La muerte de un villamariense en Bouwer

El legislador provincial por el radicalismo del Departamento General San Martín, Alfredo Nigro, presentó ayer un proyecto para que la Unicameral “se dirija al Sr. gobernador de Córdoba a los efectos de expresarle nuestro más enérgico repudio a la política carcelaria que lleva a cabo, debiendo ahora responder por la muerte de un interno por torturas de parte del personal penitenciario de la cárcel de Bouwer, solicitándole que arbitre todos los medios necesarios para que la Justicia determine los responsables del luctuoso hecho, sea personal penitenciario, como así también, funcionarios del Gobierno provincial”.

“La política por parte del Gobierno provincial sobre el Servicio Penitenciario es una de las peores que pueda haberse recordado en la provincia de Córdoba, en el país y a nivel internacional en estos últimos 25 años. La desidia, la impericia, y la falta de una visión integral de la planificación estratégica carcelaria da como evidente resultado la imputación de su director, las denuncias de corrupción de algunos guardias cárceles, el uso de drogas y celulares dentro de la cárcel, organizaciones delictivas encargadas de realizar estafas telefónicas, entre otros delitos”, expresó Nigro. 

El legislador escribió además en su iniciativa que “a todas estas gravísimas situaciones y la pasividad de los gobiernos provinciales,  tenemos que sumarle dolorosamente la muerte de un interno por el mal procedimiento y la violación a las normas de contención y tratamiento de la población carcelaria”. 

Se preguntó seguidamente: “¿Cómo es posible que un interno que fue detenido hace seis meses por un delito menor, sin habérsele dictado la prisión preventiva, que evidentemente no se le podía imputar en razón de la baja penalidad del hecho, haya permanecido todo ese tiempo sin ningún tipo de tratamiento judicial? ¿Cómo es posible que el Servicio Penitenciario Provincial utilice todavía en este tiempo la tortura, la golpiza, el aislamiento y la falta de atención médica como una práctica de castigo y sometimiento, violando todos los derechos amparados en las Cartas Magnas Provincial y Nacional y los Derechos Internacionales amparados por las Declaraciones de Derechos Humanos?”. 

Luego de citar al detalle normas dictadas por Naciones Unidas, como la que “estipula que no se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión”, manifiesta que “dicho instrumento coincidente con la Legislación Nacional y Provincial establece que ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” y que “no podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

“De la misma manera se exige que toda persona detenida o presa sea sometida a un examen médico, del nombre del médico y de los resultados de dicho examen. Se garantizará el acceso a esos registros. Las modalidades a tal efecto serán conformes a las normas pertinentes del derecho interno”, añadió.

 Y señaló que “los acontecimientos de referencia merecen una inmediata y profunda investigación para determinar las razones por las cuales se produjo el óbito del interno César Darío Moreno, oriundo de la ciudad de Villa María, y establecer desde el primero hasta el último de los responsables”.  

“Por todo lo expuesto, solicito a mis pares prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración”, concluyó Nigro.