Lo que manda la Constitución y las interpretaciones

Cuando desde nuestra Redacción decidimos ir en busca de diversas miradas locales sobre el tema que marca por estos días el acontecer nacional, todavía no se había producido el fallo de la Justicia en favor del recurso presentado por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (del PRO), en contra de la determinación del presidente Javier Milei (LLA) de retenerle fondos coparticipables.

De todas maneras, los análisis brindados por el peronista Carlos De Falco, el radical Luis Caronni y la libertaria Julieta Ceballos sirven para entender cuán alejadas están las posturas entre dirigentes pertenecientes a las formaciones tradicionales y quienes dicen formar parte de “la nueva política”.

Los que está escrito en la Constitución Nacional, que se defiende desde algunos costados, parece chocar con la visión que se tiene desde otro.

“Esta crisis es una gran oportunidad para que, de la mano de los gobernadores, volvamos a construir el Estado Federal”, dice el primero de los citados.

Para el segundo, “el presidente debe comprender que las provincias son preexistentes a la Nación y que, cuando se hizo la Constitución, allá por el año 1853, quienes delegaron facultades a la Nación son las provincias”.

La tercera esgrime que “los gobernadores tienen que entender que hay un cambio y que van a tener que cuidar nuestros recursos económicos, cuidar nuestros aportes”.

Eso y mucho más, para que nuestros lectores saquen sus propias conclusiones.

Ustedes me llaman hoy y justamente hace 15 días escribí unas líneas que quedaron en mi computadora bajo el título de “Una gran oportunidad para construir verdadero federalismo”.

En ese escrito, que no llegué a publicar, planteaba lo siguiente: “La República Argentina es un Estado constituido jurídicamente, como República representativa (democrática) y federal a partir de su Constitucional Nacional. El nacimiento de nuestro federalismo no es una concesión del Estado nacional, sino, por el contrario, las provincias se han unido en una organización que las represente, que aglutine sus fuerzas.

Nuestro Preámbulo es claro al respecto, ya que, como toda carta de principios, formula la presentación de quienes van a dictar la Constitución y en ese sentido dice textualmente: “Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen…”. Queda determinado con precisión que las provincias no solo son las creadoras de la Nación, sino que, también, son preexistentes.

En orden a ello establecieron (en el Artículo 1° de la Constitución Nacional) que se adoptaba como forma de gobierno la mencionada representativa, republicana y federal. O sea, un sistema democrático, con división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y que reconoce las autonomías provinciales. Los poderes de la Nación no son propios, sino por delegación de las provincias.

De allí el deber constitucional insoslayable de respetar a raja tabla las autonomías de cada Estado provincial, que obviamente son democráticos y que cada gobernador es elegido por su pueblo, para que represente esa soberanía.

Las autoridades nacionales tienen distintas formas de elección. En el Poder Judicial, los miembros inferiores, por el Consejo de la Magistratura, y los integrantes de la Corte Suprema, a propuesta del Poder Ejecutivo nacional, por el Senado, que, es oportuno decirlo, representa esas autonomías provinciales, lo que pone de manifiesto la presencia de un Estado federal.

El Poder Ejecutivo, por el pueblo de la Nación, como distrito único, a simple pluralidad de sufragios y, en su caso, a doble vuelta electoral.

Finalmente, el Poder Legislativo, compuesto por dos cámaras, la de Senadores y Diputados, elegidos por cada provincia, lo que subraya la independencia de las mismas y (nuevamente presente) la conformación del Estado federal.

Como vemos, todos tienen una forma de elección distinta, por lo tanto, su legalidad y legitimidad de origen no puede ser discutida, ni la de los jueces, ni la del presidente, ni la de los legisladores, ni los gobernadores.

No es ocioso señalar que el Gobierno se ejerce en base con las leyes, no por la mera voluntad de quien lo detenta, sí por las bases sentadas en el Artículo 31 de la Constitución Nacional: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la Nación…”. ¿Quién dicta las leyes? El Congreso. ¿Quién las ejecuta? El Poder Ejecutivo nacional. ¿Y quién, en definitiva, puede declarar su inconstitucionalidad (o sea su invalidez)? La Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para que el sistema funcione, no se puede prescindir de ninguno de los poderes, si no sería una desviación decididamente ilegal.

