Aprobaron proyectos del DEM

Este jueves se llevó adelante la habitual sesión del Concejo Deliberante. Y dando cumplimiento al procedimiento legal establecido por la Carta Orgánica Municipal, la mayoría de los concejales aprobaron en segunda lectura dos proyectos presentados por el Departamento Ejecutivo Municipal.

En primera instancia, se aprobó un proyecto que faculta al DEM a gestionar y tomar préstamo del Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba. Luego, también en segunda lectura, se aprobó un proyecto que modifica la Ordenanza N° 8.150 y su modificatoria, la Ordenanza N° 8.204.

Más adelante, concejales aprobaron una serie de declaraciones de interés, entre ellas: la conferencia “Más allá del rendimiento – Claves para el éxito y el bienestar en el deporte”; la presentación del libro “El pogo más grande del mundo”; la Fiesta de las Colectividades; y la visita del presidente y académico del Instituto Güemesiano de Salta, Martín Miguel Güemes Arruabarrena.

Por último, el cuerpo legislativo aprobó dos ratificaciones. Por un lado, un contrato de servicios jurídicos celebrado entre la Municipalidad de Villa María y los Dres. Agustín Díaz Cafferata, Javier Sánchez Buteler y Bárbara Aprile; y por otro, un acuerdo transaccional entre la Municipalidad de Villa María y la firma Provincia ART SA.

Posición de Felipe Botta

El concejal Felipe Botta envió un comunicado para explicar por qué no acompañó la primera resolución del día.

En este señala que no prestó conformidad a la ampliación presupuestaria pretendida por el intendente Eduardo Accastello, “ya que, como se  me ha expresado anteriormente, estos más $ 7.000.000.000 no corresponden a una gestión eficiente y austera, con partidas bien ejecutadas como insiste el Ejecutivo; sino que, por el contrario, se debe al tasazo que por decreto dispuso el mismo, golpeando de lleno en los bolsillos de los villamarienses”, y hace referencia también a que este monto recaudado “obedece a partidas presupuestarias subejecutadas que hacen la prestación de deficiente de servicios, dejando desprotegido al vecino”.

Además, Botta enfatizó que “el dinero sobrante debe tener un destino porque, de no tenerlo, quedaría parado, estanco, sin función alguna, pero ampliar el presupuesto para que ese dinero vaya a entes como el de Deporte y Turismo o el Emtupse, en vez de invertirlo en más seguridad (problemática que golpea de lleno a la ciudad) o salud en los barrios, por citar algunas problemáticas, NO ES LO CORRECTO, porque le siguen fallando al contribuyente, que gran esfuerzo hace”.

El edil tampoco acompañó la ratificación del Acuerdo Transaccional entre la Municipalidad de Villa María y la firma Provincia ART SA, por entender que “por culpa e impericia en cuanto a la vulneración de derechos laborales del Gobierno, de 25 años, del intendente Accastello (como cabeza política, pero abarcando a todos los funcionarios del Ejecutivo) ahora el vecino tiene que pagar a una aseguradora $300.000.000, en vez de invertirlo en salud, servicios o seguridad. ¿Cómo le explicamos al vecino eso?”.

Botta, además, expresó que “quieren hacernos parte de sus errores de gestión y a eso no lo vamos a aceptar… Siempre vamos a estar del lado del vecino”. Y sentenció: “Este convenio es producto de la mala gestión peronista que deviene de la única política de Estado que nos deja el oficialismo, que es  la precarización laboral de cientos y cientos de villamarienses”.

Manu Sosa, crítico

El concejal Manu Sosa, por su parte,  expresó también su rechazo al nuevo pedido de ampliación presupuestaria impulsado por el intendente Eduardo Accastello, y señaló: “Este aumento no tiene nada que ver con mejorar los servicios ni con hacer más obras. Lo que realmente aumentó no es la gestión, sino la recaudación, producto de una presión impositiva feroz sobre los vecinos.”

“No vamos a acompañar un presupuesto que se alimenta del sacrificio de los vecinos, que se esconde detrás de la palabra transparencia, y que da más poder discrecional a un Ejecutivo que no rinde cuentas”, sostuvo Manuel Sosa.

Además, Manu Sosa rechazó el acuerdo entre la Municipalidad y Provincia ART SA, argumentando que el mismo “expone el costo humano y económico de un modelo de precarización laboral dentro del municipio”.

“Detrás de esta deuda de más de 350 millones de pesos hay una trabajadora, Priscila Bonisconti, a quien durante años se le negó la condición de empleada municipal. Hoy pagamos todos las consecuencias de esa negligencia institucional”, expresó.

Manu Sosa remarcó que “este tipo de convenios no pueden verse como logros administrativos”, sino como el resultado de “años de precarización y falta de reconocimiento de derechos básicos”.

“Por Priscila y por cada trabajador y trabajadora precarizada del municipio, no vamos a acompañar este convenio. Lo que está en juego es el modelo de ciudad que queremos construir: uno donde el trabajo sea digno y los derechos se respeten”, destacó.