Fuerte abrazo a la discapacidad

Profesionales y auxiliares que trabajan en distintos abordajes  para personas discapacitadas, caminaron ayer las calles céntricas de la ciudad acompañados por los pacientes y sus familiares, en apoyo al reclamo para que el Congreso de la Nación declare la Emergencia en Discapacidad. Fueron cientos en Villa María y miles en Córdoba capital, donde se sumó hasta el arzobispo Ángel Rossi, que se dirigió a los presentes cuando llegaron al Polo Sanitario (ver página 8).

La expresión se dio en simultáneo en decenas de ciudades argentinas. “Cuando vimos todos los recortes para nuestros discapacitados y sus prestadores, nos dimos cuenta de que era importante encontrar la manera de hacernos escuchar... Trabajamos durante más de cinco meses, escuchando relatos, recopilando información a través de entrevistas, formularios, reuniones, etcétera; y, de esa manera, construimos un panorama de lo que sucede y de las opciones que tenemos para la defensa de nuestras personas, nuestro sistema de apoyos y nuestros trabajos”, explicaron.

Cómo se redactó el proyecto de ley

Señalaron que “así se sumaron los aportes para que se escriba este proyecto de ley, que le pertenece a la sociedad civil, a muchos espacios que se movilizan en la defensa del modelo social, la dignidad en el trabajo y porque este sea inclusivo, a nosotres nos enorgullece mucho ser parte de esto”.

El proyecto de ley elaborado establece en su primer artículo que “se declara la Emergencia Nacional en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027”, con “el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

La iniciativa puntualiza luego que “se entiende por personas con discapacidad a aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Protección y promoción de derechos

A partir de allí, establece “Medidas de Protección y Promoción de Derechos” que debe implementar el Poder Ejecutivo Nacional. Entre ellas, se cuentan:

a) Pensiones no contributivas: asegurar el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones.

b) Fortalecimiento de prestadores: facilitar el acceso a un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias y de seguridad social, condonar intereses, multas y sanciones, y refinanciar planes.

c) Actualización de aranceles: implementar la actualización mensual del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y compensar arancelariamente los montos adeudados.

d) Asegurar recursos para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y sus programas relacionados con atención médica, inclusión, prevención de discapacidades, promoción del modelo social de discapacidad y accesibilidad en municipios.

e) Garantizar el financiamiento adecuado para el cumplimiento efectivo de la Ley 26.816, actualizando la asignación mensual estímulo de acuerdo al Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

f) Establecer mecanismos de diálogo y consultas con las personas con discapacidad a través de las organizaciones que las representan y con los prestadores de servicios.

Hay otras ideas que están volcadas al proyecto de ley que acompañan las personas discapacitadas, sus familiares y los profesionales que acompañan su desempeño y desarrollo en la comunidad. Una de ellas es, precisamente, la declaración de “Interés Público Nacional”, los servicios de los prestadores del sistema instituido por la Ley N° 24.901, por su contribución para garantizar las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El proyecto contempla también la situación desesperante que se vive en el sector a raíz de los centros que han tenido que cerrar sus puertas o los transportistas que no pueden seguir llevando a los pacientes a recibir sus tratamientos debido a actualización de los aranceles, pero, fundamentalmente, a la falta de pago. Según dijeron la psicopedagoga Lorena López y la fonoaudióloga Fernanda Rodríguez, durante una entrevista que concedieron en la mañana de ayer a laRadio del centro del país, hay quienes no reciben los pagos desde diciembre y otros desde enero. Es decir, seis meses de retraso en el pago desde que brindaron las atenciones. Pero, además, como puede verse en el cuadro (“Los aumentos y el IPC”), los aranceles de las prestaciones no se actualizan desde hace tiempo.

Un plazo

 El último artículo del proyecto de ley, el número 19, se refiere al plazo para la reglamentación y establece: “La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los treinta (30) días de su sanción”.

Tal vez esos sean los plazos, los del tratamiento, la sanción y la reglamentación, los que dan las familias, los prestadores y todos los actores de esta triste “película” que estamos viendo los argentinos por estos días, antes de emprender nuevamente el camino de la calle: el de la protesta. En medio están nuestros discapacitados, a quienes, al menos, ayer una buena parte de la sociedad les dio un fuerte abrazo.

Los organizadores de la “movida” nacional de ayer dejaron contactos para quienes deseen sumarse o

realizar consultas:

Celular: 1166181982

Instagram: @asambleainclusion

LOS AUMENTOS Y... EL IPC

Los siguientes son los índices inflacionarios oficiales y los aumentos recibidos por los profesionales que atienden/acompañan discapacitados en los últimos meses (más allá de que en la mayoría de los casos no perciben sus honorarios desde enero):

-Septiembre 2024

Inflación 3,4%, aranceles 1%

-Octubre 2024

Inflación 2,7%, aranceles 1%

-Noviembre 2023

Inflación 2,4%, aranceles 0,8%

-Diciembre 2024

Inflación 2,7%, aranceles 0,5%

-Enero 2025

Inflación 2,2%, aranceles 0%

-Febrero 2025

Inflación 2,4%, aranceles 0%

-Marzo 2025

Inflación 3,7%, aranceles 0%

-Abril 2025

Inflación 2,7%, aranceles 0%