La Justicia le pone límites al Ejecutivo

Adiuvim, el gremio que nuclea a los docentes universitarios, entre ellos los de Villa María, valoró ayer el nuevo fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo del juez Martín Cormick, como un pronunciamiento que consolida la Ley de Financiamiento Universitario, pero que, además, tiene un alcance más amplio.

El gremio que conduce Nahum Mirad remarcó que “la sentencia hace lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades y docentes, así como a la acción acumulada de la Universidad de Buenos Aires; declara inconstitucional el Decreto 759/2025 en cuanto condicionó la aplicación de la Ley 27.795 y ordena al Poder Ejecutivo su cumplimiento inmediato, mediante el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias”.

Se recordó que el gobierno de Milei había vetado la Ley 27.795, pero el Congreso insistió en su sanción con las mayorías de dos tercios exigidas por el artículo 83 de la Constitución Nacional. A partir de esa insistencia, sostiene el juez, la ley debía ser promulgada sin restricciones.

La fórmula incorporada por el DNU produjo en los hechos la suspensión de su ejecución y, según la sentencia, funcionó como un “mecanismo extraconstitucional”, equivalente en sus efectos a una nueva instancia de veto que la Constitución no contempla.

“La cuestión, por lo tanto, excede una discusión sobre procedimientos administrativos o disponibilidad presupuestaria: el fallo establece un límite al ejercicio del poder presidencial cuando éste interfiere con una decisión legislativa adoptada conforme al procedimiento constitucional, algo que advertimos desde los gremios”, remarcaron desde Adiuvim.

“También resulta relevante el tratamiento que la sentencia hace del argumento presupuestario. El Ejecutivo sostuvo que la ley no podía ejecutarse hasta que se determinaran las fuentes de financiamiento. Por el contrario, el juez señala que la propia Ley 27.795 contiene en su artículo 9° pautas para su financiamiento y recuerda que una ley posterior puede modificar o desplazar disposiciones anteriores”, señaló el gremio.

“Por ello, una norma previa de carácter presupuestario o de administración financiera no puede adquirir una jerarquía que le permita neutralizar una ley posterior sancionada por el Congreso”, indicó.

Se recordó que durante 2025 el Ejecutivo modificó seis veces el presupuesto prorrogado de 2023 y la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el costo de la Ley 27.795 representaba el 0,23 % del PBI nominal proyectado.

En ese contexto, el juez concluye que el DNU no supera un test mínimo de razonabilidad.

“La Justicia no está definiendo una política universitaria: está exigiendo que el Estado cumpla una decisión adoptada por el Congreso dentro de sus atribuciones constitucionales”, señaló el gremio.

La recomposición salarial de docentes y nodocentes, las becas y el financiamiento necesario para el funcionamiento de las universidades son claves en esta pelea. No obstante, el gremio indicó que seguirá luchando hasta que el gobierno aplique la ley.