Generación Zoe: la fiscal elevó nuevamente la causa a juicio

La titular de la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de los Tribunales de Villa María, Juliana Companys, elevó ayer nuevamente a juicio la Causa Generación Zoe, en la que Leonardo Cositorto, Maximiliano Batista y otras 24 personas están acusados de ser los autores de “asociación ilícita” y “estafa”, a través de lo que se considera como el esquema “Ponzi”, (piramidal) que más dinero recaudó en la historia el país.

Companys y los integrantes de su equipo revisaron durante noviembre y lo que va de diciembre algunos folios del abultado expediente, para subsanar defectos en base con los cuales, el 29 de octubre de este año, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa María, integrada por Edith Lezama, Eve Flores y Félix Martínez, hizo lugar a un pedido de la defensa de Cositorto y declaró la nulidad de la primera elevación a juicio de la causa.

Los citados camaristas se basaron entonces en detalles de la instrucción, como, por ejemplo, que faltaba la firma de un testigo al pie de su declaración, cuestión, como otras, que a los ojos de observadores judiciales “bien podían ser subsanados en la sala de audiencias”, con Cositorto y los suyos sentados en el banquillo.

Al tomar conocimiento de la determinación de la Cámara, la fiscal sostuvo que “demoran el juicio y meten a la Causa Zoe en un laberinto judicial donde los únicos perjudicados son los estafados y los únicos beneficiados son los supuestos estafadores”.

“Como mínimo, la decisión presenta una alevosa arbitrariedad que va en contra del resto de los jueces que ya intervinieron y, sobre todo, perjudica a las víctimas que esperan una pronta resolución del caso… Es realmente sugestivo que se quiera ahora cuestionar un proceso que la Justicia de Córdoba, en pleno, confirmó decenas de veces, ya que los planteos defensivos fueron desechados más de 30 veces por el Juzgado de Control y la Cámara de Acusación”, agregó.

Unas 700 páginas

Dos meses después, con los defectos señalados por los camaristas ya corregidos, Companys puso su firma debajo de un escrito de unas 700 páginas. En el mismo, luego de referir la prueba obrante en los cuerpos que componen el expediente, la fiscal explica la participación de los involucrados en los hechos de asociación ilícita: “En ese sentido, las conductas desplegadas por los imputados quedan enmarcadas en la figura penal del art. 210 del Código Penal, en tanto se advierte, en este caso, que concurren todos los elementos exigidos por el tipo penal en cuestión, esto es: 1) La acción de formar parte o conformar la asociación criminal; 2) Se supera el mínimo de autores requeridos (tres o más); y 3) Tener finalidad delictiva. Cabe resaltar que, el delito de asociación ilícita exige la existencia de un acuerdo previo o concierto previo entre sus miembros para constituirla, o para incorporarse a ella en caso de que la misma ya exista, tal y como ha ocurrido en este caso, pues Leonardo Nelson Cositorto, Maximiliano Javier Batista, Norman Ariel Próspero, Julieta Paula Sciutti, Maximiliano Eric Mitroff, Claudio Javier Álvarez, Silvia Rosa Fermani, Silvana Verónica Abellonio, Silvio Eduardo Shamne, Florencia Anahí Álvarez, Rodrigo Hernán García, Andrea Mariela Sánchez, Celia Gilda Rocha, Lucas Gonzalo Giorgis, Gabriela Fernanda Deangelis, Franco Fernando Altamirano, Agustín Nicolás Pereno, Cristian Omar Delgado, René Germán Udrizar, Claudia Beatriz Pereyra, Marcelo Javier Valdez, Federico Moreno, Susana Beatriz Luján, Martín Sebastián Pereyra y Juliana Anabella Bollea se confabularon para cometer un cúmulo indeterminado de delitos contra la propiedad utilizando para tal fin a la empresa Zoe, con sus distintas denominaciones. Así montaron una estructura que -a través de un esquema piramidal (‘Ponzi’)- aparentaba solvencia y ofrecía cursos de capacitación de Coaching, Mentoring y Trading, posibilidades de adquirir membrecías y ‘bots’ que prometían rendimientos exorbitantes para poder así captar la atención de sus víctimas. Para ello, los encartados mantuvieron en todo momento incólume su voluntad común de participar en una organización cuya actividad principal era la de perpetrar ilícitos contra la propiedad de forma indeterminada, siendo la figura penal bajo análisis un delito de intención que se caracteriza, precisamente, por la orientación subjetiva de sus miembros dada a la acción inicial o básica de formar parte del grupo criminal, esto es una acción dirigida a una finalidad concreta: cometer delitos”, escribió en el auto de elevación a juicio.

