Defensores piden revisar las tarifas de servicios por su impacto en los hogares

El Auditor General y Defensor del Pueblo de Villa María, Rafael Sachetto, acompañó el reclamo impulsado por la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) ante el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía de la Nación, para que se revise la política tarifaria de los servicios públicos, especialmente la de energía eléctrica y gas, teniendo en cuenta la capacidad de pago de los hogares.

El pronunciamiento pone el foco en el impacto que tienen las tarifas sobre la economía familiar, en un contexto de dificultades para afrontar los gastos cotidianos, mayor utilización del crédito y un marcado crecimiento de la morosidad en los préstamos personales.

Desde la perspectiva de las Defensorías del Pueblo, la discusión tarifaria no puede limitarse a la estructura de costos o a las metas fiscales. También debe contemplar las posibilidades reales de las familias de sostener el acceso a servicios esenciales sin comprometer sus ingresos ni recurrir al endeudamiento, especialmente en los sectores con menores ingresos.

El documento también cuestiona la falta de previsibilidad en las actualizaciones tarifarias y en la información sobre los subsidios energéticos. Según el planteo, los usuarios necesitan conocer con anticipación cuánto pagarán y distinguir qué parte de las variaciones responde al costo de la energía, al transporte, a la distribución o a los cambios en las bonificaciones.

Los cinco pedidos al Gobierno nacional

A través del pronunciamiento, ADPRA presentó cinco solicitudes concretas a las autoridades nacionales:

• Revisar los precios mayoristas de la energía y los cargos de transporte, con criterios de gradualidad y teniendo en cuenta la capacidad de pago de los hogares, especialmente en las regiones que no cuentan con acceso al gas por redes.
• Publicar anticipadamente los valores tarifarios y las bonificaciones de los subsidios energéticos, junto con las previsiones para el resto de 2026 y para 2027 y los fundamentos técnicos de cada actualización.
• Establecer un formato uniforme de factura eléctrica que detalle el costo de la energía, el transporte, la distribución, las bonificaciones y los tributos, e informe las variaciones de cada componente respecto del período anterior.
• Difundir información desagregada por provincia sobre los subsidios energéticos, incluyendo hogares inscriptos, beneficiarios, exclusiones, motivos de exclusión, bonificaciones aplicadas y recursos transferidos.
• Evaluar la ampliación del consumo base subsidiado en las zonas donde las condiciones climáticas generan una mayor demanda de electricidad.