“Hay que saber reconocer los indicadores de violencia”

En la última sesión de la Unicameral, la Provincia de Córdoba adhirió a la Ley nacional 27.709, que es conocida como “Ley Lucio”, por Lucio Dupuy, el niño asesinado en La Pampa, el 26 de noviembre de 2021.

El crimen del pequeño dejó una herida abierta en la sociedad y un cuestionamiento al Poder Judicial que le dio la custodia completa a la madre, quien fue condenada por el asesinato junto a su pareja.

En Villa María, el crimen de otro niño, Emiliano Messa, causó el mismo impacto social. Los abogados de la familia paterna, Carla De Falco y Gonzalo Ferreras, hablaron con la prensa tras la aprobación de la normativa.

“Habla de un plan federal de capacitación continua, obligatoria y permanente sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes para los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, dijo De Falco.

“Y también busca articular con diferentes asociaciones civiles que estén en contacto con niños y con las instituciones educativas, para que también accedan a esa capacitación”, agregó.

“La ley aporta otros puntos, como trabajar en la prevención de abusos físicos, psíquicos y sexuales contra niños e incorpora la protección de la identidad de quien haga la denuncia”.

Y agregó: “Para nosotros es importante que Córdoba haya adherido porque desde Villa María, con la familia paterna de Emiliano Messa, acompañamos al abuelo de Lucio Dupuy a conseguir esa normativa que nos ayuda a detectar las violencias y a prevenir los abusos contra los más vulnerables”.

“Seguramente se comenzará a trabajar para que en el plazo de un año se pueda contar con esas capacitaciones”, tal como pasó con la Ley Micaela, dictada para formar en prevención de violencia de género, señaló la letrada.

A su turno, Gonzalo Ferreras dijo que para ellos lo importante “es que estas capacitaciones lleguen a las escuelas, porque son los maestros los que están en permanente contacto con niños y niñas y son los que más alerta tienen que estar a las señales de abuso”, agregó.

En Villa María hay una ordenanza de adhesión a la ley nacional y además,  “la provincia de Córdoba invita a los municipios para que se adhieran”.

“Nosotros, desde nuestro estudio, nos ponemos a disposición para tener reuniones con concejales de las localidades que deseen abordar la problemática”, dijeron.

“Celebramos la ley y expresamos nuestro compromiso profesional para acompañar a escuelas e instituciones”. Carla De Falco y Gonzalo Ferreras ABOGADOS

También se ofrecieron a tener una participación activa en la capacitación, “ya sea articulando las charlas con el Colegio de Abogados o con ONG que trabajen en la materia”.

“Esto es muy reciente, pero estamos yendo en el mismo sentido, dado que nuestro norte es que este tipo de hechos no se repitan”, agregó.

Concluyeron diciendo que “la idea como profesionales es concientizar a los adultos que están en contacto con los niños para que puedan conocer la ley, y también puedan conocer cuáles son los indicadores de abusos y maltratos. Y que en caso de que los detecten, sepan cómo abordar al niño, porque muchas veces se cometen errores sin mala fe, pero por falta de conocimiento”.

Esperan la resolución del TSJ

El 28 de julio de 2023, la Justicia de Villa María condenó a Ana Yael Piedra, madre de Emiliano Messa (2), a 10 años de prisión por las lesiones gravísimas que le causó al niño antes de que fuera asesinado.

Por el homicidio, sin agravantes, condenaron a Jonathan Fernández, -pareja de Piedra- a 23 años de prisión.

Emiliano recibió el golpe que le causó la muerte el 21 de diciembre de 2021, cuando estaba al cuidado de Fernández.

De Falco y Ferreras representaron como querellantes al padre de Emiliano y solicitaron en el juicio una condena a prisión perpetua para los dos acusados, entendiendo que ambos fueron los responsables del infanticidio.

Dado que la condena fue diferente a la solicitada, se presentaron en Casación ante el Tribunal Superior de Justicia.

“Actualmente, la causa sigue su trámite y debo decir que está dentro de los tiempos que habitualmente manejan los vocales del Tribunal Superior para analizar un caso”, dijo Ferreras.

“Nosotros pedimos concretamente un cambio de la calificación legal a fin de que los condenados reciban la pena de prisión perpetua por el homicidio calificado”, agregó.

El TSJ puede hacer lugar al planteo y dictar directamente una nueva sentencia. También puede hacer lugar, pero decidir que sea la Cámara del Crimen de Villa María la que dicte la nueva sentencia.

Obviamente que también está en la potestad de los vocales la de rechazar el recurso.

“La familia Messa nos instruyó para que, en caso de que así sea, se recurra a la Corte Suprema”, informaron.