Beneficio para jubilados

El concejal Felipe Botta (foto), del bloque Juntos por el Cambio, propuso eximir del pago de las contribuciones que inciden sobre los inmuebles -o Tasa de Servicios a la Propiedad- a propietarios o inquilinos jubilados y/o pensionados.

El edil presentó un proyecto de ordenanza en el que plantea un porcentaje de eximición de acuerdo a los haberes jubilatorios que perciban los pasivos:

-Si los ingresos mensuales son de hasta el valor de 3 haberes mínimos jubilatorios, será de un 100%.

-Para jubilaciones y pensiones que excedan el mínimo anterior en un 10%, la eximición será del 75%.

-Si las jubilaciones y pensiones exceden el mínimo anterior en un 25%, la eximición que corresponde es del 50%.

-Para jubilaciones y pensiones que excedan el mínimo anterior en un 30%, tendrá 0% de eximición.

La iniciativa contempla que podrán acogerse a este régimen los jubilados y/o pensionados que acrediten el cumplimiento de la totalidad de los requisitos y que la suma de los ingresos netos mensuales de las personas que convivan en el inmueble -sujeto a eximición-, se ajusten a la escala antes descripta. A la vez, aclara que quedan fuera del cómputo total previsto las pensiones no contributivas por discapacidad que perciban los hijos y cónyuges o concubinos del solicitante.

Los jubilados propietarios deberán presentar la escritura del inmueble objeto de la exención, acreditar con carácter de Declaración Jurada que no posee ningún otro inmueble, dentro o fuera de la jurisdicción municipal, y acreditar mediante Declaración Jurada que la suma de los ingresos mensuales de quienes conviven en el inmueble no supera el monto del tope establecido.

En tanto, los jubilados inquilinos deberán acreditar con carácter de Declaración Jurada que no poseen ningún otro inmueble, dentro o fuera de la jurisdicción municipal; acompañar copia del contrato de locación, con la firma certificada de las partes intervinientes, y también acreditar mediante Declaración Jurada que la suma de los ingresos mensuales de quienes conviven en el inmueble no supera el monto del tope establecido en la escala. Para el caso de los inquilinos, el proyecto establece que las relaciones locativas de parientes, hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad, no gozarán de los beneficios.

Según la iniciativa, el Departamento Ejecutivo y/o los jubilados o pensionados tendrán la facultad de requerir informe socioeconómico cuando lo consideren pertinente, a los fines de acreditar que se cumplan las condiciones necesarias para otorgar el beneficio.

La eximición tendrá vigencia por tres años, debiendo renovarse a su vencimiento, cuando el jubilado o pensionado deberá acreditar fehacientemente que se mantienen los requisitos por los que le fue otorgado dicho beneficio.

En esta temporada

En los fundamentos del proyecto, Botta señaló que en febrero pasado “el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que una familia de cuatro integrantes necesitó $596.823,18 para superar el umbral de pobreza en enero de 2024, un 20,4% más que el mes previo”.

Y agregó que “el monto de la jubilación mínima en la provincia de Córdoba, en el mes de marzo del corriente año, fue de $134.445, 79”.

En ese contexto, el concejal indicó que esos valores “reflejan la necesidad de mantener el poder adquisitivo frente a la inflación y los cambios en el costo de vida”.

“Es deber del Estado proteger y promover el bienestar económico y social de todos los ciudadanos, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, como los jubilados y pensionados”, afirmó.

“Los impuestos son una fuente importante de ingresos para el Estado, pero deben ser equitativos y proporcionales a la capacidad contributiva de cada individuo, teniendo en cuenta su situación económica y las necesidades básicas que deben cubrir”, concluyó.