Un año de hordas de motos, entre quejas y detenciones

Un Ford Falcon amarillo tirando “drifting” sobre el césped de un lugar donde está prohibido circular en coche. Cientos de chicos motociclistas aplaudiendo la “osadía”. Dos mujeres luchando en una riña a un costado. Otra decena de jóvenes arengando la pelea. Un video que capta todo y se viraliza. Una imagen que parece bisagra.

Era noviembre de 2024 cuando semejante panorama llevó a los vecinos del barrio Barrancas  del Río, poco después de aquel episodio decadente, a tomar cartas en el asunto y salir a la calle a reclamar por “un poco de paz”, con carteles y gritos.

“Los fines de semana no podemos vivir”, decían, con justa razón.

Las famosas “juntadas” de jóvenes (varios menores) en el sector derivaban en problemas vecinales que había que atender de manera urgente, ya que no solo se trataba de ruidos, sino también de acciones que ponían en riesgo a terceros, provocaban daños y generaban un sector verde totalmente cargado de basura.

Ese caso significó que la Justicia ponga la lupa sobre lo que luego denominó “hordas de motos”. También se legisló para prohibir los caños de escape “retocados” en las motos, mientras el intendente Eduardo Accastello, enojado, aseguraba que “la paz social no se negocia en Villa María”.

De barrio en barrio

La situación no era muy nueva, aunque se limitaba a una simple juntada en el excamping, sobre la costanera, casi siempre como un “after hours”. No obstante, el horario, precisamente, se estiraba tanto que la molestia que causaban a vecinos los domingos, a media mañana, ya empezaba a generar preocupación.

Después, la historia se fue complicando en diferentes sectores de la ciudad.

Lo padeció Barrancas del Río, luego, el barrio Evita; le siguió el Parque Norte. Y la última conocida, a casi un año de aquel “Falcon loco”, se dio en el parque Gregoria Matosas del barrio Las Playas.

En muchos casos hubo vecinos que exageraban la situación y trataban como delincuentes a jóvenes que simplemente charlaban en un espacio verde, pero cuando la queja se hizo generalizada, quedaba claro que las hordas violaban el Código de Convivencia ampliamente y había quienes incitaban a la violencia.

En otras situaciones, el trasfondo es una reunión previa a las “picadas” en la ruta 158, en la colectora de la autopista o en la ruta 2, en Villa Nueva, pasando la cancha de Alem.

Otros tiempos

Un comentario de alguien que fue policía revelaba que “los menores de 13 o 15 años antes respetaban más; hoy muchos te ven con el móvil, se frenan, sin casco, con la moto sin patente al lado, y salen disparando como si quisieran que los siguieras. Y no los podés seguir porque es un problema si, en la persecución, se caen en la moto y se rompen la cabeza”.

El fiscal René Bosio, consultado sobre esta situación, reconoce que “no es fácil” para los efectivos controlar a las hordas de motos.

“Se está haciendo mucho, hubo detenciones por gente que incitó a la violencia y este fin de semana, precisamente, se secuestraron 19 motos por estos casos, pero no es simple hacer los procedimientos, más allá de los controles”, expresó el fiscal, quien supo actuar aquella vez contra el conductor del Ford Falcon y mandó a detener también a dos jóvenes que, durante una recorrida, hasta amenazaron a una joven en el Parque Norte.

Bosio entiende que “si bien no está prohibido reunirse en una plaza, hay códigos de convivencia que deben cumplirse”.

“Hacer willy o picadas ponen en peligro a otras personas”, recordó.

Más que policías

En el lapso de un año, precisamente, Bosio y las otras dos fiscales de la ciudad (Silvia Maldonado y Juliana Companys) fueron convocados por el municipio, junto a la cúpula policial, a reuniones extraordinarias sobre seguridad con autoridades municipales. También asistió al cónclave la fiscal federal María Schiani.

Entre varios temas para mejorar la seguridad, en esas reuniones se puso en agenda la problemática urbana de estas juntadas que atemorizan a los vecinos.

También se crearon, desde entonces, la Guardia Local de Prevención y, últimamente, el  Servicio Especial de Operaciones Motorizadas (SEOM), un nuevo grupo táctico policial con base en la Terminal de Ómnibus.

En el medio, también se creó el servicio 147, de Atención al Vecino. A ese número es donde hoy se llama para este tipo problemas que atraviesan los vecinos.

En el caso del SEOM, se pudo saber que los nuevos operativos resultan “más efectivos”.

Cuando existe una denuncia o un caso de horda de motos o problemas en la vía pública, esa fuerza policial ahora acompaña por detrás a la Guardia Local o a la Patrulla Preventiva y penetra con sus motos a zonas donde no entran las camionetas o autos de las otras fuerzas.

Así, los policías en moto -bastante entrenados- son los primeros en llegar a la zona para intervenir.

¿Qué hacemos?

Mientras tanto, hay jóvenes que nada tienen que ver con la causa de estos problemas, pero que simplemente necesitan de un lugar para reunirse con el compañero de clase o el amigo y, en este contexto, quedan envueltos a veces en casos que no desean.

La mayoría son hijos adolescentes de familias que no llegan a fin de mes en estos tiempos.

Ignacio, padre de un adolescente con moto, reflexionó al respecto: “La verdad, tanto yo como muchos padres no tenemos para darle a mi hijo 30 mil o 40 mil pesos por sábado para que vaya al boliche como íbamos nosotros cuando teníamos su edad”.

“Ahora, él se va en la moto y, si bien sé que no está en esas movidas grandes, se junta con amigos porque es lo único que puede hacer”, afirmó.

 También recordó que “desapareció en Villa María la figura del pub, del lugar al que vas sin pagar 10 lucas de entrada, te tomás algo con música fuerte y te quedás toda la noche conociendo a otras personas; hay solo lugares para tomar con música baja o boliches”.

Se retira rápido cerca del 60% del depósito municipal

El depósito municipal, que se encuentra en la esquina de Jujuy y Porfirio Seppey, se encuentra abarrotado de motos secuestradas, lo que refleja la gran cantidad de infracciones al tránsito o al Código de Convivencia que existe en Villa María.

De acuerdo a las últimas estadísticas que manejan la Secretaría de Seguridad y Prevención municipal, a cargo de Guadalupe Vázquez, y el Juzgado de Faltas, el 60% de las personas retira ahora sus motos, luego del pago de multas o de presentación de papeles correspondientes, en un lapso de 30 días.

En tanto, el 40% restante retira su moto entre 3 y 5 meses después de que se la secuestren, por lo que hay cientos de motos apiladas.

Si bien se dice que muchos prefieren “comprar una nueva” ante la cantidad de irregularidades que presentaba, una 110 cc cuesta hoy más de $1.200.000.

El último fin de semana, en tanto, la Policía informó que secuestró 19 motos (algunas denunciadas por robo).