Roles locales, provinciales, nacionales, internacionales...

Y señaló: “Resulta oportuno, además, resaltar los roles que cada uno de los miembros de esta asociación cumplía dentro de la empresa delictiva, pues de ello se desprende su correcto encuadramiento legal. En ese sentido, el prevenido Leonardo Cositorto, junto a Maximiliano Javier Batista y Miguel Ángel Echegaray, actuaban como jefes y organizadores de la estructura a nivel nacional e internacional, comandando y dirigiendo la organización. En la misma posición de jefes de la asociación, pero a nivel local -Villa María, Córdoba capital, Villa Carlos Paz y San Francisco-, se encontraban Claudio Javier Álvarez, Silvana Verónica Abellonio, Silvia Rosa Fermani, quienes, desde la mencionada ciudad se incorporaron a la asociación delictiva para perpetrar delitos contra la propiedad (estafas). Así, al mando de los nombrados, la empresa criminal reclutaba inversores mediante el sistema de “referidos”, que permitía a la asociación captar un mayor número de víctimas. Es decir, los prenombrados se encargaban de la sede de Villa María, coordinando las acciones de la asociación delictiva, impartiendo directrices entre los miembros, para lograr mostrar solvencia y, de este modo, mantener a las víctimas engañadas para captar la atención de nuevos damnificados”.

“Por otro lado, en el contexto de la asociación criminal descripta, con el ánimo de formar parte de ella, se incorporaron el resto de los coimputados cumpliendo así el requisito exigido por el tipo penal en cuestión, es decir, la existencia de un pacto de voluntades comunes en relación con una organización cuya actividad principal sea la de perpetrar ilícitos en forma indeterminada… En resumen, todos los nombrados (en diferentes posiciones), y con el ánimo de ‘formar parte’ en la banda criminal, llevaron adelante maniobras que tenían un fin común, el de engañar y defraudar a un número indeterminado de personas, quienes se vieron perjudicadas económicamente, todo en beneficio de la organización criminal y de sus miembros, quienes se vieron favorecidos patrimonialmente”.

Estafa

Seguidamente, hace la descripción de por qué incurrieron además en la figura de “estafa”

Cositorto, Batista, Próspero, Sciutti, Mitroff, Claudio Álvarez, Silvia Fermani, Silvana Abellonio, García, Florencia Álvarez, Andrea Mariela Sánchez, Pereno, Delgado, Udrizar Pereyra, Valdez, Moreno, Luján, Pereyra, Bollea y Ariel Abellonio. Según la fiscal, lo hicieron “mediante un plan fraudulento, a través de la empresa Zoe y sus distintas denominaciones, a sabiendas de que no contaban con fondos suficientes para cumplir con las promesas de rendimientos que ofrecían a quienes invertían fondos”.

“Por lo expuesto, disposiciones legales citadas y atento lo normado por los artículos 354 y 355 del Código Procesal Penal, a Vuestra Excelencia solicito dicte decreto de citación a juicio en la presente causa”, concluyó.

Está claro que esta novedad que informamos hoy no permite precisar la fecha en que se realizará el juicio. Máxime cuando aún se aguarda la reanudación del que se sigue a Cositorto, Batista y sus lugartenientes en Corrientes, donde muchos de los nombrados responden por los mismos cargos y aguardan a marzo para volver a sentarse en el banquillo y escuchar la sentencia del Tribunal de aquella provincia.