Amparos por fuertes subas

La Justicia Federal de Villa María tiene que resolver la presentación de diversos amparos presentados por abogados que representan a personas que necesitan de la cobertura de obras sociales y prepagas, que han tenido incrementos muy altos en lo que va del año.

“Los aumentos son desproporcionados, muy por encima de la inflación. De diciembre a hoy el acumulado de inflación es del 72% aproximadamente, según INDEC, mientras que hay aumentos de prepagas de hasta el 400%”, contextualizó Maximiliano Ortega, abogado, al dialogar ayer con elDiario.

“La liberación de las cuotas a través del DNU presidencial generó aumentos totalmente desproporcionados, seguido de una actitud generalizada de obras sociales y prepagas de que se diera una cadena de complicaciones a la hora de darte de baja como afiliado. No es fácil darse de baja y no están dando respuestas, han disminuido las atenciones al público, la mayoría te deriva a un 0 800 o te dan vueltas”, describió.

Precisó que “cuando se trata de grupos familiares están obligando a que se dé de baja todo el grupo, en vez de una sola persona, y después no dan de baja al grupo”.

“Tenemos pacientes oncológicos y no saben más qué hacer”. Maximiliano Ortega

Desde su estudio han efectuado cinco amparos, y esperan respuestas de medidas cautelares.

Mencionó los casos de Sancor, OSDE, y Federada, “con aumentos que pasaron de 100 mil pesos para un grupo de tres personas en diciembre a 650 mil pesos en abril”. “Por más buen pasar económico que tengas, se hace imposible de pagar. Y no hablamos de familias con todos sus integrantes sanos, cuando podés cambiar a una más barata. Hablamos de personas con discapacidad, con un historial de 30 años de afiliados y cerca de su jubilación o en su jubilación, que están obligados a sacar plata de donde sea, porque si no quién te acepta sin un plus prestacional a los 65 años”, advirtió.

“Tenemos pacientes oncológicos, y no saben más qué hacer. Los aíslan del sistema”, alertó.

La abogada Carolina Coria detalló que los amparos presentados buscan que se retrotraiga el valor de la cuota y que los aumentos se ajusten a un índice “un poco más razonable para ambas partes”.

Explicó que “a partir de que el decreto derogó la normativa vigente, se dejaron de publicar los índices que se usaban. Ahora no hay índice fijo al cual ajustarse”.

En este sentido, Maximiliano consideró que el índice a tener como parámetro debiera ser el de la inflación. “Para determinar cuál es el índice lógico, ahí estará la sana crítica racional del juzgado”, aclaró.

“Las obras sociales ponen como excusa que están recuperando por lo que no podían aumentar antes. Hay casos en que no podemos darnos el lujo de cambiarnos porque no son aceptados fácilmente en otra, y porque necesita las prestaciones, tienen tratamientos activos”, graficó.

Ante la consulta periodística, Ortega comentó que “con dos cuotas impagas, la obra social tiene la posibilidad de rescindir el contrato”.

“Estamos viendo casos de disminución de las prestaciones dando la cobertura básica del programa médico obligatorio cobrándote lo mismo. No terminan cubriendo nada”, lamentó.

Demora en resolverse

La Justicia tiene plazos establecidos en el Código de Procedimiento para resolver la presentación de amparos, confirmaron los abogados ante la consulta de elDiario.

“Los juzgados están sobrepasados de causas. Lo que vivimos en el sector privado lo está viviendo la Defensoría Federal a cargo de Luz Felipe y el Juzgado, porque no aumentó la cantidad de trabajadores y sí las causas a atender, de manera extraordinaria”, consideró Ortega.

“Muchas veces vemos que los plazos están demorados, y también ocurre porque es una materia complicada de decidir al no haber antecedentes directos”, añadió.

“Entiendo que están viendo qué resolver”, apuntó.

El profesional indicó que hay antecedentes en ciudades, como la capital cordobesa y la Ciudad de Buenos Aires, pero por ahora no en Villa María.

También recordó que hay amparos colectivos. “En Córdoba se ha presentado uno en contra de OSDE, bastante conocido”, comentó.

“La gente se ve ante el problema de que no puede pagar lo que le están queriendo cobrar”, dijo y sugirió a las personas a consultar con sus abogados de confianza.