El miércoles se reunirán trabajadores y Gobierno

El miércoles 29 se realizará la audiencia de conciliación que dictó la Secretaría de Trabajo de la Provincia entre el SUOEM, trabajadores y la Municipalidad de Villa María.

La audiencia se llevará a cabo a las 12 horas en la sede de la Dirección de Delegaciones Regionales de la Secretaría de Trabajo, en la ciudad de Córdoba. La instancia de conciliación tiene un plazo de 15 días hábiles. Hasta entonces, existe una intimación a abstenerse de aplicar medidas “de acción directa” y “toda medida que importe innovar respecto a la situación planteada”.

Sin embargo, UTEM y la CTA anunciaron ayer que hoy se reunirán, a partir de las 10 de la mañana, en el puente Alberdi, y llamaron a los trabajadores a “no aflojar”.

Desde estas organizaciones indicaron que el jueves se votó en asamblea para realizar otra convocatoria el viernes a las 7, para decidir “entre todos qué hacer ante la conciliación obligatoria”.

“El SUOEM decidió no respetar lo decidido por la asamblea”, destacaron desde UTEM y CTA, por lo que plantearon seguir con acciones para reclamar los derechos.

Además del encuentro impulsado para hoy, convocaron a una reunión para el lunes a las 19 en la sede de calle Santa Fe 1555.

Los planteos de Sosa

Tal como se adelantó ayer, el concejal de la oposición Manuel Sosa planteó formalmente derogar cuatro artículos de la ordenanza sancionada en diciembre pasado, que decretó la emergencia administrativa del municipio. El edil destacó que con la misma se violan derechos fundamentales de los trabajadores.

Marcó ayer que la estabilidad laboral está comprometida, ya que la norma de diciembre declaró en disponibilidad a la totalidad del personal. “La posibilidad de reestructuraciones funcionales, traslados y modificaciones de tareas sin previo aviso y sin consulta con los trabajadores constituye una vulneración del derecho a la estabilidad laboral consagrado en el Estatuto del Personal Municipalidad y en la Constitución Nacional”, explicó.

También advirtió sobre la reducción horaria posible por esa ordenanza, la cual tildó de arbitraria. “Afecta directamente los ingresos, ignora los principios de proporcionalidad y razonabilidad necesarios en cualquier ajuste laboral”, subrayó.

Como también por esa norma se permitió imponer un régimen de doble turno, Sosa destacó que no se tienen en cuenta las condiciones personales y familiares de los empleados.

Subrayó que se registraron casos de despedidos de personas “en situación de enorme vulnerabilidad, incluyendo embarazadas y empleados en tratamiento oncológico”.

Habló también del impacto causado por esa ordenanza en órganos autónomos como el personal del Concejo Deliberante, el Juzgado de Faltas y el Tribunal de Cuentas, “una intromisión indebida en la autonomía” y comprometiendo “la independencia de sus funciones”.