La UNVM declaró la emergencia presupuestaria y salarial

En su primera sesión del año, el Consejo Superior de la Universidad Nacional Villa María renovó su reclamo ante la crítica situación que atraviesa el sistema y declaró la emergencia presupuestaria y salarial.

El Consejo Superior aprobó por unanimidad esa emergencia, como así también la exigencia de plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, durante la apertura de las sesiones ordinarias 2026.

El pronunciamiento, impulsado por los consejeros nodocentes Elisa Riviera y Pablo Cuello, advierte la crítica situación que atraviesan las universidades estatales y el sistema científico-tecnológico argentino, y reclama respuestas urgentes del Poder Ejecutivo.

Este documento aprobado y formalizado como Resolución N° 24/2026, señala la insuficiencia de recursos para el normal funcionamiento de la UNVM durante el ciclo lectivo y el impacto directo en programas académicos, de investigación, extensión, bienestar estudiantil e infraestructura.

También alerta sobre el progresivo deterioro de las condiciones laborales y del poder adquisitivo de los salarios de trabajadores universitarios, quienes, desde 2024, dejaron de inyectar $716 millones mensuales en la economía de la ciudad y región.

Al sostener que la educación superior es una responsabilidad indelegable del Estado y un derecho social fundamental, el Consejo exige “financiamiento adecuado, oportuno y estable”.

Desde el cuerpo deliberativo remarcaron que el escenario actual “compromete la continuidad académica, la calidad educativa y la producción de conocimiento, debilitando el ‘carácter estratégico’ del sistema universitario público”.

Entre los puntos centrales, el Consejo Superior declaró el estado de emergencia presupuestaria, salarial y de funcionamiento en el ámbito de la Universidad; exigió la actualización y ejecución plena de las partidas presupuestarias; y reclamó la urgente recomposición salarial de docentes y nodocentes mediante mecanismos que preserven y recuperen el poder adquisitivo.

“Herramienta clave”

También el Consejo demandó la aplicación plena, inmediata y efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario como “herramienta clave para garantizar previsibilidad, sostenibilidad y crecimiento progresivo” de la inversión pública en universidades, ciencia y tecnología.

En línea con los posicionamientos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de organizaciones gremiales y estudiantiles, la UNVM reafirmó, además, la necesidad de “adoptar medidas estructurales que resguarden un sistema universitario de calidad, reconocido a nivel internacional, que promueve oportunidades, movilidad social y desarrollo”.

Reforma laboral

Frente al tratamiento de la Ley de Modernización Laboral, se expresó el rechazo a toda iniciativa que implique precarización o flexibilización, por considerar que vulnera principios de estabilidad, dignidad y justicia social y contradice las bases de la negociación colectiva en las universidades públicas.

Finalmente, el Consejo convocó a toda la comunidad a sostener acciones institucionales, democráticas y colectivas en defensa del derecho a la educación superior pública, gratuita, inclusiva y de calidad.

Reclamo del sistema

Durante la primera sesión ordinaria, consejeras y consejeros de distintos claustros acompañaron una declaración del CIN que solicita la inmediata convocatoria a paritarias para trabajadoras y trabajadores de las universidades nacionales.

El pronunciamiento avalado con voto unánime del cuerpo local surgió ante los intentos del Poder Ejecutivo de modificar la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada por el Congreso el 2 de octubre de 2025, y cuya aplicación permanece suspendida, pese a estar vigente.

El proyecto ingresado para su tratamiento en ambas Cámaras propone sustituir los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 9°, vinculados a partidas, recomposición presupuestaria y salarial. Con la intención de sostener el equilibrio fiscal, profundiza el ajuste y el desfinanciamiento al proponer un mecanismo basado solamente en la evolución de la inflación del año pasado y desconociendo la significativa pérdida del 2024.

“No se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de garantizar las condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de actividades académicas y científicas, estratégicas y vitales para el desarrollo de la Nación”, concluye la declaración que suscribieron rectoras y rectores de casas de altos estudios públicas de todo el país.