Repudio a la nueva decisión del Gobierno nacional
Psicólogos advierten por el cierre de los CAJ
Señalaron que “atenta contra la política pública que garantiza el acceso a los derechos humanos de toda la población del territorio argentino”. Inminente cierre de 81 de los 110 centrosLa delegación local del Colegio de Psicólogos y Psicólogas se pronunció en repudio de una resolución nacional que propone “un plan de ordenamiento y mejoramiento de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), dependientes del Ministerio de Justicia de la Nación”.
El colegio local destacó que esta resolución del Gobierno nacional “atenta contra la política pública que garantiza el acceso a los derechos humanos de toda la población del territorio argentino”. “Atenta, además, contra la continuidad de los CAJ, causando el cierre de los mismos, como así también la continuidad de los puestos de trabajo promoviendo el despido”, sostuvieron.
La delegación local del citado Colegio señaló que acompañan a los y las trabajadores de los mismos, reconociendo “su labor comprometida y el aporte diario a los sectores más vulnerables de la comunidad, entendiendo el padecimiento por esta situación, que afecta gravemente sus fuentes laborales”.
Nueva embestida
Desde FEPRA, la Federación que agrupa estos profesionales de la salud a nivel nacional, también han expresado su preocupación ante el inminente cierre de los CAJ.
“Con su cierre, no solo se produce una nueva embestida contra los derechos de la ciudadanía, sino contra la estabilidad y las fuentes laborales de 500 personas, entre ellas un importante número de psicólogos y psicólogas, quienes han contribuido para llevar adelante casi un millón y medio de gestiones en el último tiempo”, destacaron.
Ante este cuadro, FEPRA instó a las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación a abstenerse de avanzar en esa dirección.
Denunciaron “esta nueva embestida política contra garantías elementales de la democracia, como es el acceso a la Justicia”, y rechazaron el cierre de CAJ, los despidos de personal y “la decisión sistemática de recortar derechos y ausentar al Estado de sus obligaciones, acción con graves consecuencias sobre la integridad psicológica de la comunidad”.
FEPRA precisó que es inminente el cierre de 81 de los 110 centros distribuidos en el país, un espacio “en donde se garantizan derechos básicos, asesorando, asistiendo y acompañando a personas en los lugares más vulnerables del territorio”.
Por asuntos legales
Los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) son oficinas que brindan servicios de atención legal primaria gratuita.
Buscan brindar soluciones a problemas vinculados con temas de seguridad social, familia, trabajo, documentación, entre otros.
Cuentan con atención presencial y remota en todo el país a cargo de equipos interdisciplinarios de profesionales.
En pocas palabras, asesoran a las personas para que puedan afrontar problemas legales de la vida cotidiana.
Según información oficial, los Centros de Acceso a la Justicia atendieron más de medio millón de consultas entre 2020 y 2023 en el país.
