Inmobiliarios alerta por la posible llegada de las franquicias

La finalidad es promover una legislación local que impida el asentamiento de oficinas y/o cartelería de estas franquicias y proteja a los profesionales del sector que trabajan en la ciudad y la zona, con título universitario oficial, matriculados y avalados en el Colegio Profesional correspondiente. Promoviendo puestos de trabajo y aportando sus dividendos en la economía local.

Las delegaciones locales del Colegio Profesional de Martilleros, Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba y del Colegio Profesional de Inmobiliarios vienen manteniendo reuniones con los bloques del Concejo Deliberante, con el fin de dar forma a una ordenanza que evite que se vulneren los derechos de quienes cursaron carreras profesionales vinculadas al sector y que, al mismo tiempo, protejan a los ciudadanos ante la aparición de “franquicias y otras figuras similares” que atentan contra el desarrollo legal de la actividad, al tiempo que ponen en riesgo a los ciudadanos que realizan alguna transacción en el mercado villamariense.

Ya el 8 de marzo último dejaron en poder del bloque oficialista de Hacemos Unidos por Villa María un proyecto de ordenanza que plantea desde su primer artículo que “toda habilitación municipal para ejercer actividades relacionadas con servicios inmobiliarios, resulten las mismas principales, accesorias y/o complementarias, serán otorgadas a personas humanas o a personas jurídicas que cuenten con matrícula profesional habilitante a los efectos de su ejercicio, debiendo ser expedida por el o los Colegios Profesionales que regulen la actividad y/o autoridad competente”.

El artículo segundo de la normativa propuesta habla de “prohibir” en el ámbito de Villa María, la instalación y habilitación de oficinas, negocios inmobiliarios y/o de remate, bajo la modalidad de "franquicias", "licencias" o "marcas", para cualquier tipo de actividades, resulten estas principales, conexas, accesorias o complementarias de la inmobiliaria, que no cumplan con las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, leyes reglamentarias y complementarias, resulten estas tanto nacionales como provinciales y con los alcances de la presente ordenanza”.

El tercer artículo se dirige asimismo a “prohibir … la publicidad en cualquiera de sus formas” de tales actividades.

“Fuimos recibidos en muy buenos términos por el presidente del Concejo, Juan Pablo Inglese, y por el titular del Bloque del oficialismo, José Cativelli. Luego dialogamos y le planteamos la iniciativa a Natalia González y Evelin Acevedo de Juntos por el Cambio. Del mismo modo procedimos con Manuel Sosa, de Uniendo Villa María, y en breve tendremos el encuentro con Felipe Botta, de la Unión Cívica Radical”, explicaron a elDiario el secretario general de la delegación local Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba Darío Alberto, la delegada Gabriela Toscano, y la vocal Cristina Perin.

Indicaron que “son entre 500 y 600 las personas matriculadas entre ambas instituciones”.

“Con nuestras familias, conformamos un colectivo de unas 2.400 personas que se verían afectadas si se consuma esta violación al Código Civil. Las profesiones no se franquician. Deben ser ejercidas a título personal por quien estudió la profesión, por la persona que está en la ciudad para dar la cara y realiza la actividad a nombre propio, que tributa aquí, que gasta aquí sus ingresos y no por una multinacional sin rostro, con sede en el exterior o en Buenos Aires, como mucho, hacia donde irá a parar el dinero de los villamarienses que realicen alguna transacción en el mercado inmobiliario; un negocio, además, alejado del marco legal”, añadieron.