Generación Zoe: el juicio no se realizará durante este año

“De qué nos sirve la libertad,
si no hay justicia,
María Pilar...”
Teresa Parodi (1985)

El juicio en el que se tratará de establecer qué pena les corresponde a los máximos responsables de Generación Zoe, Leonardo Cositorto y Maximiliano Batista, junto a quienes deben comparecer otros 18 imputados por lo que se considera como la estafa piramidal más grande en la historia del país, no se realizará en Villa María hasta el año próximo.

Los mismos hechos (por ramificaciones de la organización) sí fueron juzgados en tiempos razonables por la Justicia de Corrientes, más precisamente en la ciudad de Goya, donde a Cositorto en febrero de este año le impusieron 12 años de prisión como jefe de una asociación ilícita y autor de estafas reiteradas, mientras que Batista, Miguel Ángel Echegaray y Lucas Camelino recibieron penas de 8 años de cárcel.

La Justicia salteña actuó de manera parecida. A poco de finalizar el proceso judicial en Corrientes, la causa se elevó a juicio en la provincia del NOA y en el mes de julio Cositorto fue condenado a 11 años de prisión por los mismos delitos de asociación ilícita y estafas continuadas, según se lee en la sentencia.

Y seguidamente llegó la decisión de la jueza porteña Alejandra Alliaud, que en septiembre decidió procesar al líder de Generación Zoe por más de mil estafas en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, al tiempo que lo embargó por 10.000 millones de pesos.

La causa comenzó como las demás, en 2022, a partir de las primeras denuncias de los damnificados, cuando dejaron de recibir los retornos, que iban del 7,5% al 10% ¡en dólares! (y más también para el caso de quienes adquirieron los tristementes famosos Bots Navideños en diciembre de 2021, aquellos que confiaban en que verían triplicado su dinero en marzo de 2022, para cuando Cositorto y Batista ya habían llenado sus valijas y abandonado el país).

Alliaud los procesó a ambos como presuntos jefes de una asociación ilícita que cometió 1.095 estafas y los embargó por los citados 10 mil millones de pesos a cada uno.

Así las cosas, es probable los responsables de lo ocurrido en Villa María se sienten en el banquillo de los acusados de los Tribunales de CABA, antes que lo hagan en General Paz 325.

¿Acá qué pasa?

La pregunta del millón... o de los millones. Es fácil darse cuenta de que ya no hay tiempo material para un juicio en el que hay 20 imputados, que representan otras tantas indagatorias. Además, al estar Cositorto y Batista presos por las sentencias de Goya y Salta, debe organizarse la logística propia de quien comparece estando privado de la libertad. Más todavía: si se toma en cuenta que hay 175 denunciantes, podría pensarse en que pueden ser llamadas a declarar 175 personas. A ellas se suman los policías que participaron en los allanamientos, peritos informáticos y de todo tipo, los agentes de la Interpol que detuvieron al líder de Generación Zoe en las paradisíacas costas de República Dominicana, etcétera, etcétera...

Si tenemos cinco días hábiles y pensamos que no se puede detener todo el andamiaje de la  Justicia por una sola causa, ya que otros procesos, con o sin detenidos, deben ser atendidos, desarrollados y cerrados, es probable que se usen como máximo tres días a la semana para dilucidar lo que sucedía en la sede de avenida Alem, casi esquina San Juan, en el centro de la ciudad.

Venció el plazo

La semana pasada venció el plazo para ofrecer nuevas pruebas en la causa y, por el lado de la acusación, por lo que pudo saber este medio, el fiscal de Cámara Francisco Márquez ya ofreció toda la prueba colectada durante la instrucción que llevó a cabo Juliana Companys.

De todas maneras, más allá del interminable juego de apelaciones que llevó adelante la defensa y de los cuestionamientos de todo tipo hacia la fiscal, letrados cordobeses consultados por nuestro medio observan que “hay un excesivo rigorismo formal en la evaluación de la causa, cuando está absolutamente claro que se trata de una estafa piramidal del tipo Ponzi”, en alusión al primer caso (de amplia trascendencia en el mundo), en el cual una persona, Charles Ponzi, ideó en 1920 un ardid mediante el cual estafó a miles de personas en los Estados Unidos.

Básicamente, un esquema Ponzi es un tipo de fraude financiero que consiste en atraer a inversores prometiendo altos rendimientos, los cuales se pagan a los primeros participantes utilizando el dinero aportado por nuevos inversores y no mediante beneficios obtenidos de una actividad económica real.

El contrato de fideicomiso

Según Cositorto, los aportantes “pagaban una matrícula” para estudiar en su Universidad del Trading, del conglomerado de Zoe, aunque el contrato de fideicomiso que se les hacía firmar y que publicó este diario en 2021, resultó lapidario. En el mismo, se leía por ejemplo, que “el aporte de cada Fiduciante estará sometido a un plazo de inmovilización” (era de tres años) y que “el Fiduciante tendrá la posibilidad de retirar su aporte a partir de los 12 (doce) meses de efectuada sufriendo una multa aplicable sobre el capital aportado” (una quita del 50% del dinero).

Pero, además, el documento establecía categorías según el monto del aporte: “Classic”, de  USD 500 a 5.000; “Premium”, de USD 5.001 a 10.000 e “Intelligent”, de USD 10.001 a 30.000 y “Classic + 0,5%”, de USD 30.001 a 50.000.

Más claro, agua.

Muere gente

Es verdad que el dinero recuperado en los diferentes allanamientos realizados por orden de Companys no se alcanzó a recuperar ni una mínima parte del dinero que los “Classic”, “Premium”, “Inteligent” confiaron a Cositorto y su organización, por lo cual no hay demasiadas expectativas de los damnificados en cuanto a los dólares que vayan a recuperar una vez que se dicte sentencia. Eso equivale a decir que la presión que ejercen para que el juicio se lleve a cabo es nula.

Pero la ciudad necesita que haya juicio y que haya condena, para que no se tome a Villa María como tierra fértil para este tipo de “emprendimientos”, que aparecen (y desaparecen) cada cinco o seis años.

En medio de todo, los familiares de una de las víctimas de la operatoria de Generación Zoe se comunicaron con nosotros para darnos a conocer su fallecimiento. Fue uno de los primeros tres que se sintieron damnificados y que se atrevieron a narrar en la Fiscalía de Segundo Turno lo que le había pasado con sus ahorros de toda la vida.

Mientras tanto, líderes locales, lugartenientes del condenado Cositorto, se pasean por la ciudad como si nada hubiese ocurrido, dado que vencieron los plazos para las prisiones preventivas (lo hacen, además, como si el juicio nunca fuese a tener lugar...).

Y más allá de las intrigas tribunalicias, de los egos, los celos y los odios que suben y bajan de piso en piso por el vetusto edificio, hay personas que se preguntan qué pasa en los Tribunales locales, a los que se les va un año más sin que se haga justicia en un caso que tiene como víctimas a 175 vecinas y vecinos de la ciudad y la región.

S.V.