“Bajar la edad de imputabilidad no es la solución”

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la reforma del régimen penal juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años. La polémica llegó sobre el final, en el punto del financiamiento del nuevo sistema que pretenden. No quedó establecido el compromiso explícito de aportar a las provincias para costearlo.

Con el apoyo de los bloques aliados, el oficialismo de La Libertad Avanza obtuvo 149 votos afirmativos frente a 100 negativos. El texto del Ejecutivo fue reescrito para conseguir los votos necesarios; no proponía la baja a los 14 sino a los 13 años, y la pena máxima indicaba 20 años y no 15, como terminó siendo.

Mientras en el Congreso de la Nación avanza este proyecto, desde la Sala Penal del Colegio de Abogados de Villa María manifestaron una postura crítica y advirtieron que la reforma “no aporta soluciones reales” al problema de la delincuencia juvenil.

En diálogo con laRadio del Centro del País 90.1, la abogada Florencia Vottero y el abogado Alfonso Martín señalaron que el proyecto se presenta bajo el eslogan “delito de adulto, pena de adulto”, aunque sostuvieron que en los hechos “se trata prácticamente de la misma ley vigente, aplicada a una franja etaria menor”.

Según explicaron, el régimen actual ya prevé medidas socioeducativas para adolescentes, como la escolarización, la práctica de actividades deportivas y el acompañamiento profesional. “Lo que no se está diciendo es dónde van a estar esos menores, con qué recursos y con qué políticas públicas concretas”, planteó Vottero, al advertir sobre la falta de infraestructura, personal especializado y programas de tratamiento de adicciones y salud mental.

Ambos profesionales remarcaron que la Constitución y los tratados internacionales “establecen límites claros en materia de penas a menores, y que el objetivo del sistema penal juvenil no es el castigo, sino la reintegración social”. “Si la ley actual para mayores de 16 años no está funcionando plenamente, ¿qué nos hace pensar que la misma normativa va a funcionar desde los 14?”, cuestionó Martín.

En ese sentido, alertaron que, sin una inversión sostenida en políticas públicas, la reducción de la edad podría derivar en mayor institucionalización sin resultados positivos. “No hay suficientes psicólogos, trabajadores sociales ni espacios adecuados. Sin esos recursos, el riesgo es convertir los centros de detención en escuelas de delincuencia”, afirmaron.

Los abogados también hicieron referencia a estadísticas que indican que el porcentaje de delitos cometidos por menores es bajo en términos generales, aunque reconocieron el fuerte impacto social que generan los casos graves. “Detrás de cada número hay víctimas reales, y necesitan respuestas. Pero la respuesta no puede ser solo bajar la edad, sino abordar las causas estructurales”, señalaron.

Consumo problemático

En el plano local, describieron una problemática marcada por las adicciones tempranas y la deserción escolar. “En Villa María vemos chicos que empiezan con consumos problemáticos a los 11 o 12 años. Muchas familias piden ayuda y no encuentran dónde acudir. El Estado no ofrece dispositivos suficientes”, indicaron.

Finalmente, coincidieron en que el debate debe darse con amplitud y con participación de quienes trabajan a diario en el sistema penal juvenil. “Es una ley que necesita reformas y actualización, pero no creemos que la solución sea simplemente bajar la edad de imputabilidad”, remarcaron.

Experiencias y presión

Sobre casos de otros países donde se bajó la edad de imputabilidad, como es el caso más cercano de Brasil, y donde no habrían funcionado de la manera esperada, los abogados villamarienses esgrimieron: “Porque el que va a delinquir no piensa en la pena. No lo decimos nosotros que somos abogados, se exponen casos de países que aparte los menores tienen otras penas, otros procedimientos y no baja los índices de delincuencia. Se trata de aplicar esto como si fuera un castigo y en realidad constitucionalmente la pena no es un castigo. Tiene un fin, que es que vos te puedas reintegrar en la sociedad y se habla de bajar la imputabilidad, pero no se dice qué políticas públicas se van a aplicar de forma diferente, cómo van a trabajar con esos menores, qué van a hacer para que se puedan reintegrar a la sociedad y no sigamos con lo mismo”.

“Hay leyes que surgen de debates, de la experiencia, de la necesidad social, de sondear y demás. Y hay otras leyes que surgen de la presión social, que por regla general nunca llegan a buen puerto, porque no contemplan un montón de otras cosas. ¿Cómo van a construir los centros? ¿Qué financiamientos van a tener? Porque estamos también con una cuestión de que no hay dinero para nada. Y si no hay dinero para nada, ¿qué van a hacer los menores si no está previsto invertir en ellos?”, sostuvo Vottero.

Martín abonó que “la gran mayoría de los investigadores, especializados en criminología, todos están en el desacuerdo total de la minoría de edad o retrotraer aún más la mayoría de edad para que los menores conozcan el acto criminal”, y coincidió con su par en cómo se construye esta ley en respuesta a un sector de la sociedad, sin la certeza de poder brindar respuestas reales.