“No somos casta”, dijeron en la plaza

Hay un proyecto de decreto al que solo le falta la firma del presidente de la Nación y el jefe de Gabinete. Ese proyecto establece la desregulación del sistema de prestaciones para personas con discapacidad, que en la actualidad incluye, además de los tratamientos y terapias, la formación para el trabajo, el acompañamiento en educación y hasta el transporte.

Si el sistema se desregula, el que paga más accede y el que no tiene se queda sin nada, porque el precio lo ponen las financiadoras, que son la Superintendencia de Salud, el PAMI y el programa Incluir Salud.

“Con el proyecto de decreto, quieren que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”. Gabriela Isern - Subdirectora de Discapacidad

Por eso, la mayoría de los presentes en la concentración realizada en la fría tarde de ayer, exhibía carteles con la leyenda: “No somos la casta”, en alusión a una palabra elegida por el presidente Javier Milei para referirse a los privilegiados de la política.

En la protesta, se escucharon voces de dirigentes de asociaciones y de prestadores. Estos son sus testimonios.

“Estamos presentes en ese reclamo público porque no queremos ciudadanos de primera y de segunda, que es básicamente lo que propone la desregulación”, dijo Gabriela Isern, subdirectora de Discapacidad de la Municipalidad de Villa María.

A su turno, la directora del área, Sara Chaissi, expresó que si firman el decreto “entraríamos en el mercado de libre demanda. Suena lindo, pero nosotros no podemos entrar en ese mercado, porque nadie nos quiere, si una obra social no te cumple, no te podés ir porque ninguna otra te va a recibir, dado que la discapacidad es cara”.

También se expresó Rosa Cámpora, representante por las ONG de la región sureste en el Consejo Provincial de Discapacidad: “Queremos que se visualice la problemática de la discapacidad. Venimos bregando para que no pase desapercibida y también por el acceso a los derechos, porque las convenciones que los consagran son perfectas, pero hay que ponerlas en práctica, y para ello necesitamos del compromiso de los Gobiernos nacional, provincial y municipal”.

También se expresó Verónica Igarzábal, integrante de Familias CEA (Condición del Espectro Autista), indicando que están, una vez más, “ante una vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, porque quieren restringir el acceso a las prestaciones, dejando, por un lado, a los que pueden pagar, y, por el otro, a un amplio sector de la población sin posibilidades. Es muy grave y una vulneración de derechos para niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad”.

Prestadora

Una de las oradoras de la concentración que se llevó a cabo en la plaza Centenario fue Claudia Fraire, de El Principito, entidad que presta servicios para personas con discapacidad.

Expresó que “desregular el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad significa que los financiadores del sistema de salud podrían poner los aranceles que ellos consideren. Significa también romper el principio de igualdad, porque hoy en día, la prestación tiene el mismo arancel, así sea para quien tenga la mejor obra social o para el que accede a un programa federal como Incluir Salud”.

“Hoy no depende de la condición socioeconómica de las familias, sino que hay un sistema único que está nomenclado por ley y es lo que quieren derogar”, señaló, con preocupación.

Aseguran que con la red de entidades que defienden los derechos de personas con discapacidad están alertas para que, en cada rincón del país, puedan reclamar para continuar recibiendo prestaciones universales y equitativas.