Rebelión pacífica del pueblo

El Estado Nacional es el resultado de un proceso de lucha para lograr el marco institucional adecuado para la vida social organizada y presupone una compleja red de relaciones económicas, sociales y políticas. Se destaca por: ostentar el uso exclusivo de la fuerza legítima sobre un territorio delimitado y una población determinada; exhibir un poder soberano sobre ese territorio y población frente a la comunidad internacional y para el cumplimiento de sus fines, aplica un conjunto de las leyes, públicas, generales y obligatorias y se vale de un aparato administrativo. El Estado es un instrumento al servicio de la sociedad, asegurando la convivencia pacífica entre sus habitantes, colocando a las personas como medula de valores, para sostener la armonía entre los ciudadanos y entre quienes ejercen temporariamente el poder.

El Estado desvirtúa esa función esencial, cuando prioriza el capital, los intereses individuales o corporativos y no la vida de las personas, al privarlas de sus derechos.

Este régimen autoritario que gobierna la República, está a la derecha de la derecha y pretende romper todos los lazos y redes sociales, transformando a nuestra comunidad nacional organizada, en un mero conjunto de individuos. Desde sus orígenes, la lucha de la sociedad argentina ha logrado alcanzar y consagrar derechos humanos básicos, que hoy están siendo desconocidos y violados impunemente, abandonando toda la institucionalidad, fruto de estos 41 años de Democracia.

Desde Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Villa María consideramos a un Estado Genocida, a todo aquel que abandona, como en nuestro caso, la Ley de leyes, la Constitución Nacional y mediante Decretos de Necesidad y Urgencias pretende socavar los cimientos básicos y fundamentales de nuestro sistema Republicano y Democrático. Estamos convencidos, que las políticas dirigidas a minimizar y destruir al ser humano, no pueden ser caratulados de otra manera, sino como criminales, cuando se arbitran  decisiones que niegan el trabajo genuino, la alimentación, la salud, la educación pública, el cuidado de los niños y los Adultos Mayores y discapacitados, el derecho a la diversidad sexual, y fundamentalmente el derecho a nuestra propia vida en  libertad, dignificando nuestra humanidad. “La Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio (Convención sobre el genocidio) es un instrumento de derecho internacional que codificó -por primera vez- el delito de genocidio. “Su preámbulo reconoce que «en todos los períodos de la historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la humanidad» y que es necesario la Unidad Nacional y la cooperación internacional para «liberar a la humanidad de un flagelo tan punzante”.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Villa María y las organizaciones sociales -que hacemos el mismo camino en defensa y vigencia de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás tratados- no sólo nos expresamos en repudio de las políticas de violencia contra el pueblo argentino, sino también, enfáticamente contra la entrega del patrimonio nacional.

Estamos profundamente preocupados, por la realidad que vive el país, por las medidas que ha implementado el gobierno nacional, con una política que direcciona hacia la destrucción del Estado Nacional, provinciales y en la misma orientación, inferimos a futuro, que también está en sus planes, pulverizar los municipios y comunas del país.

El gobierno nacional y el silencio que duele de muchas provincias, legisladores y políticos y de ciertas expresiones de apoyo, se permite concluir una fuerte expresión de violencia, impulsando medidas que contradicen efectivamente las condiciones de un pueblo en paz. La maquinación es silenciar los reclamos y manifestaciones de las organizaciones populares, los trabajadores, los jubilados, los estudiantes, para ello no escatiman en criminalizar la libertad de expresión del pueblo.

No sólo el gobierno de Milei ha tomado medidas represivas -y continúa con ellas, en relación a los trabajadores, jubilados y pensionados y a toda expresión de repudio-, sino que paralelamente y justificando el accionar de entrega del país descaradamente, también hay un mutismo de quienes han sido elegidos y se dicen nuestros “representantes”.

Con el fin de evaluar concienzudamente, la problemática que nos afecta en nuestra vida cotidiana, nos permitimos señalar los aspectos más sensibles, de la política criminal aplicada por estado nacional y sus referentes en diferentes escalas.

