Tobilleras, una opción para mejorar el sistema

Las cárceles están sobrepobladas y no hay un horizonte en el que la situación mejore.

Ese contexto, que es una de las problemáticas centrales del sistema penitenciario, es el que impulsó a la legisladora Karina Bruno (monobloque Córdoba), Nadia Fernández (Hacemos Unidos) y Alejandra Ferrero (UCR) a presentar un proyecto de ley que permita modificar ese panorama a través del uso de la tecnología.

Se trata de una iniciativa que pretende reformar el Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba a fin de incluir expresamente la posibilidad que tanto para prisiones preventivas (medidas de coerción para personas acusadas de delitos que aún no tienen condena) como para las penas, los jueces y fiscales puedan echar mano de una alternativa intermedia: la prisión domiciliaria con el uso de tobillera electrónica “lo que permite un mayor control”.

En diálogo con elDiario, Bruno explicó que la iniciativa está pensada para grupos específicos: personas mayores de 70 años; personas con discapacidad o enfermedades graves, cuyo tratamiento no pueda ser garantizado adecuadamente en el ámbito penitenciario; mujeres embarazadas y aquellos que, por su vínculo parental, resulten responsables del cuidado de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad bajo su tutela.

“Es una alternativa para que la prisión domiciliaria pueda estar controlada de manera efectiva y advertís que, si no se cumple con las condiciones, tiene que ir a la cárcel”, expresó.

Valoró que este proyecto tiene un doble propósito: por un lado, dar más herramientas a las personas vulnerables que cometen delitos para reinsertarse en la sociedad, porque entre las condiciones que incorporan en el proyecto está la de participar en programas de educación y la formación en un oficio o bien, el desempeño de un trabajo compatible con el régimen domiciliario.

Por el otro, reducirá la sobrepoblación en las cárceles “lo que permitirá mejorar la condición de las prisiones”.

“Otro punto de interés es que, en el proyecto, está previsto que la persona que es detenida en estas condiciones, debe pagar de su bolsillo la tobillera”, agregó. Aclaró también que prevé que se subsidie a los que no pueden abonarlo.

SIGMA

La iniciativa prevé la creación, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, de un Sistema de Gestión Interdisciplinario de Medidas Alternativas (SIGMA).

“El SIGMA deberá contemplar un plan de gestión estratégico que incluya el control, supervisión y seguimiento del cumplimiento de las condiciones establecidas para la detención cautelar, así como la coordinación de programas de asistencia y resocialización para los beneficiarios de dicha modalidad”, expresa el proyecto.

“En definitiva, el proyecto busca abordar uno de los mayores problemas del sistema penal, priorizando medidas alternativas. Esto no solo mejora las condiciones de detención, sino que también reduce el impacto negativo de la sobrepoblación carcelaria”, afirmó Bruno.

Mañana, se conforma la comisión en la Unicameral para empezar a tratar la iniciativa.