Denuncia contra dos tribunos de Cuentas

En dos días, ingresaron al Tribunal de Cuentas una treintena de órdenes de pago por un total de más de 800 millones de pesos. Maximiliano Romero,  integrante de ese organismo de control, explicó que ni siquiera fue avisado de ese ingreso para que él pudiera analizarlas y ejercer así el rol de control para el que lo votó la ciudadanía.

Por esa razón, el tribuno de Uniendo Villa María recurrió a la Justicia, donde el 20 de febrero de este año denunció penalmente a los dos miembros restantes del Tribunal: al presidente José María Sánchez (Hacemos por Villa María) y a la vocal Virginia Margaría (Juntos por el Cambio).

“Antes de hacer la denuncia penal, envié una nota al presidente del Tribunal”, dijo. Allí señaló que el accionar de Sánchez le “impide que lleve adelante el control riguroso y eficiente que merece la ciudad de Villa María”. Pero no tuvo eco y por eso “no me quedó otro camino que ir a la Justicia”.

Dos días

Si bien Romero explicó que esa situación se fue dando desde el principio de la gestión, nunca fue tan evidente como lo que ocurrió con las órdenes que ingresaron entre el 4 y el 5 de febrero de 2025 y salieron aprobadas el mismo 5 de febrero. “Fueron unas 30, todas con el aval de los dos tribunos en tiempo récord, con lo que aprobaron una erogación de más de 800 millones de pesos. Ese dinero salió de las arcas municipales sin tener en cuenta la mirada y las observaciones de los tres tribunos”, dijo.

Para que una orden se apruebe -y en consecuencia, se autorice el gasto, inversión o pago del Poder Ejecutivo-, se requiere la firma de dos de los tres integrantes del cuerpo. “Pero eso no significa que no deban analizarla los tres integrantes del cuerpo”, explicó Romero.

“Además, las aprobaciones que cuestiono las están haciendo con una celeridad récord, que hacen dudar del verdadero ejercicio de control. Hicieron un reglamento interno -al que me opuse-, que reduce de cinco a dos días el tiempo entre que ingresa una orden de pago, pasa por el visado de las secretarías técnicas (contable y legal), son analizadas por los tribunos y se devuelven al área que corresponda”, explicó. “Entiendo que vivimos en tiempos que exigen respuestas, pero esos dos días no permiten materialmente ejercer el control”, reiteró.

La omisión de presentarle los expedientes fue detectada por Romero porque en Mesa de Entradas del Tribunal de Cuentas se registran las órdenes que ingresan y las que egresan con su número, destinatario y monto. No incluye las facturas ni la justificación de esa erogación.

“Eso me permitió ver que no me estaban entregando las órdenes de pago”, manifestó.

“Desde febrero, implementaron un sistema digital a través del CiDi, lo que reduce la posibilidad de que omitan entregarme el material, pero aún ingresan por esa vía pocas órdenes. En ese mes, por ejemplo, unas 30 o 40 entraron por el CiDi y unas 1.500 en papel. Es mínimo el porcentaje de digitalización para que lo podamos analizar todos los tribunos”, planteó.

En la denuncia que presentó en la Justicia villamariense (recayó en la Fiscalía de Tercer Turno a cargo de René Bosio) ofrece un detalle de las órdenes de pago, el horario de ingreso y egreso y los destinatarios.

Será el fiscal quien determine si hay o no responsabilidades funcionales en los tribunos que no comparten el material de trabajo para que los tres puedan, en definitiva, ejercer el trabajo para el que los votaron los vecinos.