Financiamiento universitario: Sachetto firmó documento de defensores del pueblo de (casi) todo el país

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) expresó su “profunda preocupación ante la posibilidad de que se vete la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación”.

Entre las decenas de firmas que acompañan el pronunciamiento desde cada rincón del país, pueden apreciarse solamente dos de la provincia de Córdoba. Una de ellas es la de Rafael Sachetto (foto), auditor general/defensor del Pueblo de la Municipalidad de Villa María,  y la de Amelia López, defensora de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Córdoba.

“Entendemos que esta ley constituye una herramienta fundamental para la recomposición del presupuesto de las universidades nacionales, en un contexto donde estas instituciones se encuentran en una situación de emergencia presupuestaria, tal como lo reconocen todos los sectores vinculados al ámbito académico. La actualización del presupuesto universitario en función de la inflación acumulada, y su distribución basada en criterios de equidad, permitirá garantizar no solo el funcionamiento básico de las universidades, sino también el derecho a una educación superior de calidad para miles de estudiantes en todo el país”, expresaron los firmantes.

“No genera impacto fiscal adicional...”

Señalaron, además, que “la Ley de Financiamiento Universitario no genera un impacto fiscal adicional, ya que simplemente ajusta los recursos asignados a las universidades con base en los índices inflacionarios acumulados, permitiendo así que las partidas ya previstas se mantengan acordes a las necesidades económicas actuales. Esto asegura que el sistema educativo no sufra una erosión presupuestaria a causa de la inflación, sin representar un aumento desmedido del gasto público”.

“Las defensorías del Pueblo no podemos dejar de señalar que la falta de financiamiento adecuado afecta directamente los derechos fundamentales de los estudiantes y trabajadores universitarios. Este veto, de concretarse, comprometería los compromisos salariales y el correcto funcionamiento de estas instituciones, que son esenciales para el desarrollo social y económico de la Nación. Nos preocupa profundamente el impacto que esta decisión podría tener en la calidad educativa y en las actividades de investigación, extensión y transferencia de conocimiento que las universidades realizan, fundamentales para el progreso científico y tecnológico de Argentina”, manifestaron.

Y agregaron finalmente que, “por todo lo expuesto, desde ADPRA solicitamos respetuosamente que se reconsidere la posibilidad de vetar esta ley y se avance en la implementación de un sistema de financiamiento que asegure la estabilidad de las universidades nacionales, el respeto a los derechos de los estudiantes y docentes, y el fortalecimiento del sistema educativo público, sin que ello implique un desajuste en las cuentas públicas”.

Además de Sachetto y López, los únicos cordobeses en firmar, suscribieron, entre muchos otros, María Rosa Muiños, defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Enrique Pochat, defensor del Pueblo de Morón; José Leonardo Gialluca, defensor del Pueblo de Formosa; Claudia Bard, defensora del Pueblo de Chubut; Bernardo Voloj, defensor del Pueblo de Chaco; Jorge Henn, defensor del Pueblo adjunto a cargo de Santa Fe; Gabriel Savino, defensor del Pueblo adjunto a cargo de Santa Fe; María Celeste Vouilloud, defensora del Pueblo de Vicente López; Martín Pérez Morando, defensor del Pueblo de Viedma; Agustín Payes, defensor de los Vecinos de la ciudad de Corrientes; Federico Núñez Burgos, defensor del Pueblo de la ciudad de Salta; Carlos Palmiotti, defensor del Pueblo adjunto de CABA; Adriana Santagati, defensora del Pueblo de la provincia de Río Negro; Analía Woloszczuk, defensora del Pueblo de Bariloche; Marcia López, defensora del Pueblo de Paraná; Oscar Vázquez, defensor del Pueblo de Zapala; Lionel Suárez, defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero; Adrián Maciel, defensor del Pueblo de Pilar; Juan Carlos González Olsina, defensor de las Personas con Discapacidad de la provincia de Mendoza; Marcelo Lacedonia, defensor del Pueblo de General Pueyrredón; Valeria Fiore Cáceres, defensora del Pueblo de Posadas, y Silvia Caprino, defensora del Pueblo de La Matanza.