APDH: “Por una sociedad sin violencias ni explotación”

“En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, levantamos la voz en Argentina y en el mundo entero para señalar que el aumento de la desigualdad no es casual ni inevitable: es el resultado de decisiones políticas, económicas y sociales de  gobiernos de ultraderecha, como el de Javier Milei y los gobernadores cómplices, que siguen recayendo con mayor peso sobre los cuerpos y las vidas de mujeres, niñeces y diversidades.

Hoy enfrentamos un contexto donde se discuten reformas laborales que, lejos de garantizar derechos, amenazan con precarizar la vida laboral: empleadas de casas particulares, trabajadoras de la economía popular, docentes, enfermeras y tantas otras que sostienen la vida cotidiana. No hay justicia social posible si la reforma laboral significa más flexibilización, más informalidad y menos protección para quienes ya están en los márgenes del sistema productivo.

También denunciamos los retrocesos en materia de derechos de las infancias y adolescencias. La discusión sobre la baja de la edad de punibilidad no puede desvincularse de la realidad social: criminalizar la pobreza no resuelve las consecuencias de las desigualdades estructurales.

Niñxs y adolescentes necesitan educación, salud integral, protección frente a las violencias y políticas públicas que garanticen su desarrollo, no castigos anticipados que profundicen la exclusión.

La salud pública, especialmente la salud sexual y reproductiva y no reproductiva, es otro frente de disputa. Defender un sistema de salud accesible, integral y con perspectiva de género es defender la vida. Sin acceso a controles y a educación sexual, las mujeres y diversidades quedan expuestas a mayores niveles de fragilidad social y violencia institucional.

Crece la demanda por salud mental y por gestión estatal que sostengan nuestra existencia. Las crisis económicas no son abstractas: impactan en los vínculos, en las familias, en las infancias y en las personas adultas mayores, profundizando situaciones de vulnerabilidad que luego se pretenden abordar desde la criminalización, el recorte de derechos y la represión cotidiana.

En el Día de la Mujer Trabajadora reafirmamos que trabajadoras somos todas: quienes realizan trabajo asalariado y quienes sostienen cotidianamente la ardua labor de cuidados, muchas veces invisible y no reconocido. Sin políticas públicas que reconozcan y redistribuyan el trabajo de cuidados, las mujeres seguirán siendo el amortiguador silencioso de cada ajuste económico. Las más diversas formas de violencia institucional y revictimización que enfrentan mujeres, niñeces y diversidades en ámbitos judiciales, cuando buscan protección y reparación, nos han demostrado que solo con la organización y la lucha colectiva se conquistan derechos y se los sostiene.

La violencia vicaria, una de las formas más crueles de violencia de género, también exige respuestas urgentes. El uso de hijxs para dañar a las madres revela la persistencia de lógicas patriarcales que consideran a las mujeres como objetos de castigo. El Estado debe reconocer, prevenir y sancionar estas violencias con políticas específicas y con perspectiva de derechos humanos. Estaremos atentas a los intentos del Ministerio de Justicia y sus legisladores libertarios por eliminar del Código Penal el agravante por violencia de género (femicidio), así como castigar con doble sanción las llamadas falsas denuncias cuando se tratare solamente de violencia de género y abuso sexual hacia las infancias.

Tras una vida de trabajo -formal o no, muchas veces ligada a tareas de cuidado no remuneradas- las mujeres y feminidades adultas mayores, hoy, se ven especialmente afectadas por reformas laborales que debilitan derechos y profundizan la precariedad, que impacta también en sus jubilaciones y condiciones de vida. A esto se suma la violencia institucional que enfrentan en los sistemas de salud y de justicia, donde sus necesidades suelen ser desatendidas; sus denuncias, demoradas; y sus derechos, minimizados. Cuando, además, la respuesta del Estado frente a sus reclamos es la represión o la indiferencia, se profundiza una injusticia que golpea con más fuerza a quienes deberían recibir mayor protección. Reconocer y defender los derechos de las mujeres y diversidades adultas mayores es una cuestión de dignidad, memoria y justicia.

Denunciamos, además, la explotación de los cuerpos y de los territorios como parte de un mismo modelo.

Vivimos en una sociedad regida por la lógica de mercado, en donde hasta las personas son bienes negociables. Denunciamos los crecientes casos de desaparición de niñxs y adolescentes con fines de explotación sexual. Esta habitual conducta esclavista tiene el agravante del mercado del sexo virtual, que en los últimos años se ha desarrollado con las mismas características de la trata tradicional, pero con mayor alcance. Se valen de los soportes tecnológicos, pero también de lxs intermediarixs de siempre, que efectúan un control físico durante las muy extensas jornadas de violencia sexual y en donde las más perjudicadas son las adolescentes y jóvenes de sectores pobres.

Las acciones extractivistas que depredan recursos naturales suelen ir acompañadas de mayor desigualdad, precarización y violencia en las comunidades, especialmente hacia mujeres y diversidades. En todo el país, nos oponemos firmemente a la modificación de la Ley de Glaciares, uniendo las luchas contra todas las formas de saqueo y opresión. Defender la tierra, el agua y los bienes comunes es también defender la vida y la autonomía de los pueblos.

Rechazamos la creciente criminalización de la protesta social y de las organizaciones feministas y territoriales. Defender derechos, organizarse y reclamar justicia no puede ser motivo de persecución. Cuando se criminaliza la lucha colectiva se busca disciplinar a quienes cuestionan las injusticias y reclaman por sus derechos.

En este 8M ratificamos que no hay democracia plena sin justicia social ni igualdad de género. Que no hay desarrollo ni libertad real sin derechos laborales, en una sociedad atravesada por las violencias y la estigmatización.

Por ello seguimos reclamando el cese de la persecución contra lxs luchadorxs sociales, y la libertad de lideresas sociales y políticas, también el desprocesamiento de todxs aquellxs perseguidxs por el sistema represivo y de todxs lxs que alzan su voz denunciando el genocidio del pueblo Palestino.

No hay mundo posible con guerras y barbarie. Repudiamos enérgicamente los ataques de Estados Unidos e Israel sobre la población civil de Irán. La muerte de niñas en un lugar destinado a su cuidado y educación constituye una tragedia inaceptable y una grave vulneración de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Ningún conflicto puede justificar que civiles, y mucho menos las infancias, sean víctima de la violencia.

A 50 años del Golpe y su dictadura cívico-militar-clerical y empresarial, con los ideales de lxs 30.000 como bandera, seguiremos organizadas, en las calles, en los territorios y en los espacios de trabajo, porque nuestras luchas no son sectoriales: son por una sociedad más justa, sin explotación, sin violencias y con dignidad para todas, todos y todes”.

Secretaría de Derechos de las Mujeres, Igualdad de Género y Diversidad. APDH.