Villa María impulsó un reclamo conjunto contra algunos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo reformada
Una treintena de colegios de Abogados va hoy a la Justicia
Representantes de la abogacía de casi todo el territorio nacional irán hoy a la Justicia para pedir que declaren inconstitucional dos artículos de la reformada ley sobre trabajo
Impulsados por el Colegio de Abogados de Villa María (CAVM), una treintena de colegios que agrupan a letrados de todo el país presentarán hoy un recurso judicial para frenar la vigencia de dos artículos puntuales de la reforma laboral.
La nueva normativa tiene entre su articulado uno (el Nº 277) que establece que los honorarios de los letrados que representen a un trabajador se pueden pagar hasta en 12 cuotas, “lo que afecta el carácter alimentario” de ese recurso, dijo Itatí Demarchi, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, desde donde surgió la iniciativa de hacer una presentación conjunta.
El otro artículo de la reformada Ley de Contrato de Trabajo es el Nº 20, que refiere a la responsabilidad solidaria del abogado, cuando la Justicia considere que existe una sobreestimación del reclamo.
“Para explicarlo de manera clara, esto significa que, si un abogado representa en un juicio a un trabajador que estuvo realmente 20 años en negro, pero el único testigo que puede corroborarlo fallece, y si además el juez concluye que el empleado no tiene la razón, pueden sancionarnos”, puntualizó Demarchi.
Cabe señalar que ya existe una normativa que prevé las sanciones en los casos en los que un letrado, por malicia, sobreestime una demanda.
“Este punto resulta un ataque al ejercicio de nuestro trabajo y al derecho de propiedad de los honorarios”, agregó.
Para llegar a esta presentación conjunta no solo hubo un intercambio de las clásicas comunicaciones telefónicas con presidentes de colegios de Abogados de todo el país, sino también consultas a juristas y reuniones con docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El recurso se presentará hoy en Buenos Aires ante el Tribunal Contencioso Administrativo Federal y prevé como primer reclamo una medida cautelar para que, mientras se resuelva si esos artículos son o no constitucionales, se suspenda la aplicación de ambos.
Entienden que esos artículos persiguen como objetivo “debilitar económicamente a la abogacía litigante, disciplinarnos y, fundamentalmente, desincentivar los reclamos judiciales”.
También entienden que es grave que apunten contra los abogados laboralistas, dado que los profesionales del Derecho de otras áreas no están obligados, por ejemplo, a cobrar en cuotas los honorarios.
