El documento final de APDH

Desde el año 2006, cada 24 de marzo se conmemora, en nuestro país, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el objetivo de recordar, reflexionar y concientizar colectivamente sobre las graves consecuencias económicas, sociales, políticas, jurídicas y culturales de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica-empresarial.

Una vez más, como organismos de Derechos Humanos, integrado por varias y diversas agrupaciones y ciudadanos y ciudadanas de Villa María, ratificamos las demandas de un país justo y solidario para todos los y las habitantes del territorio argentino.

Condenamos el negacionismo y los discursos de odio y revalidamos la necesidad, el derecho y la obligación de hacer memoria activa para profundizar la búsqueda de Verdad y Justicia, respecto a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

En la madrugada del 24 de marzo de 1976, la Junta Militar integrada por Videla, Massera y Agosti dio inicio a una de las etapas más oscuras de la historia argentina.

Fue un ataque del capital contra el mundo del trabajo, siendo las grandes empresas las más beneficiadas. Su consolidación definitiva se concreta cuando accedieron al crédito externo, endeudando a nuestro país, lo cual aumentaba la dependencia hacia los organismos y bancos internacionales y se abrió el mercado nacional al ingreso de manufacturas importadas, lo que dejó fuera de competencia a la mayoría de las pymes. Así, se volvió a la producción de materias primas.

Durante los siguientes años, el país vivió bajo una dictadura y miles de personas fueron detenidas, torturadas, secuestradas  y desaparecidas. La represión se extendió a todos los sectores de la sociedad, incluyendo sindicalistas, estudiantes, periodistas, intelectuales, militantes, trabajadores,  entre otros ciudadanos y ciudadanas. El espeluznante saldo fueron 30 mil compañeras y compañeros desaparecidos, mujeres, hombres y niños asesinados, ex-presos políticos, bebés apropiados al nacer, la economía y la cultura dañada y el tejido social roto.

Durante la dictadura genocida se destruyó la República y hoy la LLA hace un uso arbitrario de los poderes que otorga el Sistema Republicano, gobernando por decretos, amenazando a la oposición, comprando voluntades y designando a su antojo funcionarios y jueces para proteger su accionar. Esto le valió pedidos de juicio político, denuncias en tribunales nacionales e internacionales

El Gobierno de Javier Milei tiene los mismos objetivos económicos y utiliza las mismas herramientas, entre ellas: la liberalización económica, el endeudamiento externo (siendo su última aberración la aprobación, en la Cámara de Diputados, del DNU que acuerda con el FMI un nuevo crédito, que contó con el aval de muchos legisladores cordobeses). La timba financiera, privatizaciones, reforma del sistema jubilatorio, cuya intención es privatizarlo para rapiñar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y los activos financieros de la ANSES, la corrupción y estafas como la criptomoneda LIBRA, junto a la desaparición de las pymes.

Todo acarrea una inflación encubierta y a un brutal aumento de los costos de bienes y servicios básicos, que engulle los ingresos de la mayoría de los argentinos, con el acrecentamiento sin precedente de la pobreza y la indigencia. La desregulación económica encarece la vida cotidiana de los sectores populares, obstaculizando el acceso a una vivienda digna, a una alimentación saludable, suficiente y segura y a un transporte accesible.

Con los mismos objetivos de la dictadura, la guadaña libertaria pretende completar lo que no pudo hacer el Estado genocida del 76 al 83, por eso plantea una ofensiva sin precedentes contra las políticas de derechos humanos posdictadura, mientras que el lobby militar presiona para reescribir la memoria colectiva. Aplica estrategias fascistas, como el negacionismo, los discursos de odio, la revitalización de la teoría de los dos demonios, la persecución a militantes, despidos masivos en el Estado nacional y la represión a colectivos y ciudadanos y ciudadanas, que reclaman por los derechos de los sectores más vulnerables. Se ponen en peligro cuatro décadas de lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Agresiones

Como parte de la ofensiva ultraderechista, se agrede a las mujeres, los feminismos, la comunidad LGBTIQ+, las personas con discapacidad, a los y las trabajadores/as, jubilados y jubiladas, estudiantes, artistas. Todes somos sometides a un trato cruel, inhumano y humillante. Una muestra de ello es la irracional y feroz represión a la manifestación en apoyo a la clase jubilada argentina, ocurrida el 12 de marzo.

