Cuál es el rol de la Justicia

A 49 años del sangriento golpe de Estado perpetrado por la Junta Militar en 1976, y como cada año desde el retorno de la democracia, todos los 24 de marzo nos encontramos en la nececidad de volver a reflexionar sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que quedó abierto con la aparición del Nunca Más y el juicio a las Juntas.

Hoy, en 2025, ¿dónde estamos parados a este respecto?

Hace apenas unos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la “violencia registrada” durante la marcha de los jubilados del 12 de marzo frente al Congreso de la Nación, y recordó que “el Estado de Argentina debe garantizar los derechos a la libertad de expresión y de asociación, y utilizar los protocolos con enfoque de derechos humanos en cuanto al uso de la fuerza en manifestaciones, conforme a los estándares interamericanos”.

En un comunicado de prensa, el organismo enumeró el trágico saldo de la represión policial, que dejó “20 personas heridas, incluyendo una jubilada de 87 años con traumatismo de cráneo; 114 personas detenidas, entre ellas un niño de 12 años y un adolescente de 14, liberadas posteriormente por el Poder Judicial; ataques directos contra periodistas, incluyendo el caso de un fotorreportero (Pablo Grillo), de 35 años, que resultó gravemente herido por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, y que actualmente se encuentra en estado crítico, así como otros casos donde profesionales de la prensa fueron amenazados, agredidos físicamente y obstaculizados en el ejercicio de su labor informativa”.

En tanto, un documento de Human Rights dejó de manifiesto que  durante el primer año estuvo marcado por “recortes a la financiación de programas sociales, obstáculos para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y una retórica gubernamental hostil contra periodistas y personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT). Aunque la prolongada crisis económica argentina persistió y los índices de pobreza continuaron aumentando, los altos niveles de inflación comenzaron a estabilizarse”; y, además, señala que “el Congreso lleva años sin nombrar a un procurador general, un defensor del pueblo y un magistrado de la Corte Suprema, figuras clave en la protección de los derechos humanos y cuyos nombramientos requieren una mayoría legislativa de dos tercios”, y el asunto aún está en discusión.

Nos preguntamos, entonces, cuál es el rol de la Justicia en todo este panorama.

El fiscal federal, Facundo Trotta, quien se desempeña como fiscal en el juicio La Perla, uno de juicios los más grandes llevados a cabo por delitos de lesa humanidad del interior del país, luego de la megacausa ESMA, nos ayuda a reflexionar sobre el tema: “El juzgamiento a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, coloca a la justicia en un rol clave, tanto por los alcances que tiene el dictado de una sentencia para la víctima, sus familiares y la sociedad, como por las repercusiones que produce en los otros dos pilares de ese proceso: la Justicia permite conocer la verdad y contribuye a la memoria”, apunta Trotta, y agrega que, “el proceso de memoria, verdad y justicia, debe ser entendido en un sentido dinámico, porque mira al pasado, pensando en el presente y para el futuro, para que la sociedad conozca lo que ocurrió y para que no se vuelva a repetir. Me parece que debemos tomar en cuenta la importancia de la Justicia en ese proceso para destacar el rol transcendental que cumple (o debería cumplir) el sistema de administración de justicia en la actualidad y, por lo tanto, la necesidad de mejorarlo”, sentencia.

-¿Qué podemos decir, entonces, de la importancia de la Justicia en el proceso de memoria, verdad y justicia?

-En primer lugar, con la Justicia pusimos fin a un período largo de impunidad. La impunidad conduce al olvido de los crímenes y, con ello, al riesgo de que se repitan. Pero, además, la impunidad provoca que se relativice la validez de la norma que fue violada, y entonces cualquier ciudadano podría pensar que frente a idéntico comportamiento no sufrirá un castigo.

“Entonces, el primer gran aporte de la Justicia fue el fin de la impunidad: los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura fueron y están siendo juzgados, y la gran mayoría ya fueron condenados.

“En segundo lugar, la Justicia, y concretamente los juicios a los genocidas, permitió conocer la magnitud del horror que sufrió nuestro país durante el terrorismo de Estado”.