Un tema que siempre ha estado en discusión, desde la misma conformación de la Nación, ha sido la materia impositiva. Esta situación ha tomado relevancia, a mi modesto entender, con las últimas declaraciones del presidente de la Nación, en cuanto a que no remitirá más fondos a las provincias. Con el debido respeto, me atrevo a señalar que tal apreciación, además de descomedida, coloca en un difícil escenario a las provincias, pero fundamentalmente a su pueblo.

Ha llegado la hora de que el Congreso de la Nación retome su importante rol en defensa del federalismo y de sus representados.

¿Cómo? El Artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional establece: Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables.

Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos…

Es decir, los impuestos, distribución y forma de la misma solo pueden ser establecidos por el Congreso Nacional, o sea, los representantes de las autonomías provinciales. No el presidente. Es cierto que con muchas leyes dictadas a través de los años se ha ido distorsionando y dando recursos desorbitados a la Nación en menoscabo de los pueblos provinciales, porque, al fin y al cabo, estos son los que se benefician o sufren si la coparticipación es mayor o menor, no los gobernadores.

Entonces, dadas las circunstancias políticas que se están viviendo y el pretendido desconocimiento a un sistema federal, que determinan un severo agravamiento en las finanzas provinciales, es hora de que el Congreso, en donde están representadas esas potestades territoriales, retome las facultades expresas que le otorgan nuestra Constitución Nacional y se revea todo el sistema impositivo nacional y, en particular, su coparticipación, para que esta no dependa del humor de ninguna autoridad y nos rindamos a nuestra Carta Magna y a nuestra historia, en pos de un verdadero federalismo”.

Bueno, hasta ahí llegaba el artículo que no envié para su publicación.

Lamentablemente, en estos últimos 15 días, la situación ha tomado un cariz impensado, sobre todo por parte del presidente de la Nación, quien a través de reportajes y/o redes sociales ha agraviado sistemáticamente  a los gobernadores (justo es decirlo, estos han respondido siempre con altura). El presidente también se niega al diálogo, algo inédito en la nueva democracia argentina.

Durante más de 30 años he enseñado, como profesor de formación en esta materia, que uno de los deberes del ciudadano es el respeto a las autoridades, pero nunca pensé tener que decir que este respeto también es entre los propios poderes de la Nación.

Sigo sosteniendo que esta crisis es una gran oportunidad para que, de la mano de los gobernadores, volvamos a construir el Estado federal que hemos ido desarmando a lo largo de muchos años.

Carlos Redolfo De Falco, abogado, docente, ­exconcejal de Villa María

El problema del presidente de la Nación, Javier Milei, con los gobernadores tiene distintas aristas. La primera es la política: el señor presidente de la Nación no se puede manejar como un patrón de estancia con gente tan legítima como son los gobernadores, cada uno de los cuales ganó en su provincia.

Todos los problemas, el político y el económico, deben abordarse con diálogo y no de esta manera, con un tratamiento inusual, ofensivo hacia todos los gobernadores de las provincias.

En el tema económico, pareciera que la plata es solo de la Nación. En todos los impuestos que son coparticipables hay parte de esa plata que corresponde a la provincia y no se la puede apropiar de esta forma y manejarla de esta forma el señor presidente de la Nación.

Hay pendiente, de la reforma del 94, una Ley de Coparticipación que realmente contemple los intereses de las provincias, porque las provincias no tienen plata, no manejan la maquinita, no fabrican plata, y tienen que manejarse con sus presupuestos, que son acotados.

Las provincias tienen que eliminar gastos superfluos y en eso los gobernadores tienen que contribuir, pero de ninguna manera se puede hacer lo que hace el señor presidente de descontar de esa forma intempestiva, arbitraria, autoritaria, los dineros que corresponden no al Gobierno de la provincia, no al gobernador, sino a los habitantes de cada una de esas provincias.

Esto no es nuevo. A esto lo hemos visto muchas veces. A esto también lo practicó Domingo Cavallo y así terminaron los gobiernos que integró, tanto cuando fue ministro de Carlos Menem como cuando fue ministro de Fernando De la Rúa, por lo tanto, hay que ponerlo totalmente claro y la gente ya se está dando cuenta...

