El Tribunal no avaló las cuentas

Por mayoría, el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad consideró que el Balance General del ejercicio 2023 “no presenta razonablemente la situación patrimonial” del municipio al cierre del año que pasó.

Esto se señala en una parte de la conclusión del dictamen, con la firma de los tribunos Maximiliano Romero y Virginia Margaría -ambos, vocales del cuerpo- y de Carola García, secretaria técnica contable.

El ejercicio comprende once meses y diez días en los que la administración estuvo encabezada por el exintendente Martín Gill, y 20 días en los que el municipio fue conducido por Eduardo Accastello.

Lo sucedido vuelve a poner en tela de juicio la administración económica de la Municipalidad. Durante la gestión de Gill, en los que Economía y Finanzas estuvo a cargo de Daniela Lucarelli, el Concejo Deliberante nunca trató expresamente los balances, que quedaron aprobados solo por el paso del tiempo, una “falta grave” para la Carta Orgánica.

Lo más curioso del dictamen del Tribunal es la opinión que emitió su presidente, José María Sánchez, único oficialista de los tres tribunos. Decidió abstenerse de dar a conocer su mirada.

“Teniendo presente las observaciones de la Secretaría Técnica Contable con respecto al balance y Memoria Anual de la Municipalidad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, expreso mi abstención a emitir opinión sobre los mismos”, indicó Sánchez en el dictamen.

En tanto, los dos vocales desaprobaron el balance.

La mirada de Maximiliano Romero, del partido Uniendo Villa María, fue publicada en nuestra edición impresa del lunes.

En tanto, Virginia Margaría (PRO) aconsejó no aprobar el balance y para esto brindó diversos fundamentos.

Indicó que se encuentra incumplida la presentación de balances y estados contables, ya que la documentación presentada, “en propias palabras del Departamento Ejecutivo Municipal, resulta un Informe de Saldos Patrimoniales al 31 de diciembre de 2023, provisorio”.

Apuntó que “la documentación presentada no reviste las formalidades correspondientes a un balance, lo cual obstaculiza su lectura y, por lo tanto, las tareas que este órgano debe llevar a cabo”.

“No se encuentran cumplidas las resoluciones técnicas contables”, añadió.

Marcó que “la documentación no ha sido presentada, ni se encuentra refrendada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas”.

La tribuno reveló que al órgano de control “no se le ha presentado la totalidad de la documentación que avale el informe provisorio, ni la totalidad de los libros contables”, como el libro Subdiario de compras y proveedores, el libro Bancos, la Memoria Anual y el libro Caja. Esto, advirtió, “obstaculiza controlar y corroborar la información presentada en los estados contables”.

“Obviando que resulta ser de su obligación...”

Y señaló: “Del informe provisorio surgen acaudaladas diferencias, sin brindar justificativo alguno sobre su existencia, solo mencionando que esa diferencia surge entre lo arrojado por el sistema y lo arrojado al cierre del período fiscal, obviando que resulta ser de su obligación encontrar y detallar las supuestas inconsistencias”.

Por su parte, Maximiliano Romero hizo una minuciosa descripción de todo lo encontrado y pasó a desaprobar el balance -el que en este caso fue presentado bajo la denominación Informe de Saldos Patrimoniales al 31 de diciembre de 2023 (provisorio) - “por no presentar razonablemente en todos los aspectos significativos la situación de la Municipalidad de Villa María”.

La administración económica y financiera - Situación inadmisible

Ya era inadmisible que, durante los años de la Intendencia de Martín Gill, los concejales no trataran los balances anuales expresamente en el recinto. Todos fueron aprobados fictamente, por el mero paso del tiempo, algo considerado como una “falta grave” por la Carta Orgánica.

A esto se le sumó, en diciembre, todo lo que marcó el intendente Eduardo Accastello sobre la “herencia recibida”.

En los siete meses que pasaron desde entonces no se pudo esclarecer para la sociedad qué fue lo que sucedió. Desde la gestión anterior, nadie salió a aclarar nada. Desde la gestión actual no se presentaron denuncias.

Ahora se suma un dictamen lapidario para la credibilidad del proyecto político que nos gobierna desde 1999.