“Hasta no hace mucho tiempo, gran parte de la sociedad argentina desconocía en detalle el nivel de crueldad impuesto en la última dictadura cívico-militar. El juicio a las Juntas Militares proporcionó un conocimiento global del plan de violaciones a los derechos humanos, pero las leyes de punto final y obediencia debida, que instauraron la impunidad, condujeron a la indiferencia, el desconocimiento y el olvido de ese nefasto pasado”.

“La reapertura de los juicios, a partir del fallo “Simón” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, significó la investigación, juzgamiento y sanción a los responsables de esos crímenes y permitió que la sociedad conociera en profundidad el proceder del terrorismo de Estado”, explicó Trotta.

“Por ello, me parece que los juicios, al satisfacer el derecho a la verdad, como derivado de una garantía de justicia, constituyen también una forma de reparación para la víctima, pues significan el reconocimiento de que los hechos existieron y el reconocimiento de que existió una víctima, a quien se le causó un daño. Pero, además, que existió un autor de ese daño, que no va a quedar impune”, dice el fiscal.

“Esto adquiere relevancia en tanto significa que el Estado, a través del Poder Judicial, manifiesta que el sufrimiento de la víctima no le es indiferente y que los delitos que se cometieron serán sancionados. De allí la función reparadora”.

“Pero, además, con la sentencia dejamos un mensaje para la sociedad de que estos crímenes no quedan impunes en el Estado Argentino. En esa medida, los juicios contribuyen a reconstruir y consolidar la memoria colectiva, para evitar que esos hechos vuelvan a repetirse”, asegura el funcionario.

-¿Por qué es importante la Justicia hoy?

-En primer lugar, porque la Justicia, aún con sus deficiencias, sigue siendo el mecanismo pacífico más adecuado en un Estado de derecho para la resolución de los conflictos, la protección de ley y el respeto a los derechos humanos.

El sistema de administración de Justicia aparece como el custodio de la Constitución, los tratados de derechos humanos y las leyes que se dictan en consecuencia.

Por ello, los crímenes que se comenten, por más aberrantes que sean, deben ser sometidos a un juicio justo, con las garantías del debido proceso.

En segundo lugar, que resulta inaceptable la impunidad, porque conduce al olvido, y relativiza la fuerza obligatoria de las normas. Pero también, y esto es una de las principales críticas al sistema de administración de Justicia y hay que mejorarlo, no es posible una adecuada administración de justicia si se demora 10, 15, 20 años para resolver los conflictos. Una justicia lenta conduce al descrédito del sistema y la pérdida de interés en el castigo.

En tercer lugar, la Justicia está llamada a seguir resguardando los derechos humanos de primera generación, que son derechos civiles y políticos (derecho a la vida, la libertad, la propiedad), pero también los derechos de segunda, como son los derechos económicos, sociales y culturales: el derecho al trabajo, a la salud, a una vida diga (vivienda y alimentación), y de tercera generación: medioambiente sano, el derecho a los consumidores, los derechos de las personas vulnerables, entre otros.

En este sentido, y más allá de que existe cierto consenso en que el derecho a la vida es el valor más preciado a resguardar, difícilmente pueda considerarse adecuada una protección a ese derecho si no va acompañado del resguardo de otros que comprenden necesidades básicas para el desarrollo de una vida digna, como son los derechos económicos, sociales y culturales.

Existe un convencimiento de que el goce de los derechos económicos, sociales y culturales resulta necesario para resguardar la dignidad, la vida y la libertad. Justamente, por ser el custodio de la Constitución, los tratados de derechos humanos y las leyes, el sistema de administración de Justicia es el ámbito en el que se deben hacer valer esos derechos y solicitar su protección y operatividad.

La Declaración de los Derechos Humanos de 1948, que generaliza desde el primer momento el término “derechos humanos”, en su preámbulo deja expresado que se considera “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho”.

Ahora bien, este rol central que desempeña la justicia en la actualidad, en muchas ocasiones no lo vemos plasmado en la realidad.

Tenemos procesos lentos, impunidad, derechos sociales, económicos y culturales que no se encuentran satisfechos, falta de acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad.

-¿Qué podemos hacer frente a eso?

