Opositores quisieron que Gill deje de ser ministro

El oficialismo cordobés logró que no se debata en el recinto de la Unicameral el tratamiento sobre tablas del pedido de apartar al exintendente de Villa María, Martín Gill, de su cargo de ministro de Cooperativas y Mutuales de la provincia.

Como se conoce, el exmandatario villamariense se encuentra imputado en una causa por violencia de género contra su expareja, Lourdes Astudillo.

La fiscal Juliana Companys lo acusó por el delito de lesiones leves, calificadas por el vínculo y por violencia de género. La semana pasada, la titular de la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno elevó la causa a juicio. La Defensa de Gill, ejercida por el exsecretario de Gobierno del municipio, Eduardo Rodríguez, se opondrá judicialmente.

El oficialismo cordobés cerró filas y con el voto de los 32 legisladores presentes, además del apoyo de otros cuatro legisladores de la oposición, lograron que el tema sea girado a comisión y no debatido en el recinto, como pretendía la oposición.

De los cuatro opositores que acompañaron al peronismo, una es Karina Bruno, la exconcejala de Villa María. Era referente del PRO, llegó a la Legislatura provincial por el PRO y luego se constituyó en bloque unipersonal.

“Gill debería estar pidiendo licencia en el cargo” para no ponerlo en esta situación al gobernador, evaluó Bruno.

“Solicitamos pasarlo a comisión hasta tanto se resuelva su situación”, argumentó Miguel Siciliano, el presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba.

“El peronismo está siendo cómplice con su silencio, encubre a un funcionario ante una denuncia de violencia de género”, lanzó la radical y presidenta del interbloque, Alejandra Ferrero, impulsora del apartamiento. “Son cómplices. Adónde están los defensores del género, las lideresas que tanto levanta este Gobierno. Nosotros tenemos un deber ético”, apuntó.

“Una lástima que el mismo peronismo que el año pasado suspendió a (Patricio) Serrano y le dio licencia a (Alfonso) Mosquera por causas de violencia de género, hoy sea cómplice de encubrir en su cargo a un ministro (por Gill) procesado por la misma razón”, consideró.

Desde el oficialismo, explicaron que consideran que como cuerpo no pueden pedirle al gobernador Martín Llaryora que aparte al funcionario. En off y en on, creen que es Gill quien debería bajarse por su cuenta, renunciando al rol que tiene desde diciembre pasado, cuando terminó la Intendencia local.

Juicio político

En la misma sesión, el legislador de la Coalición Cívica - ARI, Gregorio Hernández Maqueda, solicitó el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución para la constitución de la Sala Acusadora de la Legislatura con el fin de abrir un proceso de juicio político contra el ministro, para ser removido del cargo.

Hacemos Unidos por Córdoba rechazó el planteo del opositor, mientras que hubo abstenciones, como de la UCR y Construyendo Córdoba.

Legisladores consideraron que para un juicio político se necesitaba una condena.

A Hernández Maqueda se le sumó el bloque del Frente Cívico y los opositores Rodrigo Agrelo, Luciana Echevarría y el justicialista disidente Federico Alesandri, exintendente de Embalse y excandidato a gobernador del kirchnerismo.

“Estamos ante un tema delicado que tiene que ver con la violencia de la mujer, es un flagelo en la Argentina... Hace un año esta Legislatura suspendía al legislador Patricio Serrano por una denuncia de violencia de género. Nos evitarían un dolor de cabeza a todos si (Gill) renuncia”, dijo el legislador juecista Walter Nostrala. “No veo reacciones de las mujeres oficialistas, les sugiero que le pidan la renuncia”, largó.

El exintendente de Embalse reveló que se hicieron llamados a legisladores desde el entorno de Gill en los que se pidió no acompañar el pedido de tratamiento de apartamiento o de juicio político.