En el marco de la instalación de la lógica “amigx-enemigx” y la proliferación de soflamas estigmatizadoras y excluyentes, que desde lo más alto del poder buscan sembrar la intolerancia social e incentivar la violencia política, combustible para el individualismo, derrotarnos mientras estamos divididos. Podemos citar: la imposición del nombre “Coronel Argentino del Valle Larrabure” a la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos y el cambio de denominación al aeropuerto de nuestra ciudad. Ambos hechos son una forma de intentar invisibilizar a los sectores populares, que luchan en pos de la felicidad del pueblo argentino.

Destrucción del Estado

Con el slogan “no hay plata”, Milei ha ido destruyendo el Estado, suspendiendo la mayor parte de las obras públicas, palpándose las consecuencias en las catástrofes naturales sufridas en Bahía Blanca y en Tartagal y desastres ambientales ocurridos en Córdoba y la Patagonia. También fue desmantelando todas las políticas públicas y organismos que protegían a los más vulnerables y otras que generaban empleos genuinos. Especialmente, se siente el abandono a los comedores y merenderos, a los enfermos oncológicos, a la salud de los jubilados, la eliminación de la moratoria  previsional,  los despidos, el desfinanciamiento a la cultura y a las universidades. Para disciplinarnos, Milei y sus aliados arrasaron con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, el INAI y el INADI.  Ni bien asumió, derribó todas las políticas y organismos cuyo objetivo es combatir la trata de personas. Somos empujados a vivir en una sociedad distópica, indeseable, regida por  la lógica de mercado -en donde hasta las personas son bienes transables- como el resonante caso de un niño desaparecido a unos pocos kilómetros de aquí.

Estamos frente al gran ecocidio, con la desfinanciación a Parques Nacionales y la destrucción del paisaje y de los bosques nativos. Todo está permitido, especialmente por los beneficios otorgados a las empresas adheridas al RIGI, que no respetan los derechos humanos y tampoco protegen el ambiente y nuestros recursos naturales, por 30 (treinta) años nuestro futuro estará hipotecado.

Es casi imposible realizar una lista completa del desvarío que vivimos, pues todos los días amanecemos con noticias sobre estas políticas de crueldad cada vez más duras. Pero todxs sabemos que el derroche bestial de la violencia legítima del Estado,  debilita día a día al Gobierno, porque lo transforma en ilegítimo y fuera de la ley.

De la misma manera, a nivel provincial, se aumentan los impuestos, se construyen obras de dudosa utilidad y se permiten negocios inmobiliarios y sojeros que habilitan alteraciones graves al ecosistema. Los trabajadores del Estado provincial, también, hemos sido duramente castigados con: salarios de hambre, precarización, descuentos extorsivos en el Apross y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. A esto se suman los intentos de privatización de empresas provinciales como EPEC. Estas calamidades se extienden  a escala municipal por el excesivo aumento de los impuestos y servicios, entre ellas el agua; los despidos de trabajadores y trabajadoras, la precarización laboral y los bajos salarios; también ha mermado la asistencia económica a comedores comunitarios y hay 100 personas en situación de calle.

El panorama empeora con los despidos del sector privado.

Este 24 de marzo, el encuentro es aún más significativo. Contra las arengas negacionistas y la apología a la dictadura y sus delitos, demostremos que este pueblo tiene memoria y lleva como bandera las vidas arrebatadas a los compañeros y compañeras, por la dictadura cívico-militar-eclesiástica-empresarial del 76.

Hace 49 años gritamos NUNCA MÁS y renovamos nuestro compromiso en esta batalla cultural.

Estuvimos desde antes del golpe, contra las leyes de obediencia debida y punto final, contra los indultos y contra las restauraciones conservadoras.

Hoy estamos de pie y exigimos justicia y les repetimos que no olvidamos ni nos reconciliamos.

Treinta mil compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre.