Defensores del Pueblo de todo el país cuestionaron el modelo nacional excluyente con la discapacidad

La Defensoría del Pueblo de Villa María, como miembro de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), expresó este jueves su "firme acompañamiento y solidaridad" con el reciente pronunciamiento realizado por la misma en relación a la alarmante situación que atraviesan las personas con discapacidad en el país.

"En un contexto donde el respeto por la diversidad y la garantía de los derechos humanos deberían ser prioritarios, se sigue observando la falta de políticas inclusivas y de recursos suficientes para hacer frente a las necesidades de las personas con discapacidad", indicaron desde la Defensoría local, desde la que instaron a los actores gubernamentales y a la sociedad en general a trabajar de manera conjunta "para crear una Argentina verdaderamente inclusiva, donde todas las personas, independientemente de sus condiciones, puedan ejercer sus derechos y vivir con dignidad".
"Es momento de reconocer que la discapacidad no es un obstáculo, sino una condición que debe ser acompañada por políticas públicas inclusivas, accesibles y respetuosas de la diversidad humana. El camino hacia la igualdad comienza con la integración efectiva y el respeto mutuo", marcaron desde la dependencia a cargo de Rafael Sachetto.

La ADPRA manifestó su profunda preocupación por una serie de medidas del Estado Nacional que considera regresivas en materia de derechos para personas con discapacidad. El principal cuestionamiento recae sobre el Decreto 843/24, que retoma un modelo médico-rehabilitador desactualizado y excluyente, al condicionar el acceso a beneficios a la situación familiar y mantener el umbral del 66% para reconocer la incapacidad laboral. Además, critica la eliminación de la compatibilidad entre pensiones y trabajos de baja remuneración, una herramienta clave para sostener una vida independiente.

ADPRA también denunció fallas graves en el proceso de auditorías impulsado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que incluyó el envío de cartas documento con citaciones confusas, sin canales claros para ejercer el derecho a defensa, ni adaptaciones para garantizar la participación efectiva de las personas auditadas. La falta de información precisa, sumada a la inaccesibilidad del sistema del Certificado Médico Digital y a la suspensión de pensiones sin fundamento comprobado, ha generado situaciones de gran angustia, afectando incluso a niñas, niños y adolescentes, cuya doble condición de vulnerabilidad exige un enfoque reforzado.

Ante este panorama, ADPRA instó a la ANDIS y al Estado Nacional a garantizar un trato digno, procesos accesibles, y la derogación del decreto en cuestión. Exige también la restitución de compatibilidades laborales, la reapertura de oficinas territoriales y una atención adecuada en organismos como la Superintendencia de Servicios de Salud. Finalmente, llamó a la comunidad y a todos los actores públicos a sostener un compromiso firme con una mirada inclusiva y con los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.