En enero, más de la mitad de los hogares no logró cubrir la canasta alimentaria

El Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la Provincia de Córdoba  presentó los resultados de su Informe Económico y Social correspondiente a enero de 2026, en un contexto marcado por la controversia en torno a la actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En diálogo con laRadio, el titular de la entidad, Germán Romero (foto), explicó que el equipo técnico del instituto había preparado sus mediciones con la nueva metodología anunciada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO) 2017-2018. Sin embargo, la renuncia del entonces titular del organismo estadístico nacional, Marcos Lavagna, y la decisión del Poder Ejecutivo de postergar su implementación derivaron en la continuidad del esquema anterior, sustentado en la ENGHO 2004-2005.

Frente a este escenario, el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) resolvió publicar los resultados utilizando ambas metodologías, con el objetivo de garantizar transparencia estadística, comparabilidad y rigor técnico.

Diferencias mínimas

Los datos muestran que la inflación de enero fue del 2,53% con la metodología actualizada y del 2,67% con el esquema vigente, una diferencia marginal del 0,14%. Según Romero, esta variación mínima descarta que la postergación del cambio metodológico haya estado vinculada a un salto inflacionario puntual durante el primer mes del año. Por cuarto mes consecutivo, el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” fue el principal impulsor de la suba de precios, con un incremento mensual del 3,3%. Desde el IETSE señalaron que la diferencia entre ambas metodologías radica en la ponderación de los rubros: mientras los alimentos tienen mayor peso en el esquema anterior, los servicios públicos adquieren mayor incidencia en la metodología más reciente.

Canasta básica, pobreza e indigencia

En cuanto a las líneas de pobreza, el informe indica que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en enero $1.717.152 para no ser considerada pobre bajo la metodología ENGHO 2017-2018 y $1.719.496 con el esquema 2004-2005. En tanto, la línea de indigencia alcanzó los $933.870, Las cifras, prácticamente idénticas entre ambos métodos, evidencian el elevado costo de acceso a bienes y servicios esenciales y las dificultades estructurales que enfrentan amplios sectores de la población.

Consumo deprimido y caída del poder adquisitivo

El deterioro del consumo aparece directamente vinculado a la pérdida sostenida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Según datos del Centro de Almaceneros de Córdoba, 2025 cerró con una caída interanual del 21,2% en el volumen de ventas de los comercios de proximidad, mientras que diciembre registró un desplome del 34,3% frente al mismo mes del año anterior. El inicio de 2026 tampoco mostró señales de recuperación: enero presentó una baja interanual cercana al 8,5% en las ventas en volumen.

Romero advirtió que eventuales mejoras estadísticas hacia marzo o abril no deberían interpretarse como una recuperación real, sino como comparaciones contra meses ya muy deprimidos. “No sería crecimiento, sería un empate contra un piso muy bajo”, señaló al describir el escenario actual del consumo.

Más clientes, menos consumo

Uno de los fenómenos que se repite en los comercios barriales es el aumento de la cantidad de clientes junto con una fuerte caída del ticket promedio. Muchas familias dejaron de realizar compras grandes en supermercados y migraron al comercio de proximidad, pero con una lógica de subsistencia: compras diarias, en pequeñas cantidades y centradas en productos básicos.

Deterioro social y seguridad alimentaria

Los indicadores sociales relevados por el IETSE, a partir de una encuesta de 2.500 casos, muestran un panorama crítico en materia de seguridad alimentaria. El 57% de los hogares no logró cubrir satisfactoriamente la Canasta Básica Alimentaria durante enero, y entre quienes sí lo hicieron, más del 70% necesitó asistencia estatal directa o indirecta.

Además, el 51,9% de las familias redujo la cantidad de comidas diarias, siendo la cena la principal ingesta suprimida. En el 11,1% de los hogares, al menos un integrante debió reducir su alimentación a una sola comida diaria o directamente dejar de alimentarse en algún momento del mes.

Romero advirtió que el consumo se orienta cada vez más a alimentos de menor calidad nutricional, con predominio de hidratos de carbono, mientras productos como la carne se vuelven inaccesibles para una parte creciente de la población. “La gente está comiendo lo que puede con lo que tiene en el día a día. La mayor parte se trata de hidratos de carbono, porque son más económicos y generan más sensación de saciedad; productos como papas,  pan, fideos, arroz..., y la carne va desapareciendo”, expresó.

Endeudamiento de los hogares y comercio en crisis

El informe también señala que el 88% de los hogares financió la compra de alimentos mediante tarjetas de crédito o fiado. En este sentido, Romero explicó que el uso del fiado crece a medida que las tarjetas alcanzan su límite, un fenómeno que refleja tanto el endeudamiento de las familias como la fragilidad del comercio de proximidad.

Durante enero, las ventas minoristas de alimentos registraron una caída interanual del 8,2% en volumen. Aunque algunos comercios mantienen la cantidad de clientes, el ticket promedio continúa en descenso, lo que impide una recuperación real de las ventas y presiona sobre la sostenibilidad de los pequeños y medianos comercios.

Perspectivas y advertencias

“Hablar de inflación cero es utópico si el costo lo sigue pagando la sociedad. La inflación bajó durante 2025, pero con un costo social altísimo y una fuerte pérdida del poder adquisitivo. No sirve bajar los números si no se reactiva la economía y no se recompone el ingreso de las familias”, señaló Romero. El informe concluye que el principal desafío pasa por compatibilizar la estabilización macroeconómica con políticas que permitan recomponer ingresos, reactivar el mercado interno y garantizar condiciones mínimas de bienestar, en un escenario donde los costos del ajuste continúan recayendo con mayor fuerza sobre los sectores medios y vulnerables.