Se profundizan los problemas para las personas con discapacidad

Mientras el Gobierno nacional no quiere cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad y suspende su aplicación, mucha gente, entre ellos varios villamarienses, siguen padeciendo este ajuste brutal que complica sus tratamientos.

En ese contexto, a nivel nacional, prestadores de transporte para personas con discapacidad ya advirtieron que harán un paro nacional ante la demora de pagos, mientras acusan que les deben facturas desde mayo.

Se trata de un dolor de cabeza para mucha gente discapacitada que se tiene que trasladar de un lugar a otro para seguir con sus actividades necesarias.

En Villa María, no obstante, la responsable del área, Sara Chaisi, afirmó que -concretamente- en transporte, el impacto no será grande.

“Acá nos manejamos con el transporte de la Municipalidad, que dispone de dos combis para el traslado. Además, está el transporte de Apross, no solo para personas con discapacidad, sino también para personas crónicas”, afirmó Chaisi.

En ese sentido, apuntó que mientras una de las dos Trafic municipales se encuentra en reparación, se resolvió costear los taxis para que muchas personas que necesitan el traslado no se queden varadas.

Se informó que el municipio tiene dos recorridos para buscar a esas personas con discapacidad. Uno abarca la zona sur de la ciudad (Las Acacias y La Calera, entre otros barrios) y otro va desde Villa Albertina hasta Los Olmos, pasando por Barrancas del Río y Las Playas.

 “Creo que no hay mejor organización en transporte que la de Villa María”, resaltó Chaisi.

También recalcó que “a la mayoría los llevan sus papás”.

“Una trampa”

De todas maneras, Sara, quien es mamá de una joven de 21 años con síndrome de Down, afirmó que este problema nacional del transporte “pone de manifiesto lo que ha pasado con la Ley de Emergencia”.

“Se aprobó y está la trampa para que no se aplique. Y al no aplicarla, hay que judicializar; entonces, cada padre tiene que ir a hacer el reclamo”, afirmó.

En ese sentido, contó que hay prestadoras que dejan de atender, mientras algunos profesionales achican el número de sesiones para que la gente no tenga que afrontar costos onerosos.

“La persona con discapacidad es cautiva. No paga de forma directa las prestaciones. La relación comercial es de la obra social con el prestador. Y esa relación muchas veces se corta porque la obra social sigue pagando con el arancel viejo y la prestadora no le reclama a la obra social, le reclama a los padres como una forma de presionar”, contó.

Además, recordó: “Esta ley se trabajó hace muchos años, se armó en distintas regiones, entre ellas Córdoba, con (el actual diputado) Daniel Arroyo al frente”.

“Es una ley que tiene varias aristas. Y hoy, el tema principal es de dónde salen los fondos... Pero recuerdo que, en ese momento, cuando se trató el proyecto de ley, las obras sociales plantearon que deben cubrir solo las prestaciones médicas;?en ese momento no querían hacer todo lo que fuera transporte y escuela, pedían que eso lo tenían que derivar a los ministerios de cada provincia”, contó.

“Entonces, cuando traten de buscar fondos, como le pidió el Gobierno al Congreso, van a entrar en ese juego”, añadió.

En ese sentido, Chaisi no fue optimista y sostuvo: “Recién estamos al comienzo de todos los problemas... En la búsqueda de partidas va a pasar eso”.

Además, remarcó que “con la intervención de la ANDIS no hay definiciones”.

Pensiones

Por otra parte, la funcionaria municipal destacó el trabajo que hizo María Luz Felipe, de Defensoría de Nación, ante las  suspensiones de pensiones que hizo el Gobierno.

“Ella atendió diez casos y logró que se restituyeran con la antigüedad que les correspondía”, resaltó Chaisi.

“A la mayoría de la gente no les había llegado nunca la notificación a su casa y no se enteraron. Entonces, cuando fueron a cobrar, no tenían el dinero”, comentó.

Es por ello que se habló con Felipe para llevar adelante diferentes recursos de amparo.

“Desde el municipio quedamos entonces en que cada caso de suspensión que llegara a los CAPS nos avisaran, para orientar y gestionar ante María Luz”, comentó.

“Nos organizamos muy bien en tratar de acompañar a la gente porque vimos escenas de desesperación”, relató.

“Hay mucha gente que necesita ese dinero, hay mucha gente muy humilde”, contó, para luego agregar que “el municipio brindó asistencia con bolsones, vales de carne, aunque sabemos que no es lo mismo”.

Módulos costosos

Chaisi contó que, mientras el Gobierno dilata la aplicación de la ley, “hay costos muy altos que afrontan las familias”.

“Los módulos son muy costosos, no estamos hablando de poca plata... Una maestra integradora está arriba de 300 mil pesos, por ejemplo”, reveló.

“Los módulos de residencia para adultos mayores están arriba de los 900 mil pesos”, añadió.

En ese contexto, Chaisi reflexionó: “Hace 21 años que estoy en esto y sé que nunca se nos hizo fácil. Pero lo que se ve ahora es un abandono por parte del Estado nacional”.

“Lamentable es que hay gente que cree que nunca le puede llegar a tocar. Y la discapacidad es genética, pero tenés otros casos, chicos con accidentes de motos que eran brillantes y hoy están del otro lado”, explicó.

“Además, hay poca empatía de la gente en general, cuestionan el pase libre en el peaje, por ejemplo, sin saber que no ven las horas que las familias viajan a Córdoba para llevar a sus hijos al médico, con gastos altísimos”, remarcó.