Rechazo a un decreto que libera a su suerte a las personas con discapacidad
Marcha en la ciudad por prestaciones universales
Se movilizarán hoy desde plaza Centenario para pedir que no se firme el proyecto de decreto que da de baja a una ley que garantiza prestaciones integrales y universales a las personas con discapacidad
Hoy, a las 15, las familias de personas con discapacidad y prestadores de salud, se concentrarán en plaza Centenario para marchar en Villa María en rechazo a un proyecto de decreto que propone modificar la ley que garantiza servicios de salud universales, tanto para quienes tienen obra social como para los que no poseen cobertura de salud.
La movilización se realiza en distintas ciudades del país para exteriorizar la preocupación de las familias que corren riesgo de quedarse sin prestaciones básicas.
Según explicó Rosa Cámpora, representante por las ONG de la región sureste de la Comisión Provincial de Discapacidad, quieren visibilizar “el rechazo contundente a esa iniciativa que pretende desregular las prestaciones a la discapacidad”. Informó que, además de participar en la marcha, le enviaron nota al titular del Consejo Federal de Discapacidad, explicando las consecuencias negativas que tendría ese decreto en la población.
A su turno, Gabriela Isern manifestó: “Nos movilizamos porque hay un DNU en marcha, al que solo le falta la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del presidente Javier Milei. Si lo firman, entra en vigencia, desregulando las prestaciones de discapacidad”.
Cabe señalar que el proyecto está rubricado por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y ya tiene el aval de la secretaría Legal y Técnica. En el texto, establece la derogación de la Ley 24.901, dando de baja el nomenclador actual, que fija una tarifa unificada para las prestaciones médicas.
El texto cuestionado expresa: “Determínese que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, mencionados en el artículo 7° de la Ley N° 24.901, fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”.
Esto, en los hechos, representa que la atención para las personas con discapacidad dejarán de ser integrales y universales, porque los que financian esas prestaciones pueden poner un precio tan bajo que motive a los profesionales dejar de ofrecer el servicio.
Además, haría que las personas que puedan pagar mejor cobertura, tendrán acceso a servicios que ahora son universales, mientras que aquellos que no la poseen, quedarían librados a su suerte.
Cómo funciona el sistema actual
Con falencias por la demora en los pagos o el tarifario bajo de las prestaciones, el sistema actual fue creado por ley en 1997, y garantiza que todas las personas con discapacidad, independientemente de su condición económica, reciban servicios básicos de salud integral.
En esa normativa, se establece un nomenclador único para todos los servicios a los que pueden acceder los poseedores del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Es decir, independientemente de qué cobertura tenga, todos y todas reciben prestaciones que se pagan igual.
Para garantizarlas, se fija un sistema de financiamiento. Por un lado, el PAMI abona las prestaciones de sus afiliados con su propia caja. Por otro, la Superintendencia de Servicios de Salud abona a aquellos que son beneficiarios de obras sociales. El dinero, en este caso, surge del llamado Fondo Solidario de Redistribución, que si bien surge de los aportes de obras sociales, son auditados por la Superintendencia, lo que suele generar dilaciones en los pagos a los prestadores. Finalmente, establece que el programa Incluir Salud financie a sus beneficiarios con fondos del Tesoro de la Nación.
A su vez, se prevé un nomenclador que expresa cuáles son las prestaciones que están incluidas. También establece requisitos a los prestadores y fija un arancel único, que es el que garantiza que los y las profesionales de salud mantengan la calidad de sus servicios.
Finalmente, cabe señalar que la Ley 24.901 se reglamentó mediante un decreto que establece el marco del sistema de prestaciones y la creación de un registro de prestadores, entre otros puntos. Como estos aspectos nunca se formalizaron en una ley, es viable -legalmente- que por un DNU den de baja una ley aprobada en el Congreso de la Nación.
