Botta y Perret, contra el convenio con Claro

Los concejales Felipe Botta, presidente del Bloque UCR y Caminando Futuro, y Pablo Perret, presidente del Bloque Frente Cívico, presentaron un proyecto de ordenanza que, a la postre, puede tumbar el convenio con la empresa que coloca los postes de Claro.

Los ediles de la oposición piden modificar una ordenanza y consolidar otra que, “durante más de una década, establece el soterramiento de redes y la erradicación del tendido aéreo como principio de ordenamiento urbano, seguridad y embellecimiento”.

En el proyecto indican que “la Ordenanza 8.290, en su art. 1º, establece una cláusula genérica e indeterminada: ‘EXCEPTÚASE... de toda otra norma municipal que se oponga o resulte incompatible...”. Esto es una delegación legislativa en blanco, contraria al principio de legalidad y a la Carta Orgánica Municipal, ya que deroga por vía de excepción un sistema normativo integral sin debate específico, atentando contra normativas vigentes”.

Los ediles consideran que “se crea un doble estándar: a los vecinos y a pequeñas cooperativas se les exige soterrar, a una multinacional se le permite el tendido aéreo masivo, impactando negativamente en la infraestructura y  fisonomía de la ciudad”.

Destacan que el convenio con la empresa AMX?Argentina (que instala Claro) “autoriza el uso de 3 puntos de apoyo (postes) cada 100 metros y el uso de columnas de alumbrado, ménsulas y luminarias municipales para 50.000 hogares iniciales. Esto implica: a) Riesgo de caída, cortocircuitos y afectación del servicio de alumbrado público. b) Contaminación visual degradación de la fisonomía: reinstala el cableado aéreo que Villa María erradicó con enorme esfuerzo y costo. Atenta contra el arbolado urbano, requiere poda indiscriminada y genera un entramado de cables incompatible con la ciudad jardín que promueve el Plan Estratégico. c) Desigualdad en la infraestructura barrial: a su vez, el art. XIII del convenio dice que los fondos se destinarán a ‘mejoramiento de calles de tierra, cordón cuneta, pavimentación, iluminación, desagües’”. “Se financia obra básica municipal con la entrega del espacio público y la privatización de su uso por 2 años, mínimo, con prórroga automática para desmantelamiento. Y un dato no menor, la ausencia total de participación vecinal”, apuntan.

En ese sentido, proyectan “derogar” y “dejar sin efecto” el convenio celebrado con la empresa, “ratificando la obligatoriedad del soterramiento de toda nueva red de telecomunicaciones en el ejido municipal”. También se exige a la empresa el retiro de las instalaciones ya ejecutadas en un plazo de 90 días.

El caso ya había generado polémica en Villa Nueva, aunque con diferentes actores políticos.