El juez de Faltas, Héctor Paschetto, está acusado por maltrato laboral

Una trabajadora del Juzgado de Faltas de Villa María decidió poner punto final al hostigamiento que recibía de parte de un superior y recurrió a la Justicia.

La causa recayó en la Fiscalía de Segundo Turno, a cargo de Juliana Companys, quien dispuso una serie de pericias para determinar si hubo una conducta de maltrato persistente hacia la empleada.

Para ello, resolvió imputar al acusado, que no es otro que Héctor Paschetto, uno de los jueces de Faltas de la ciudad. En principio, está acusado de “lesiones leves” psicológicas en el contexto del maltrato laboral.

El funcionario deberá presentarse con un abogado y aportar, si así lo desea, un perito de parte para controlar todo el proceso de investigación.

Cabe remarcar que, en este proceso judicial, la imputación significa que hay un grado de sospecha suficiente para iniciar la causa, pero no refiere a la certeza necesaria para definir si es culpable o inocente.

Dejado aclarado ese punto, es importante señalar que la violencia y el maltrato laboral (conocido como moobing, por su expresión en inglés) no significa un grito aislado o un mal día, sino que es “todo comportamiento, acción u omisión persistente y reiterada en el ámbito laboral por parte del empleador, personal jerárquico o de los pares, que manifieste abuso de poder y que atente contra la persona en su integridad, su dignidad, su empleo, o degrade el clima de trabajo en razón de su sexo, apariencia física, religión, política”.

Esa persistencia en el maltrato causa lesiones y por eso es investigado en el ámbito penal. Aunque también tiene su correlato en la Justicia del trabajo, debido a que Argentina adhirió al Convenio 190 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) al que adhirió Argentina y desde febrero de 2021 tiene pleno vigor.

Esto significa que el Estado tiene la obligación de sancionar toda violencia laboral que ocurra tanto en los ámbitos públicos como privados.

Un juez polémico

Héctor Paschetto es un histórico juez de Faltas de la ciudad que fue cuestionado en varias oportunidades. Una de ellas fue cuando un comerciante de esta ciudad le pidió un juicio político dado que había clausurado su local. Era el año 2014. En el Concejo Deliberante, por 11 votos contra uno, rechazaron la medida porque entendieron que actuó con base en las ordenanzas vigentes, clausurando un local que vendía bebidas alcohólicas a menores.

En otras dos oportunidades, vecinos enviaron una foto a elDiario mostrando que el funcionario había estacionado mal. “No fue así”, dijo en ese momento, explicando que la foto cambiaba la perspectiva.