Hay algunos que dicen que a todo esto lo prometió cuando era candidato. Pero lo que Milei prometió fue que al ajuste lo iba a hacer la casta, que el ajuste lo iba a hacer la política y hasta ahora no hay motosierra; lo que hay es una licuadora, que licúa los sueldos, las jubilaciones.

Ha habido una devaluación del 120%, tenemos en dos meses casi 50% de inflación y los sueldos y las jubilaciones siguen totalmente igual. Esto es algo que hay que cambiar inmediatamente, porque el pueblo no va a resistir esta cuestión.

No puede ser que a un jubilado que gana el haber mínimo no le alcance ni siquiera para la mitad de una Canasta Básica de Alimentos, por lo tanto, hay que pedirle al señor presidente que cambie, que es el presidente de todos los argentinos y que debe manejarse correctamente con los gobernadores, con los legisladores... No puede tratar a esta gente de parásito, no puede decir que es un nido de ratas el Congreso. Todas estas cuestiones hay que erradicarlas.

El presidente debe comprender que las provincias son preexistentes a la Nación y que cuando se hizo la Constitución, allá por el año 1853, quienes delegaron facultades a la Nación son las provincias. Es decir, las provincias constituyen una cuestión anterior a la Nación y son ellas que delegan las facultades y forman la Nación.

Luis Caronni, abogado, exlegislador provincial y exconcejal de Villa María por la UCR

Mi opinión como ciudadana y como miembro del Partido Libertario es que, antes que nada, se debe entender que estamos ante un cambio de paradigma político. Estamos viviendo y viendo, sintiendo, palpando día a día el cambio en la manera de hacer política.

A mí me da muchas esperanza saber que hay otras formas de hacer política y que sea, sobre todo, con respeto al dinero del contribuyente, porque se había perdido por parte de la política el respeto por el ciudadano, el respeto al dinero del ciudadano.

Creo que el Gobierno nacional de Javier Milei fue muy claro y nosotros  apoyamos esa postura de la austeridad, de achicar el gasto público; el ajuste para poder salir adelante, para estabilizar la ciudadanía a nivel nacional provincial y nacional de una vez por todas y que no haya incertidumbre económica; que si alguien quiere abrir un negocio tenga la certeza de que le  va a ir bien. Le puede ir mal también, pero no tener una economía tan variable en donde no podés tener un empleado...

Queremos una economía estable y para eso sabemos que esos ajustes eran necesarios, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Y nuestros gobernadores tienen también que, de alguna forma, tomar esa postura frente al recurso económico que cada uno tiene. Después, podemos discutir la forma, si me gusta o no, si me gusta o no la vehemencia del presidente (a mí, sí, en lo particular me gusta; fue lo que me cautivó y me hizo abrir los ojos). Por mí, que no cambie. Hay gente que me dice que tiene que cambiar las formas, pero en eso no varía la capacidad intelectual que él tiene. Las formas son formas nada más, que a algunos les pueden gustar o no.

En cuanto a los gobernadores, tienen que entender que hay un cambio y que van a tener que cuidar nuestros recursos económicos, cuidar nuestros aportes. Tienen que entender que no es dinero discrecional que ellos pueden manejar como se les cante. No, necesitamos la austeridad también a nivel local. Los ciudadanos estamos pidiendo, por ejemplo, que el tarifazo que hubo acá, a nivel municipal, que lo revea y empiece a manejarse con el dinero que cuenta; que no gaste de más, que no pida préstamos y que después no los pueda pagar. Queremos que tenga conciencia a la hora de tomar deudas, porque después alguien las va a tener que pagar y lo paga el ciudadano con sus impuestos. Todo se puede extrapolar a nivel nacional, provincial y local: este ajuste es necesario para poder tener una economía más certera, una economía donde se pueda invertir, crecer, generar empleo y disminuir el hambre.

También decir que yo soy partidaria de un Estado presente, que nos beneficie a todos los ciudadanos, y estoy hablando de educación, de salud, de seguridad, de justicia y, obviamente, en la generación de empleo genuino, no hablo de empleo público.

Creo que el Estado tiene que dar allí su máxima expresión; nuestro dinero tiene que invertirse en eso y no ir al beneficio del propio político, al beneficio de sus amigos, de unos pocos empresarios, de unos pocos comerciantes o al quiosco de la política.

Julieta Ceballos, médica veterinaria, presidenta del partido Libertario en Villa María