La apertura en la economía que cambia todo el mercado

En marzo, el Poder Ejecutivo nacional implementó una de las reformas más significativas para el sector automotor argentino de los últimos años: la liberación de la importación de autopartes.

La medida, oficializada mediante el Decreto 196 y publicada en el Boletín Oficial, eliminó las restricciones y autorizaciones previas para traer componentes, piezas y repuestos del exterior, tanto para particulares como para empresas.

El objetivo de esta medida fue: “facilitar la competencia y bajar los precios de los componentes”, según expresó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El funcionario justificó la decisión señalando que la protección a la industria automotriz “nos lega peores autos y repuestos y también es responsable de las fatalidades viales”.

El artículo 8 del Decreto estableció que “todos los componentes, piezas, autopartes u otros elementos destinados a los vehículos, acoplados y semiacoplados que se fabriquen o se importen serán de comercialización, producción e importación libre, no requiriendo ningún tipo de autorización previa”. A partir de entonces, los fabricantes e importadores pasaron a ser responsables de que los productos cumplan con las especificaciones técnicas y de seguridad vigentes.

En ese sentido, la medida incluye ahora las autopartes de seguridad, que no se podían traer porque requerían de una aprobación de las autoridades con competencia, tanto en aspectos técnicos como comerciales a través de la emisión del Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS).

Las autopartes de seguridad son todas aquellas que intervienen en el desempeño móvil de los automóviles, como elementos de frenos, suspensión y rodamientos, los cuales debían atravesar un complejo proceso de inspección técnica que incluía someter las piezas a pruebas extremas para medir su resistencia y funcionamiento en esas condiciones.

La normativa también agilizó el proceso para las importaciones en serie: ya no se requiere la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) ni la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) si las piezas cuentan con certificados reconocidos internacionalmente.

Además, se habilitó la opción de certificar la seguridad al importar mediante un Certificado de Seguridad Vehicular, eliminando trámites que antes eran obligatorios incluso para vehículos ya testeados y aprobados en mercados desarrollados.

En debate

La medida generó un fuerte debate en el sector. Por un lado, ensambladores y consumidores celebraron la posibilidad de acceder a repuestos y piezas a precios más competitivos y con mayor variedad. Por otro, surgieron interrogantes sobre el impacto en la industria local, que enfrenta altos costos y una mayor competencia internacional.

Además, hay quienes creen que, si todo el proceso se agiliza, la compra directa vía web, a otro país, implicaría también un golpe a las casas de repuestos, que hoy celebran la medida porque es conveniente.

“Pasa como en la indumentaria. Si comprás una campera por internet, el que se pierde de vender es la pilchería. Eso puede pasar con los repuestos”, opinan algunos.

A la par de esta desregulación, el Gobierno abrió un cupo especial para la importación de vehículos eléctricos, permitiendo el ingreso de hasta 50.000 unidades durante 2025, en un intento por modernizar y diversificar la oferta automotriz en el país, más allá de que va en detrimento de la industria nacional.

Requisitos

?-Mercadería para uso personal, no comercial.

-Únicamente cinco usos por año calendario y por persona.

-Envíos de hasta 50 kilos de peso.

-Operaciones que no superen los USD 3.000 por envío.

-Estarán liberados del derecho de importación y del pago de la tasa estadística aquellos envíos que no superen un valor FOB -free on board- de USD 400.

-Se debe pagar el impuesto al valor agregado e impuestos internos, en caso de que corresponda.

-En caso de superar el límite para el valor de envío, se tendrá que cumplir con el pago de tributos.