Taxistas: "Está roto todo el sistema"

"Hay una incertidumbre generalizada entre quienes integramos este sistema, que fuimos esenciales durante la pandemia, que inclusive tuvimos algunos colegas fallecidos por contagios en ese tiempo, pero que ahora no somos dignos de ser atendidos, cuando nuestro único reclamo era y es que se cumpla la ordenanza 7.376, para que los Uber, los DiDi o quien sea cumpla con todas las condiciones que cumplimos nosotros, para que la competencia sea justa y no absolutamente desfavorable para nosotros como es ahora”, dijo Raúl Gaitán a laRadio del centro del país (90.1 Mhz).

En tal sentido, el portavoz de los taxistas reiteró lo que vienen exponiendo desde agosto del año pasado, cuando Uber desembarcó en la ciudad, en el sentido de que “ellos están sin regulación, mientras nosotros debemos tener licencia de conducir profesional, libreta sanitaria, certificado de conducta nacional y provincial, examen psicofísico, preocupacional... Todo para entrar a ser chofer. También hay exigencias para el permisionario, para la empresa (tener una cara visible con la oficina abierta las 24 horas y 365 días del año). A esto se le suma la ITV cada cuatro meses, desinfección todos los meses y controles regulares. Todo eso nos cuesta dinero. Hasta nos fijan la tarifa desde el Concejo Deliberante, mientras que ellos no contribuyen en nada a las arcas municipales, lo que les permite bajar el precio de los viajes; es totalmente desleal”.

Recordó seguidamente el artículo 122 de la citada ordenanza, que establece: “El que prestare el servicio de transporte privado o escolar sin la correspondiente habilitación, permiso o autorización otorgada por la autoridad municipal será sancionado con multa, cuyo mínimo se fija en 750 unidades de multa” (litros de nafta).

Gustavo Falco, por su parte, señaló que “la Municipalidad, desde el área de Seguridad y Convivencia Urbana que conduce Guadalupe Vázquez, nos dice que no tiene las herramientas necesarias para hacer cumplir la ordenanza, mientras que el intendente de Córdoba Daniel Passerini, el año pasado consiguió detener 6.500 autos entre enero y noviembre, precintarlos y trasladarlos con la grúa, para luego cobrarles una multa nada menos que de 2.400.000 pesos y 10.000 pesos por día en el depósito municipal”.

“Así, la Municipalidad de Córdoba consiguió recaudar alrededor de 15.000 millones de pesos. Parte de esa suma la invirtió en hacer una aplicación para taxis y remises de la ciudad capital. Esto quiere decir que si hay voluntad política, se puede ir en contra de la ilegalidad”, completó Gaitán.

Ambos se preguntaron luego “cómo puede ser que haya hasta Uber en moto, que llegan a la Terminal de Ómnibus sin casco el conductor, sin casco el pasajero y nadie hace nada”.

“Eso ocurre a la vista de todo el mundo, inclusive de los inspectores de tránsito”, añadieron.

Al ser consultados acerca de cuántos trabajadores del sector incorporaron las aplicaciones a sus tareas habituales, respondieron que “representan un 50%; está roto todo el sistema”.

“Ellos están violando también la ordenanza, porque están trabajando con dos tarifas... Pero nosotros los entendemos, por la necesidad de llevar el dinero a casa, de pagar la cuota del auto, porque ya tenemos seis o siete casos de concesionarios que les han quitado los coches a nuestros colegas. ¿Cómo no los vamos a entender?”, dijo Gaitán.

Finalmente, comentaron que se sienten “estafados” en cuanto a las expectativas que les generaron en las primeras reuniones con el intendente Eduardo Accastello y con los concejales, donde se les dijo “que Uber no ingresaría a la ciudad”, por un lado, y que “se buscaría legislar al respecto”, por el otro, aunque sostienen que “lo que hace falta es hacer cumplir la ordenanza que ya está vigente”.