Avances en la causa por policías echados tras la reunión en Margut

Una Cámara Contencioso Administrativa de Córdoba capital está analizando el reclamo de los policías cesanteados  tras la reunión convocada por la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina, Córdoba, (UPPAC) en los altos del bar Margut el 28 de junio de 2014.

Los agentes que estaban en actividad fueron despedidos de la fuerza, acusados de violar una ley que recién estaba aprobada en Córdoba y que se dio a llamar “Antimotín”.

“Sin embargo, ninguno de los agentes en actividad estaba de servicio ese día, no acudieron con uniformes ni con el arma reglamentaria. Fue una reunión del ámbito privado”, explicó el abogado Claudio Juárez Centeno, quien los representa legalmente.

Al ser consultado por este medio, el letrado cordobés dijo que hay novedades en la causa. “Ya comenzaron a tomar los testimonios que faltaban”, indicó, en referencia a las declaraciones que están brindando en la causa los policías que eran, por entonces, jefes de la Departamental, y que estuvieron encargados del operativo de detención de los agentes.

Para evitar que se trasladen a la ciudad de Córdoba, la recepción de testimonios se hace en el lugar de residencia de cada uno, así que ya pasaron por Arroyo Cabral, Río Cuarto y resta Villa María en las próximas semanas.

“Participo en esa instancia como abogado de los reclamantes y también están los letrados del Estado”, dijo, para referirse a la presencia en las testimoniales de ambas partes.

Adelantó que, después de esas declaraciones, queda solo esperar la sentencia.

¿Qué piden?

Todos los que participaron de la reunión fueron, primero, llevados a la Comisaría de la calle General Paz; luego, liberados a la medianoche y, finalmente, cesanteados de la Policía.

No importaba que uno de ellos fuera mencionado por un juez como “héroe” porque permitió descubrir a los autores de un crimen –el intento de homicidio de Alejandro “Caño” Roganti–, ni que una mujer estaba con su bebé a la que amamantaba. Todos quedaron afuera.

“Reclamamos la reincorporación a la fuerza, dado que no hay motivos para creer que esa reunión fue un motín”, afirmó Juárez Centeno.

Un caso insólito

Además, hay un caso especial, el de Adrián Mina. “Ese policía fue echado y ni siquiera estuvo cerca del Margut”, explicó el letrado.

“Por ese caso, denuncié al personal policial y al Tribunal de Conducta, indicando que hubo falsedad ideológica, porque afirman que Mina estuvo en el lugar en que probadamente no estuvo ni cerca”, explicó.

“A 12 años de aquello, todavía no lo reincorporaron. En Córdoba, es más rápido equivocarse que enmendar los errores”, puntualizó.

Y hablando de “errores”, en el procedimiento también se llevaron preso a un fotógrafo contratado para la ocasión.

Los hechos

Aquel sábado 28 de junio de 2014, el entonces titular de UPPAC, René Zabala, convocó a una reunión informativa en los altos del Margut. Invitó no solo a los agentes, sino también a las autoridades de la Departamental.

A poco de comenzar la reunión, los jefes fueron a Margut, pero no a reunirse, sino a invitar a los presentes (28 personas en total) a la comisaría. Ninguno llegó esposado ni les habían informado que abrieron una causa contra ellos.

Pero al llegar, todos caminando, a la sede de General Paz y San Juan, les indicaron que estaban detenidos porque pesaba sobre ellos una acusación por “desobediencia y resistencia a la autoridad”.

El operativo fue descomunal: cortaron el tránsito de la calle General Paz y llegaron vehículos del ETER junto a otros recursos para que, en caso de que se dispusiera la detención, pudieran hacer el traslado masivo.

Tal fue el impacto del hecho que el por entonces ministro de Seguridad, Walter Saieg, y el que fue jefe de la Policía de Córdoba, Julio César Suárez, llegaron a Villa María.

El fiscal de turno, el ya jubilado Gustavo Atienza, estuvo reunido por más de dos horas con Saieg y, al final de la tarde, dispuso la libertad de la mayoría. Solo quedaron detenidos tres dirigentes de UPPAC, quienes permanecieron varios meses en la cárcel.

La liberación de los agentes se concretó casi a la medianoche y, si bien estaban felices de recuperar la libertad, debieron entregar el arma. Primero, pasaron a pasiva, y luego, los exoneraron.

Sobre el delito en sí, desobediencia y resistencia a la autoridad, fueron sobreseídos. Sin embargo, jamás pudieron recuperar el trabajo. Eso es, precisamente, lo que reclaman ahora ante la Justicia cordobesa, volver a portar el uniforme que honraron mientras estuvieron en funciones.