el funcionario tenía la responsabilidad de hacer cumplir las normas, pero en cambio le otorgó, a través de una Resolución del año 2010, la licencia ambiental a la empresa Ticupil para llevar adelante un emprendimiento en la cuenca media alta de la zona de Candonga, ubicada en el Departamento Colón”, explicó.

El emprendimiento consistía en la construcción de 306 viviendas. “La ubicación es precisamente donde se aglutina el agua que más abajo abastece a tres localidades: Agua de Oro, el Manzano y Cerro Azul”.

 “Costa debe saber que esa autorización iba a modificar el ambiente en un área en la que no se puede producir el cambio de uso de suelo, el que debe conservarse a perpetuidad”, agregó.

Los ambientalistas de Sierras Chicas tuvieron dos caminos para reclamar. Por un lado, en la Justicia Civil, donde después de un rechazo de un juez de primera instancia lograron que una Cámara detuviera la construcción de las viviendas. “Igual, como todo esto se extiende en el tiempo, hay 23 casas construidas que están ejecución de sentencia porque deben cumplir requisitos y procurar el menor daño posible al ambiente”, explicó Smith.

Por el otro lado, acudieron a la Justicia Penal. La denuncia fue transitando distintas instancias, las que fueron siempre favorables a los demandantes. El último paso fue la Cámara de Acusación, que confirmó la elevación a juicio.

“Así que ahora esperamos tener el juicio oral”, señaló el letrado. “En las reuniones bromeamos que, al pasar tanto tiempo -el proceso inició en 20100-, van a tener que ir a buscar a los denunciantes al geriátrico”, señaló.

“Sería importante que todo esto sirva para que los funcionarios cumplan lo más rápido posible estas leyes, para que no se necesiten vecinos y vecinas excepcionales que sostengan el reclamo por años”.

“En definitiva -concluyó Smith-, en el juicio oral se va a poder debatir el tema y Costa podrá ejercer su propia defensa, posibilidad que no tuvo el bosque nativo afectado”.