Quieren regular el trabajo de los limpiavidrios

El concejal Felipe Botta presentó un proyecto de ordenanza “con el objetivo de brindarle una oportunidad real de capacitación y/o inserción laboral a los jóvenes y darle seguridad al conductor frente a algunos hechos de inseguridad y coacción”.

El edil de la UCR indicó en un comunicado de prensa que la iniciativa es acompañada por sus pares del PRO, al tiempo que afirmó que “brega por la competencia leal frente a quienes prestan servicios desde los lavaderos de autos”.

“La propuesta surge como respuesta a los reiterados pedidos de vecinos y vecinas de Villa María, quienes han manifestado situaciones de incomodidad y coacción por el ofrecimiento forzado de estos servicios en intersecciones semaforizadas, plazas, avenidas y bulevares de la ciudad”, explicó el representante del radicalismo.

Dijo, además, que su ordenanza “pretende dar una respuesta al reclamo creciente de una ciudadanía que se ve rehén muchas veces de una práctica informal y sin regular”.

“El proyecto también contempla un aspecto fundamental de inclusión social, ya que instruye al Departamento Ejecutivo Municipal para que implemente acciones para identificar a las personas en situación de vulnerabilidad que realicen estas actividades, promoviendo su inclusión en programas de asistencia social, capacitación laboral y empleo”, manifestó.

“Interferencias...”

Luego, bajo el subtítulo de “Seguridad vial y orden público”, el comunicado enviado desde la oficina del concejal explicó que la propuesta “busca garantizar la seguridad vial y el orden en el espacio público, considerando que estas actividades generan interferencias en la circulación vehicular y exponen a riesgos tanto a peatones como a conductores y a quienes ejercen la actividad”.

A través de la norma propuesta, Botta y sus pares de bancada propusieron que la autoridad de aplicación sea la Secretaría de Derechos Humanos y Territorio, “en coordinación con la Secretaría de Prevención Comunitaria, Seguridad y Convivencia Urbana”.

“El proyecto cuenta con antecedentes legislativos en otras ciudades argentinas que avalan la legalidad y la conveniencia de regular esta problemática, buscando equilibrar la necesidad de orden público con la atención a la situación de vulnerabilidad social”, concluyó.