“El desfinanciamiento pone en riesgo la producción de conocimiento”

La Universidad Nacional de Villa María (UNVM) se encuentra en un punto de inflexión. La reciente declaración de emergencia presupuestaria y salarial emitida por el Consejo Superior no es solo un trámite administrativo, es, en palabras de Nahum Mirad, secretario general del gremio de Docentes Universitarios y secretario de Acción Social de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), “una herramienta política e institucional para visibilizar la gravedad, demandar medidas urgentes a los gobiernos (nacional y provincial), y legitimar –desde la universidad y desde los sindicatos– la adopción de acciones necesarias para defender la continuidad académica, las condiciones de trabajo y los programas de investigación y extensión”.

 En una entrevista con elDiario, el dirigente detalló el mapa de una crisis que debilita las bases del sistema educativo y científico de la región.

La continuidad académica, en riesgo

Para Mirad, es fundamental entender que esta declaración funciona como un sensor de riesgo para el funcionamiento básico de la casa de altos estudios. Si bien la resolución no implica una suspensión inmediata de las clases, el dirigente fue claro sobre la fragilidad del escenario actual: “La emergencia en sí no reprograma automáticamente el calendario, ya que cualquier modificación depende de los órganos académicos competentes, pero si las restricciones se profundizan por falta de insumos o personal, la universidad puede verse obligada a reprogramar actividades, reducir la oferta horaria o suspender servicios auxiliares”.

En esta línea, explicó que la declaración “advierte un riesgo cierto sobre la continuidad operativa si no hay respuesta inmediata”.

Según el referente gremial, el impacto de la situación presupuestaria en la vida cotidiana de la universidad se notará “en una planificación docente más precaria debido a la disminución de recursos y peores condiciones laborales,  en la reducción de tutorías y prácticas, en una menor capacidad para sostener propuestas curriculares, y restricciones en becas y apoyos”.

“Para el estudiantado se traducirá en menos materias disponibles, demoras en trámites, y limitaciones de acceso a espacios y tecnologías. A mediano plazo, se debilita la calidad formativa y la producción académica”, declaró.

Esta “degradación operativa”, como él la define, también  implica laboratorios con menos recursos, menos apoyo a proyectos de investigación y extensión, demora en servicios, dificultades para sostener programas de formación continua y una postergación sistemática de inversiones necesarias para sostener la excelencia académica.

Una pérdida del 60%

Uno de los puntos más críticos del diagnóstico de Mirad radica en la situación de los trabajadores. El dirigente hizo referencia a una ruptura del modelo de negociación en Argentina. “El derecho laboral en nuestro país es de base negociacional. Condiciones y salarios deben emerger de paritarias que nuestro empleador, el Estado nacional, no convoca”, expresó.

Esta falta de diálogo ha derivado en una caída estrepitosa de los salarios de los docentes. “Con este método de acción unilateral, calculamos la pérdida aproximada del 60% de nuestros salarios desde 2024”, detalló.

“Esa caída impacta la vida cotidiana de los trabajadores y la economía local y debilita los sistemas de protección social que derivan de nuestros ingresos –por ejemplo, las obras sociales– con consecuencias en  la salud y el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores”, explicó.

El rechazo al 12,3% y el futuro del conflicto

Consultado sobre la última propuesta gubernamental de un incremento del 12,3% en tres cuotas fijas, Mirad fue conciso: “Técnica y políticamente, el ofrecimiento es insuficiente y riesgoso. Un porcentaje fraccionado, sin cláusula de revisión ni recomposición por lo perdido, no recupera la caída sostenida del salario real y deja a los trabajadores expuestos a nuevas pérdidas frente a la inflación”.

Por este motivo, el gremio exige “recomposiciones acumulativas, articuladas con cláusulas de seguimiento y mecanismos de actualización periódica”.

Hacia adelante, el escenario parece encaminarse a una profundización del conflicto si no hay respuestas inmediatas.

Mirad adelantó que la respuesta gremial será “integral y contundente”. El plan de acción incluye medidas jurídicas para exigir el cumplimiento normativo, presión política y trabajo legislativo en el Congreso para asegurar la ejecución plena del financiamiento, campañas públicas de visibilización y acciones de fuerza coordinadas con el movimiento obrero y estudiantil.

“La combinación de lo jurídico, lo político y lo gremial –paros, asambleas y movilizaciones– es fundamental para forzar una recomposición salarial y presupuestaria que sea real y sustentable”, concluyó.