La pobreza

"En el primer trimestre de 2024, la pobreza en Argentina se disparó al 55%, un incremento alarmante respecto al 38,6% del mismo periodo en 2023. Este dato, que por sí solo es un claro indicador del retroceso social, se agrava cuando analizamos la indigencia, que pasó de un 8,9% a un impactante 20,3%. Estos números no solo reflejan un aumento en la cantidad de personas que no pueden acceder a una canasta básica alimentaria, sino que nos hablan de un país en el que las condiciones de vida se están deteriorando a una velocidad nunca antes vista". "Como consecuencia, grandes contingentes de sectores medios y medios bajos ingresaron rápidamente en la pobreza; en un grado y una velocidad prácticamente desconocidas hasta hoy fuera de los episodios hiperinflacionarios".

Los jubilados

Hoy, 11 de septiembre de 2024, en una sesión cargada de tensión y con un irracional derroche de violencia por parte del Estado, en la Cámara de Diputados, el oficialismo y sus aliados lograron torcerle el brazo a un amplio sector de la oposición, que no logró reunir los dos tercios de los votos para insistir en la ley que pretendía una mejora en los haberes jubilatorios y que fue vetada por el presidente Javier Milei. Con el resultado de esta votación, el veto del presidente Milei queda firme y el Congreso se quedará sin posibilidad de volver a insistir en la norma en lo que resta de este año parlamentario. El oficialismo, en alianza con el bloque Pro, un mosaico de bloques aliados y media docena de diputados radicales, logró reunir poco más del tercio de las voluntades que necesitaba para blindar el veto presidencial.

Esta es una traición a los jubilados y al pueblo trabajador. Este es el día en el que perdió la Democracia y ganaron la corrupción y la estafa.

Con un gobierno y sus aliados que no tiene una mirada generosa para con los que han forjado esta patria, con los laburantes y con las generaciones jóvenes, día a día nos mete en un atolladero, que sólo tiene una salida: la unión del pueblo.

El patrimonio nacional y el RIGI

La ultraderecha que sostiene a Milei y sus socios, defiende un Estado Ausente, minimizando la intervención del mismo, con el propósito de favorecer la libre empresa y el mercado sin restricciones, lo cual socava los cimientos de una sociedad justa y equitativa y profundiza las desigualdades.

Los beneficios otorgados a las empresas adheridas al RIGI no respetan los derechos humanos y tampoco, protegen el ambiente y sus recursos naturales. Por 30 (treinta) años nuestro futuro estará hipotecado

Teoría de los dos demonios…

Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del mismo, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

Sin duda, existe un enfrentamiento interno en el gobierno nacional sobre este tema, sin embargo, hay una tendencia a defenestrar a la justicia, que condenó a los genocidas, que mataron a 30.000, torturaron, violaron a miles de mujeres, hombres y niños y niñas, por las cárceles del país. En nuestra propia ciudad hemos tenido expresiones de varios sectores, que cuestiona las condenas a los genocidas, por los Crímenes de Lesa Humanidad.

Lo expresado es solo una imagen de lo que nos está pasando, pero que nos platea en forma urgente -a los sectores de trabajo y populares- la fragilidad en la conducción política, los 41 años de “Democracia” y su fracaso absoluto encarnado en este gobierno prepotente. Esta situación nos impulsa a trabajar en la conformación de una dirigencia esclarecida y comprometida, para conformar una estrategia con objetivos a corto, a mediano y largo plazo, que no pueden ser otros, que la “Soberanía Económica y Justicia Social”, como marco que nos puede garantizar la libertad y La Patria Grande, Latinoamericana.

Decía el padre mártir Carlos Mugica: “Hasta ahora para que los pobres dejen de ser pobres, no se ha inventado otro más que este sistema: que los ricos dejen ser ricos. Hay que ayudar a los ricos a liberarse de esas riquezas que los oprimen y los llevan hacia el camino de la nada, del vacío”. Es el capitalismo en sus distintas variantes, de acuerdo a los nuevos tiempos, la plusvalía presente.

"Necesitamos un Estado que corrija las asimetrías, que acompañe y contenga las situaciones de extrema vulnerabilidad, y vuelva a impulsar una política pública orientada a la producción, la industria y la generación de empleo, porque no hay fuerzas del cielo que puedan revertir este tremendo proceso de daño y destrucción que recae sobre la población más vulnerable de nuestro país”. Pero también necesitamos de una clase política que abandone el mutismo y se ponga de pie acompañando al pueblo.

El único que puede revertir esta situación plagada de injusticias, ignominias y la vulneración sistemática de los derechos, es el pueblo en las calles, como los hicimos históricamente, en los setenta, en los ochenta y en el 2001.

Frente al gran genocidio y el gran saqueo, rebelión pacífica del pueblo.