Un estudio sobre conflictos laborales revela el crecimiento de los despidos

Un estudio del Observatorio Social y Cultural para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Córdoba, con la coordinación de una profesora de la Universidad Nacional de Villa María, detectó 902 conflictos laborales entre enero de 2023 y julio de 2025 en toda la provincia.

El 59% fueron del sector público, al tiempo que se observa un incremento de reclamos por despidos, suspensiones y pagos adeudados.

El 91% no tuvo respuestas de la patronal.

El trabajo fue realizado por un equipo multidisciplinario de la UNC y marca que, en 2023, fueron 297 conflictos. Esa cifra subió a 419 en 2024. Con datos hasta julio, en 2025 se registraron 186, pero con una tendencia en alza.

Según informó la casa de altos estudios de la capital provincial, el trabajo busca sostenerse en el tiempo y consolidar un monitoreo sistemático para establecer un observatorio de conflicto laboral en la provincia.

“El análisis del conflicto, especialmente del conflicto de clases, permite indagar en la estructura, en la subjetividad, en la institucionalidad y en otras dimensiones de lo social. El conflicto social lo entendemos como disputa de grupos sociales por los recursos sociales y su distribución”, afirman los autores del trabajo.

Desigualdad social

El proyecto general se llama “Trabajo e ingresos en la configuración actual de la desigualdad social cordobesa” y fue financiado por el Observatorio Social y Cultural para el Desarrollo Sostenible, que depende de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (Secyt-UNC).

Fue dirigido por Silvia Morón, de las facultades de Filosofía y Humanidades y de Ciencias Sociales. No obstante, el capítulo “Conflictividad laboral en Córdoba” fue coordinado por Susana Roitman, docente de la UNC y de la UNVM.

Precisamente, en la casa de altos estudios de nuestra ciudad, Roitman también apuntó a los conflictos laborales en la provincia, durante un estudio publicado en 2017.

Principales datos

Los principales datos que arroja el informe actual muestran que el sector público concentró el 59% de las problemáticas (532 conflictos). Le siguen los sectores mixtos (17%), que lo integran empresas de carácter público-privado (prensa, transporte, bancos, aeronáuticas) y el sector privado, que reportó el 10,8% de las protestas.

“Se advierte el destacado rol del Estado en sus distintos niveles y jurisdicciones situado como iniciador de los conflictos contra las/los trabajadores”, dice el trabajo.

Dentro del sector público, la mitad de los conflictos correspondieron al sector educativo, ya sean protestas municipales, provinciales o de las universidades nacionales.

Las paritarias del sector público fueron (y siguen siendo) el meollo de las acciones conflictivas, con el 60%. Suelen darse en los primeros meses del año y habitualmente vuelven para septiembre y octubre.

En este punto, el reporte puntualiza: “Los sectores de salud y educación, altamente feminizados, suelen ser los más combativos, aunque su dinámica es diferente. En salud la representación del SEP, única reconocida por el Gobierno provincial, es muy cuestionada por las bases que han buscado formas alternativas como gremios sin reconocimiento de ámbito por la negociación o autoconvocatoria. Educación se recuesta en un solo gremio reconocido, Uepc, pero con importantes disputas internas”.

Demandas y respuestas

Según destacó el portal UNciencia, de la UNC, otro aspecto destacado por el trabajo es que las demandas que se llevaron a cabo por situaciones de crisis, como despidos, suspensiones, pagos adeudados, rebajas, etcétera, representaron el 27% del total de las acciones conflictivas, tanto públicas como privadas.

Estas situaciones tuvieron un incremento interanual significativo: aumentaron del 23% en 2023 al 30% en 2024. Para 2025 ya alcanzó un 24% con los datos hasta julio.

Se resaltan además los conflictos por “lugar de trabajo”, del ámbito privado y ligados a despidos. El equipo de especialistas señala: “Allí se ponen en juego el apoyo o no del sindicato correspondiente y de otros sectores, las políticas laborales del Ejecutivo provincial, la fuerza de la patronal, el ‘poder estratégico’ de la empresa, entre otros factores”.

De allí surge otro dato preocupante: el 91% de las acciones conflictivas no tuvieron respuesta del Estado y solo hubo un 9% de negociaciones de diferentes tipos.

Las “paros” representaron el 27% de las acciones directas, de protesta. A su vez, se registra que el 57% de las medidas de fuerza cuentan con la participación de todos y todas las personas involucradas, mientras que en el 28% solo participaron las conducciones sindicales.

Docente de prestigio

Susana Roitman (foto), la mujer que coordina los monitoreos sobre conflictos laborales, es doctora en Ciencias Sociales y, en la UNVM, es profesora en la Licenciatura de Sociología, además de profesional del Conicet.

Roitman se destaca por varios escritos y libros que dejan registro de históricas peleas laborales en la ciudad y otras partes del país, como la Reforma Universitaria y “La resistencia de los trabajadores de la Fábrica de Río Tercero y Villa María durante la última dictadura”.