-Lo primero que debemos saber es que, así como al Estado actual de la situación del proceso de memoria, verdad y justicia se llegó porque el Estado (con sus tres  poderes) y la sociedad (con sus reclamos, exigencias, presentaciones judiciales, sobre todo de las organizaciones de DD.HH. y sociales) dijeron basta de impunidad a los crímenes cometidos; de la misma manera, para mejorar el sistema de administración de justicia, necesitamos al Estado y la sociedad.

Si observamos cómo llegamos al proceso de Memoria, Verdad y Justicia en la actualidad, vemos que tuvimos un Estado que entendió a ese proceso como una política de Estado (Poder Ejecutivo), que sancionó la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (Poder Legislativo), que declaró la inconstitucionalidad de esas leyes y promovió el juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad (Poder Judicial).

Hoy podemos decir que tenemos, pese a los cada vez más frecuentes intentos de destruir lo conseguido e instalar una idea errónea sobre el proceso de  Memoria, Verdad y Justicia, un Estado que ha cumplido con los compromisos internacionales de investigar, juzgar y, en su caso, condenar las graves violaciones a los derechos humanos. Esta situación nos convierte, como país, en un ejemplo a nivel mundial. Es algo inédito. Salvo contadas excepciones, no existen  otros lugares del mundo donde se haya juzgado a los responsables de crímenes de lesa humanidad por el mismo Estado en donde se cometieron esos crímenes y mediante los jueces previstos previamente por la Constitución. Los juicios de Núremberg, en los que se castigó a los responsables del Holocausto, se llevaron a cabo con un tribunal conformado por jueces de los países vencedores. 

También la sociedad civil ha contribuido a este proceso de manera pacífica, respetando las instituciones democráticas. En el transcurso de los años desde la recuperación democrática se evidencia un apoyo mayoritario al proceso de memoria verdad y justicia. Ese oscuro pasado no fue “saldado” con actos de venganza, sino con el reclamo incansable de justicia, mediante la aplicación de la ley.

Las movilizaciones en cada aniversario del golpe del 24 de Marzo demuestra el compromiso de la sociedad por este proceso. De todos modos, creo que debemos mantenernos alerta, pues cada tanto se advierten intentos de dar marcha atrás al desarrollo alcanzado. Como todo, se trata de una puja de poder, en la cual, relajarse frente a la conquista de derechos puede significar la pérdida de los mismos.      

El Estado, que fije con seriedad como política pública el sistema de administración de justicia. Que haga operativas leyes que modernizan y agilizan el sistema (en la Justicia Federal tenemos un nuevo código procesal penal aprobado en el año 2018, que solo se aplica en Salta y Jujuy). Que mejore y acelere los procesos de selección de funcionarios judiciales. Que profundice la formación con perspectiva de género. Que democratice el acceso a la carrera judicial para todas las personas. Todo esto corresponde tanto al Poder Ejecutivo como el Legislativo.

Mayor compromiso para mejorar la imagen

El Poder Judicial y los Ministerios Públicos (tanto Fiscal como de la Defensa) deben comprometerse más con su función para mejorar la imagen frente a la sociedad. La falta de confianza de la ciudadanía en la Justicia provoca un descreimiento de la importante función que cumple en un Estado Social y Democrático de Derecho.

Para ello, desde el Poder Judicial y los Ministerios Públicos se deben acelerar los procesos, acercarse a la sociedad, utilizar un vocabulario sencillo que sea entendido por quienes no son técnicos, actuar con independencia, tanto del poder político como de los poderes fácticos, avanzar en el juzgamiento de la criminalidad económica (megas evasiones, lavado de dinero, grandes estafas). Esto último es muy importante porque, en general, los delitos que se condenan son los robos, los homicidios, las violaciones.

No digo que no deban ser juzgados y condenados estos delitos, que causan un gran impacto porque afectan gravemente a las víctimas y tienen una enorme repercusión en la seguridad de la ciudadanía, pero tampoco hay que descuidar los grandes delitos económicos que afectan al patrimonio del Estado y, de ese modo, a las políticas públicas y sociales que el Estado debe cumplir para alcanzar sus fines.

Aquí me gustaría destacar la intervención del Ministerio Público Fiscal de la Nación en resguardo de derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

Me refiero una oficina que se denomina ATAJO (Dirección General de acceso a la Justicia) que tiene el propósito de facilitar el acceso a la justicia de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad y su participación en el sistema de administración de justicia.