Denuncian a un gremio por maltrato laboral

En las elecciones de 2019, la filial Villa María del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) presentó una única lista encabezada por Edgardo Blangetti como secretario general y Sandra Formía como adjunta. En 2021 falleció Blangetti y la mujer asumió la titularidad del gremio en lo formal. En la práctica, asegura que nunca la dejaron tomar decisiones.

“Cuando integramos la lista, nos hablaron desde el gremio en Córdoba para que renunciáramos a nuestros cargos docentes”, comenzó diciendo Formía a elDiario. El planteo tenía su lógica: el sindicato tiene un cupo para cubrir económicamente las licencias gremiales, que son los y las docentes que se dedican exclusivamente a la actividad gremial, cobrando el mismo sueldo que perciben en la escuela, pero pagado por la organización sindical.

Se los pidieron a ellos porque estaban próximos a jubilarse y podían seguir trabajando en el gremio.

“Yo lo hablé con Edgardo y coincidimos en que nunca nos iban a dejar en banda, porque, además del cargo en la lista, me ocupaba de la obra social OSDOP, por lo que creí que tenía trabajo asegurado hasta mi jubilación”, relató la mujer. Con el tiempo, se dio cuenta de que los únicos que renunciaron al aula, perdiendo todo derecho laboral en la escuela, fueron ella y Blangetti.

En ese entonces, Formía tenía 57 años, la edad requerida para jubilarse en la docencia, pero le faltaban unos ocho años de aportes.

?“Después de un año puedo hablar de lo que viví. Me hicieron mucho daño”.

Cuando quedó al frente de la filial por el fallecimiento del dirigente, empezó a advertir de parte de sus pares de la Comisión que desconocían su rol de secretaria general.

Esa actitud primero fue sutil; por ejemplo, no querían que viajara a la zona a darse a conocer como la nueva secretaria general. Luego se hizo más evidente. “Me acuerdo de que una vez hubo una pelea entre dos integrantes de la lista en Villa María y vino a tratarla un dirigente de Córdoba que ni siquiera me informó que llegaba a la sede y no se dignó a hablar conmigo, como si no existiera”, relató.

Con esas presiones, siguió cumpliendo su rol hasta que el gremio armó la lista para el período que iniciaba en el año 2023 y a ella ni la consideraron.

“Me trataron tan mal que terminé en una depresión profunda”, relató. En ese estado, y con asistencia terapéutica, pidió una licencia psiquiátrica en febrero de 2023, cuando  todavía era secretaria general.

“Después de que se venció  el plazo posible para estar de licencia me comunican que comienza el período de reserva de puesto de trabajo”, relató. Esto significa que ya no le pagaban más el salario, pero que, cuando pudiera reintegrarse, el puesto que dejó -no se refiere a la Secretaría General, sino a la labor que cumplía en la obra social- lo tenía reservado para ella, tal como dictan las normativas vigentes.

“Hablé con mi psiquiatra y le dije que no podía vivir sin sueldo y me dio autorización para volver a trabajar”, dijo. Se lo comunicaron a SADOP de manera fehaciente y no le respondieron esa nota.

Sin embargo, antes de que pudiera volver, la echaron. Era agosto de 2023. Tenía entonces 59 años y se quedaba sin trabajo, dado que había renunciado a la docencia en la escuela Trinitarios, donde dio clases por casi dos décadas.

“Es insólito que el maltrato laboral provenga precisamente de un gremio”.

“Me ofrecieron un monotributo, el que, ya con el acompañamiento de mi abogada, decidimos rechazar. ¿Por qué sería facturante si estaba trabajando de otra manera?”, se preguntó.

Hace un año de esta situación y recién ahora puede hablar. “Me hicieron tanto daño, ese maltrato sutil y luego explícito que viví de parte de la gente a la que le confié mi futuro, porque les creí cuando me pidieron que renunciara al cargo docente, causó graves heridas en mí. Ahora, con terapia, acompañamiento familiar que permitió sostenerme económicamente, recién puedo hablar. Y decido hacerlo porque he visto que esto le pasa especialmente a las mujeres, justo en un gremio que tiene como afiliadas mayoritariamente a las mujeres. No quisiera que nadie más sufra lo que sufrí yo”.

La abogada Fernanda Bertea acompaña a Formía en la nota. Cuenta que presentaron la demanda laboral denunciando el moobing o violencia en el trabajo. “Está todo acreditado con mensajes que dan cuenta de la violencia que ejercieron contra Sandra”.

En la demanda solicitan una reparación por el daño causado por el maltrato, calculando todos los ingresos que perdió a consecuencia de ello y la necesidad de que la indemnicen por el despido. “Es insólito que desde un gremio que defiende los intereses de los trabajadores y que conocen la normativa vigente le manden una notificación de reserva del puesto laboral y, luego de eso, sin esperar nada, la despiden”, dijo Bertea.

“En dos semanas tendremos la primera audiencia, en donde conoceremos qué postura toma el gremio ante esta grave denuncia”, concluyó la letrada.